Tras una seguidilla de amenazas referidas a tiroteos en escuelas, varias escuelas obligan a los chicos a ir sin mochilas. Esta mañana, en una primaria de Guaymallén, hubo un nuevo caso.
Amenazas por armas en escuelas: ¿pueden las escuelas prohibir ir con mochilas y la policía revisarlas?
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Imagen generada con Inteligencia Artificial Entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza recibió más de 50 denuncias por amenazas de matanzas, tiroteos y presencias de armas de fuego en escuelas. Dos adolescentes (de 16 y 17 años) y la madre del mayor de ellos fueron imputados por el fiscal a fines de la semana pasada, mientras que otros tres chicos -menores de 16 años e inimputables- fueron identificados y advertidos como autores de estos episodios.
Tras un cierre por demás movido y conmocionante en las escuelas secundarias de Mendoza durante la semana pasada, esta semana comenzó igual de tensa en los establecimientos educativos. De hecho, durante la mañana de este lunes, en una escuela de Guaymallén volvió a encontrarse un cartel en los baños donde se advertía de una nueva amenaza referida al uso de arma de fuegos.
"Desde la Dirección de la Escuela les informamos que el día martes 21 de abril los estudiantes deben concurrir sin mochila, por haberse encontrado una leyenda de amenaza en un sector de baños. Solicitamos la charla reflexiva con sus hijos y su atenta colaboración", fue el escrito que recibieron los padres.
Esto generó preocupación entre los adultos. El detalle es que esta noticia, referida a la activación del protocolo de seguridad y prevención en los establecimientos donde se registraron (y siguen registrando) estas amenazas se ha convertido en una constante.
"Yo hoy mandé a uno solo de mis hijos a clases, pero mañana no voy a mandar a ninguno con esta situación", explicó una de las madres, preocupada.
Aplicando y acatando lo que establece el protocolo diseñado por la DGE para estos casos, en muchas escuelas mendocinas -no se identifica cuáles son para evitar individualizar a los alumnos- se dispuso que los chicos no llevaran mochilas ni bolsos para el reinicio de las clases. Incluso, en muchos de estos edificios hubo efectivos policiales en la puerta, controlando que los chicos no llevaran mochilas.
El objetivo era que todas las pertenencias con que los estudiantes llegaban a clases estuviesen a la vista -algunos optaron por llevar sus carpetas y útiles en bolsas transparentes- y, de ese modo, evitar el posible ingreso con armas de fuego o réplicas.
Según destacaron desde la DGE, cada escuela decidió si aplicaba o no el protocolo y, en ese sentido, cómo lo aplicaría. En el caso de las escuelas que optaron por prohibir el ingreso de sus alumnos con mochilas, los efectivos policiales se encargaban de asegurar que ningún estudiante ingresara con estos objetos a su día de clases,
Aunque los uniformados no están facultados a revisar el interior de las mochilas de los chicos, pueden disponer -con la autorización de los directivos de cada escuela- que quienes las llevan consigo no ingresen al edificio. Pero si alguno de los chicos que llevaba mochila era acompañado por sus padres y permanecían con ellos al momento de ingresar, los adultos tenían la posibilidad de autorizar a los policías a revisar las mochilas y bolsos -con ellos presentes- para certificar todo lo que había en su interior, constatar que no había nada que significara una amenaza y pudieran ingresarlas a la escuela.
La semana pasada fue por demás convulsionada en decenas de escuelas mendocinas. En sintonía con lo ocurrido en otros establecimientos del país -lo que permite deducir que podría haberse tratado de un desafortunado e inoportuno reto viral masificado en las redes-, hubo más de 50 denuncias en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza y más de 100 activaciones de protocolos de seguridad escolar.
¿El motivo? Carteles y pintadas en los baños de las escuelas, mensajes en las redes sociales y hasta fotografías subidas por los propios chicos en estos perfiles donde advertían de una posible matanza o "tiroteo" en las escuelas. Ante esta amenaza, teniendo en cuenta que constituían una serie de delitos, se activaron una serie de medidas de seguridad e investigaciones.
Entre el miércoles y primer ahora del viernes de la semana pasada, gracias a las denuncias de la DGE, se logró identificar a tres adolescentes como autores de estas amenazas. No obstante, estos primeros tres identificados no fueron imputados -puesto que eran menores de 16 años-, aunque sí fueron abordados por los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) y quedaron bajo el seguimiento de los organos provinciales.
Ya durante la mañana del viernes, el fiscal penal juvenil Gustavo Farmache imputó a un adolescente de 17 años (considerado menor punible) por el delito de intimidación pública en calidad de autor. Este adolescente llevó a la escuela una réplica de arma de fuego. Además, su madre también fue imputada como "instigadora del delito de intimidación pública", ya que -según considera el fiscal- fue la adulta quien le recomendó al menor la acción.
De hecho, la mujer reconoció haber autorizado al niño a que lo hiciera. Y aquí hay dos versiones referidas a por qué lo hizo. Hay quienes sostienen que fue para demostrar que los controles en las escuelas eran por demás escasos y precarios. En tanto, también se dice que lo hizo con la idea de que el menor pudiera "sentirse protegido" y hasta defenderse ante alguna situación de riesgo.
Por otra parte, también durante el mediodía del viernes pasado, el fiscal imputó a otro adolescente de 16 años por el delito de intimidación pública tras confirmar que había publicado una fotografía de una réplica de arma de fuego con un mensaje intimidante en las redes sociales.
La proliferación de estos episodios en tan pocos días activó las alarmas del gobierno escolar. De inmediato se activó el protocolo ante estas situaciones, y ya desde el viernes en algunas escuelas -muchas de ellas, donde se habían registrado los casos ya mencionados- se avisó a los estudiantes que no se les permitiría ingresar al establecimiento con mochilas o cualquier otro tipo de bolso.
Según explicó el mismo viernes a Los Andes la directora de Apoyo Escolar, Carina Gannam, la DGE -por medio del protocolo- sugiere a las escuelas que implemente esta medida, aunque es cada escuela -por su cuenta- quien decide si lo implementa o no.
"El protocolo orienta a los directivos y docentes sobre cómo actuar frente a la a la situación emergente. El primer paso es llamar inmediatamente al 911, llega la policía y allí se operativiza también la denuncia y la participación de policía de investigación, que empieza con todo el peritaje para determinar los autores. Luego de eso se pasa a eso de recomendar llegar a la institución con la menor cantidad de objetos posibles", explicó Gannam.
Y de la misma manera en que terminó la semana pasada, comenzó esta semana en las escuelas que fueron escenario de estas amenazas. Con charlas y conversatorios dedicados a los estudiantes por un lado, pero también con consigna policial para impedir que los chicos pudieran ingresar con mochilas o bolsos cerrados al edificio (en caso de que las autoridades así lo hayan dispuesto).
Sin embargo, aquellos alumnos que llegaron a la puerta de la escuela acompañados por sus padres y los adultos autorizaron a que se inspeccionara el interior de los bolsos -con ellos presentes-, pudieron ingresar, una vez que se constatara que no llevaban nada extraño entre sus pertenencias.
"En Mendoza, el que las hace las paga. No es un hecho menor poner en riesgo la vida, la seguridad de las personas y mucho menos movilizar recursos del Estado si esto fuese una broma. Y si no fuese una broma, es mucho peor y está tipificado en el Código Penal", resumió el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, quien explicó que el alcance de las sanciones puede ser para los adolescentes -en caso de que sean imputables- o para los padres aquellos episodios en que los autores estén por debajo de esa línea. Aquí la contravención es por incumplimiento de la responsabilidad de la tutela parental.
García Zalazar destacó que la primera obligación del Estado es proteger a los estudiantes y que, justamente por ello, desde el jueves se están aplicando todos los protocolos vigentes que tiene la Provincia y que prevén acciones con la escuela, con los docentes, con los estudiantes y con los padres por medio de acciones preventivas.
"En el caso de que haya amenazas referidas a que en una escuela pueda haber uso de armas, se avanza con la aplicación del protocolo, que es de la DGE y alcanza todas las escuelas del sistema. Cada escuela aplica el protocolo en función de lo que se ha denunciado y lo que tengan como sospechas", cerró García Zalazar.