Además, un chico de 16 años fue imputado por subir fotos de un arma en las redes. Estos 3 imputados se suman a otros 3 chicos ya identificados, aunque inimputables.
Un adolescente de 17 años y su madre fueron imputados hace minutos por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Según confirmaron desde la Justicia, las imputaciones no tienen que ver con los hechos registrados y denunciados entre el miércoles y ayer en escuelas de Mendoza, sino que se refieren episodios que tuvieron lugar durante la mañana de este viernes.
Por un lado, el fiscal penal juvenil Gustavo Farmache imputó durante el mediodía de hoy a un adolescente de 17 años (considerado menor punible) por el delito de intimidación pública en calidad de autor. Este adolescente llevó a la escuela una réplica de arma de fuego. En tanto, su madre fue imputada como "instigadora del delito de intimidación pública", ya que -según considera el fiscal- fue la adulta quien le recomendó al menor la acción.
Además, también durante el mediodía de hoy, el fiscal imputó a otro adolescente de 16 años por el delito de intimidación pública tras confirmar que había publicado una fotografía de una réplica de arma de fuego con un mensaje intimidante en las redes sociales.
Todos episodios casos son diferentes e independientes a aquellos que mencionó esta mañana el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar. Por estos casos, registrados entre el miércoles y jueves, el fiscal tomó además declaración informativa a otros tres adolescentes (no punibles, ya que son menores de 16 años). A estos chicos se les informó que están sujetos a investigación por intimidación pública, aunque son inimputables.
Por otra parte, desde la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, confirmaron que entre el miércoles y hoy se recepcionaron más de 50 denuncias por hechos de este tipo.
Entre el miércoles y la mañana de hoy, se sucedieron una serie de episodios en que estudiantes mendocinos realizaron pegatinas de carteles en escuelas donde advertían "tiroteos" e, incluso, subieron fotos de armas de fuego y amenazas en las redes sociales. Desde el MPF confirmaron más de 50 denuncias.
Solamente durante la mañana de este viernes, el fiscal Farmache imputó a tres involucrados (un adolescente de 16 años, otro de 17 y la madre de este último). No obstante, entre el miércoles y el jueves, la secuencia se repitió en 7 escuelas de Mendoza. Así lo confirmó García Zalazar.
Y aunque el ministro habló de que uno de los tres adolescentes que habían sido identificado como autores de las amenazas ocurridas entre el miércoles y el jueves era imputable, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que ninguno lo es; puesto que tienen todos menos de 16 años. De hecho, son estos tres estudiantes aquellos a quienes se les tomó declaración durante la mañana del viernes.
Luego, con el transcurso de las horas, se registraron las nuevas denuncias y que derivaron en la imputación de los dos estudiantes nuevos y la mamá de uno de ellos.
Entre el miércoles y la mañana de este viernes se registró una seguidilla de amenazas en las escuelas de Mendoza que advertían la posible irrupción en los establecimientos de personas armadas. Y estos episodios (en forma de carteles pegados en los baños de las escuelas y de publicaciones en las redes sociales) inquietud generaron en la comunidad.
Ya sea una amenaza certera en base a intenciones concretas o la repetición de una desagradable broma / desafío viral, los carteles y publicaciones encendieron todas las alarmas en Mendoza.
"En Mendoza, el que las hace las paga. No es un hecho menor poner en riesgo la vida, la seguridad de las personas y mucho menos movilizar recursos del Estado si esto fuese una broma. Y si no fuese una broma, es mucho peor y está tipificado en el Código Penal", resumió el ministro, quien explicó que para aquellos episodios en que la acusación recae sobre los padres, la contravención es por incumplimiento de la responsabilidad de la tutela parental.
En ese sentido, destacó que la primera obligación del Estado es proteger a los estudiantes y que, justamente por ello, el jueves se aplicaron todos los protocolos vigentes que tiene la Provincia y que prevén acciones con la escuela, con los docentes, con los estudiantes y con los padres por medio de acciones preventivas.
Sin brindar información sobre los adolescentes involucrados e identificados durante los primeros episodios ni sobre las escuelas a las que asisten, el ministro resaltó que en estos casos cabe una sanción para quien hace las amenazas y también para los padres. De hecho, adelantó que el gobernador Alfredo Cornejo anunciará un proyecto de ley en la Legislatura para endurecer sanciones que están en el Código de Contravención (lo hará en su discurso del próximo 1 de mayo).
En las siete escuelas de Mendoza donde se identificaron situaciones preocupantes a raíz de las amenazas a mediados de la semana, la metodología no fue idéntica, aunque sí hubo coincidencias. En algunas de ellas, se anunciaba un "tiroteo escolar pronto", mientras que, en otras, los chicos publicaron en redes sociales fotos de armas de fuego anunciando una supuesta irrupción armada en los edificios.
Fue justamente gracias al trabajo del Ministerio de Seguridad -por medio del rastreo de pistas en las redes- que se permitió identificar algunos de estos chicos identificados.
Inmediatamente después de la detección de estas amenazas, la DGE activó su protocolo preventivo para estos episodios. Incluso, durante la mañana de hoy hubo charlas con los chicos en varios establecimientos.
"En el caso de que haya amenazas referidas a que en una escuela pueda haber uso de armas, se avanza con la aplicación del protocolo. que es de la DGE y alcanza todas las escuelas del sistema. Cada escuela aplica el protocolo en función de lo que se ha denunciado y lo que tengan como sospechas", contó García Zalazar.
La directora de Apoyo Escolar, Carina Gannam también habló de lo que establece el protocolo y sus alcances. Y es que, en un primer momento, trascendió que en las las escuelas donde se registraron las amenazas se prohibiría a los chicos ir con mochilas durante los días siguientes o con cualquier bolso que impidiera observar con claridad qué había adentro.
No obstante, Gannam indicó que cada escuela definiría cómo aplicarlo e, incluso, aclaró que son los padres de los chicos quienes definen si su hijo va a clases o no con mochila.
"Si la escuela funciona con normalidad, no hay ninguna activación de protocolo y no tiene que aplicar el uso o no de la mochila. De la misma manera, si los padres pueden garantizar que su hijo va con la mochila y no implica ningún riesgo porque han hablado con sus hijos, tienen la confianza y tienen incluso el control de la situación, no hay problema que ingrese con la mochila", dijo Gannam.
En ese sentido, agregó que ninguna dirección o autoridades escolares tienen facultad para revisar las mochilas o para impedir el ingreso al establecimiento, puesto que la responsabilidad es meramente parental.
"El protocolo orienta a los directivos y docentes sobre cómo actuar frente a la a la situación emergente. El primer paso es llamar inmediatamente al 911, llega la policía y allí se operativiza también la denuncia y la participación de policía de investigación, que empieza con todo el peritaje para determinar los autores. Luego de eso se pasa a eso de recomendar llegar a la institución con la menor cantidad de objetos posibles", cerró Gannam.