La licitación para construir la nueva sede, que prevé la demolición del antiguo edificio de calle España. Eso implica destruir el edificio que una vez fue el primer hospital público de Mendoza, una construcción con más de un siglo de historia.
El Hospital Regional de San Martín, primer hospital del interior de la provincia de Mendoza. Foto de 1918.
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El proyecto para demoler el antiguo edificio de la Comisaría 12 de San Martín y construir allí un nuevo complejo de seguridad volvió a poner en el centro del debate público el valor patrimonial de una de las construcciones más significativas de la historia local. Se trata del inmueble que originalmente albergó al Hospital Regional de San Martín, el primer hospital público del interior de Mendoza y el segundo de la provincia, levantado a comienzos del siglo XX.
Mientras el Gobierno provincial avanza con el proceso licitatorio para una obra estimada en $1.828 millones, algunas voces, entre ellas la del médico psiquiatra y escritor local Oscar D´angelo, advierten sobre la pérdida irreversible que implicaría la demolición total del edificio, tanto desde el punto de vista histórico como cultural. El planteo no cuestiona la necesidad de una nueva comisaría, sino la decisión de hacerlo a costa de una estructura que forma parte de la identidad urbana y sanitaria del departamento.
D´angelo aporta datos históricos. En ellos queda claro que la manzana delimitada por las calles Alem, España, Salta y San Lorenzo no es un terreno cualquiera. Allí se colocó la piedra fundamental del Hospital Regional de San Martín en 1910, en el marco de los festejos por el Centenario de la Revolución de Mayo, aunque los primeros trámites para dotar a la zona de un hospital datan de 1904. El impulsor político fue el entonces gobernador Rufino Ortega (h), en respuesta a una demanda sostenida de la comunidad.
La construcción comenzó en 1912, quedó interrumpida por diversos motivos y se reanudó en 1914. Finalmente, el hospital se terminó en 1918 y fue inaugurado el 19 de agosto de ese año. En sus primeros años funcionó con 19 empleados, bajo la dirección del doctor Alfredo Perrupato, quien más tarde daría nombre al actual hospital regional. La primera partera fue María Casagrande.
El Hospital Regional de San Martín fue durante décadas el principal centro de atención pública para el este mendocino, en un contexto donde la salud pública provincial estaba concentrada casi exclusivamente en la capital. Su creación respondió a una necesidad concreta: a fines del siglo XIX, Mendoza atravesaba una crisis sanitaria profunda, marcada por epidemias de viruela, difteria, escarlatina y fiebre amarilla, que provocaron una fuerte caída poblacional.
Hasta entrado el siglo XX, San Martín no contaba con un sistema sanitario organizado. Durante gran parte del siglo XIX no hubo médicos radicados en la Villa, y la atención recaía en boticarios, curanderos y matronas. Recién en 1884 se instala en la zona el primer médico diplomado que ejerció de manera permanente, el francés Adolph Michaud, quien trabajó en condiciones precarias y gestionó ante el municipio la creación de un botiquín público.
La llegada del ferrocarril y el crecimiento demográfico aceleraron la necesidad de un hospital. Para 1900, la Villa de San Martín tenía alrededor de 10.000 habitantes y una actividad económica en expansión. La participación ciudadana fue clave para impulsar el proyecto hospitalario, que se inscribe en un proceso más amplio de reformas sanitarias que Mendoza comenzó a implementar desde fines del siglo XIX, con la llegada de los higienistas y la creación de nuevas instituciones de control y prevención.
En ese marco, el Hospital Regional de San Martín se convirtió en una pieza central del sistema de salud pública provincial, especialmente para las poblaciones del interior.
En 1991, tras la inauguración del nuevo edificio del Hospital Perrupato, el antiguo inmueble quedó disponible y fue destinado a sede de la Comisaría 12 de la Policía de Mendoza. Desde entonces, y durante casi tres décadas, el edificio cumplió funciones policiales sin intervenciones estructurales de fondo.
Con el paso del tiempo, comenzaron a evidenciarse problemas edilicios graves. Entre 2016 y 2018 se realizaron estudios técnicos que detectaron fallas estructurales severas. El edificio no cumplía con las normas antisísmicas vigentes: carecía de estructura de hormigón armado, columnas y refuerzos metálicos, y presentaba un riesgo para quienes trabajaban y concurrían al lugar.
En marzo de 2020, por recomendación de peritos, tanto la comisaría como la Unidad Fiscal San Martín / La Colonia debieron abandonar el inmueble y trasladarse a un edificio de calle Bailén, donde funcionan actualmente.
Con ese antecedente, el Gobierno provincial impulsó la construcción de un nuevo edificio policial. El proyecto prevé un complejo de 827 metros cuadrados que concentrará en un mismo predio a la Comisaría 12, la Jefatura Distrital 3 y la Departamental, con accesos independientes.
El diseño incluye áreas de atención al público, sectores específicos para violencia de género, calabozos, depósitos judiciales, oficinas administrativas, salas de usos múltiples y áreas de servicio. La obra contempla climatización central, sistemas de detección de incendios, accesibilidad universal y una plaza de ingreso sobre calle España.
Ocho empresas presentaron ofertas en el proceso licitatorio y una comisión evaluadora analiza actualmente los aspectos técnicos y económicos para definir la adjudicación.
La polémica surge en torno a la decisión de demoler completamente el edificio histórico para ejecutar la obra. Quienes defienden su preservación sostienen que el inmueble, aun sin una declaración formal como bien patrimonial, reúne valores históricos, arquitectónicos y simbólicos que ameritan su conservación.
Señalan además que San Martín cuenta con profesionales especializados en patrimonio, como los integrantes de la ONG Cultura y Patrimonio, y con una Dirección de Patrimonio Provincial que podría intervenir con estudios, asesoramiento y alternativas de intervención. La ausencia de una declaratoria formal, advierten, no invalida el carácter patrimonial del sitio.
Entre las propuestas que circulan aparece la posibilidad de preservar el edificio y destinar la nueva comisaría a otro terreno, considerando que el costo de la demolición podría utilizarse para la compra de un predio alternativo. La discusión, plantean, no es entre seguridad y patrimonio, sino sobre cómo compatibilizar ambas necesidades.
El caso de la ex Comisaría 12 pone en tensión dos agendas públicas: la modernización de la infraestructura de seguridad y la preservación del patrimonio histórico. Mientras el avance del proceso licitatorio parece indicar un rumbo definido, el debate vuelve a instalar una pregunta recurrente en las ciudades del interior: qué se conserva, qué se transforma y qué se pierde cuando el desarrollo urbano avanza sobre los vestigios del pasado.
La decisión final no será solo administrativa o técnica. También tendrá un impacto duradero sobre la memoria urbana de San Martín y sobre la manera en que la ciudad gestiona su historia frente a las necesidades del presente