La directora del Observatorio de Discapacidad cuestiono en Aconcagua Radio los recientes cambios en políticas públicas relacionadas con la discapacidad.
Foto:
GentilezaEn diálogo con En el Medio de Todo, de Aconcagua Radio, Mónica Bascuñán, directora del Observatorio de Discapacidad, analizó la situación actual del sector y expresó su preocupación frente a las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en torno a las pensiones no contributivas y la Agencia Nacional de Discapacidad.
—Bueno, contanos a partir de cuándo comienzan los cambios, dentro de lo que tiene que ver con la discapacidad, sobre todo con las pensiones no contributivas, que fue quizás el cambio más rotundo, donde se empezaron a auditar estas pensiones. ¿A cuántos mendocinos puede llegar a afectar esta decisión?
—Primero, lo que nos parece muy grave es que se haya puesto a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a una persona sin antecedentes en la temática. Diego Spagnuolo no cumple con los requisitos que establece la normativa: se necesita alguien con discapacidad, un familiar o una persona con perspectiva comprobable en el tema. Siempre decimos: nada acerca de nosotros sin nosotros. Por eso, este nombramiento fue una primera señal preocupante.
Luego, mediante el decreto 585 de 2024, Javier Milei trasladó la Agencia —que dependía de Presidencia— al Ministerio de Salud. Esto significa que las políticas públicas se aplicarán desde un enfoque médico de la discapacidad, un modelo que nos ha hecho mucho daño.
—¿Por qué?
—Porque la discapacidad no es una enfermedad. Algunas personas tienen discapacidad a raíz de una enfermedad, pero no son lo mismo. Según el modelo que se adopta, así son las políticas que se implementan. Trasladar la Agencia a Salud implica limitar la respuesta a lo sanitario, cuando hablamos de derechos mucho más amplios.
Más adelante, con el decreto 843, se cambiaron los requisitos para acceder a las pensiones no contributivas por invalidez laboral y se habilitó una auditoría. Es importante aclarar que estas pensiones no son exclusivas para personas con discapacidad: también las reciben madres de siete hijos, personas con VIH, trasplantados, entre otros.
—Perdón que te interrumpa. Si algunas personas con discapacidad acceden a estas pensiones, ¿cuál es el criterio?
—La pensión mide la incapacidad laboral, y eso no significa que una persona con discapacidad no pueda trabajar. Sin embargo, la Constitución argentina y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantizan este derecho como un ingreso legítimo. Por eso decir que hay “pensiones truchas” o “certificados truchos” es ignorar totalmente cómo funciona el sistema. Los trámites son muy rigurosos, no existen esas irregularidades que plantea el Gobierno.
Todo este modus operandi tiene un trasfondo económico: hacer negocios con la salud y vaciar el presupuesto destinado a discapacidad. La resolución 187 fue un claro ejemplo: durante ocho meses Milei calificó a las personas con discapacidad con términos propios de la Edad Media como “imbéciles”, “idiotas” o “débiles mentales”.
“Claramente —concluye Bascuñán— el plan de Javier Milei es llevarnos a la Edad Media en discapacidad, recortando derechos y degradando la dignidad de miles de personas”.
Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com