La primera ministra de Seguridad y Justicia en la historia de Mendoza es abogada penalista y tiene a su cargo el comando de la Policía. Esta vez aporta una mirada más personal sobre su trayectoria y su presente.
Rus se reconoce inquieta y curiosa. Desde chica "tenía un especial interés por la investigación criminal".
Foto:
Ramiro Gómez / Los Andes Hija de la vicedirectora de una escuela pública y de un padre comerciante y andinista, que murió cuando tenía un año y medio, Mercedes Rus es la menor de tres hermanos: Daniel y Andrea, abogada como ella. "Nací en el '84 y llegué a mi familia medio de sorpresa, 16 años después que mi hermana", dice la primera ministra de Seguridad y Justicia en la historia de Mendoza.
Convencida de que su gestión debe ser lo más efectiva posible, entre las habilidades que destaca en su currículum figuran "las relaciones personales, las competencias directivas, el trabajo en equipo y la gestión del tiempo".
Su formación comenzó en la escuela Tomás Edison, continuó en el instituto Murialdo y en la Universidad Nacional de Cuyo se formó como abogada y más tarde como magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales en convenio con la universidad Pompeu Fabra de España.
Además, realizó una serie de diplomaturas: en Cibercrimen en la Universidad Católica de Salta, en Igualdad de Género y Prevención de la Violencia de Género en la Universidad de San Miguel en Estados Unidos, así como una certificación en el Programa de Inteligencia Artificial de la Universidad Austral.
Se reconoce inquieta y curiosa. Pensó en estudiar psicología, medicina, arquitectura y, cuando finalmente se decidió por abogacía, sabía que era porque le gustaba lo penal y "tenía un especial interés por la investigación criminal".
Mercedes Rus asegura que aprendió a "ser buena profesional" gracias al abogado penalista Roberto Lavado, sobrino de Quino, de quien fue alumna y con quien trabajó en su estudio hasta que le ofrecieron sumarse como asesora técnica de la Unión Cívica Radical y más tarde como directora vocal del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza.
Madre de una niña de 10 años y casada con un abogado, antes de ser ministra fue miembro de la Bicameral de Seguridad de la Legislatura de Mendoza entre 2019 y 2022 y presidenta del bloque de Senadores del Senado provincial.
Como comandante de la Policía de Mendoza desde diciembre de 2023, Rus asegura que su enfoque es integral, comprende a municipios y provincias y apunta a que las mujeres logren más espacios de poder y decisión dentro de la Fuerza.
Según datos del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, en la actualidad hay unos 9.500 policías en la provincia, de los cuales 8.500 realizan actividades operativas en la calle, y el 70% son varones, aunque en los cursos de auxiliares aseguran que hay más paridad de género. Mercedes Rus es quien encabeza la estructura.
-¿Cuál es la situación actual del delito en Mendoza?
-En Mendoza desde 2016 se ejecuta un plan de manera ininterrumpida y esto es esencial cuando se trata de políticas tan sensibles como seguridad, donde siempre los resultados son a largo y mediano plazo. La decisión de política criminal es firme con el delincuente y contemplativa de los derechos de las víctimas. Se vienen logrando resultados, teniendo la tasa de homicidios más baja de la historia en estos últimos dos años. Además, se han reducido los delitos más graves con armas de fuego o robos agravados, entre otros. Presentan desafíos los robos simples y hurtos en relación con los mercados negros fomentados por la mala economía en lo macro y la droga, con consumos problemáticos y adicciones, dos temas de fondo que requieren abordajes por fuera del Ministerio de Seguridad.
-¿Cómo recuerda el momento en que le propusieron ser ministra de Seguridad y Justicia?
-Fue un tiempo antes de que asumiera el gobernador Alfredo Cornejo. Fue él quien me llamó y me dijo que lo pensara, teniendo en cuenta mi contexto familiar. Si bien tomé una decisión compleja, porque ocupo un lugar sensible, ya estaba involucrada en temas de seguridad. En noviembre de ese año había sido elegida senadora provincial por Cambia Mendoza y era vicepresidenta en ejercicio de la presidencia del bloque, cuando renuncié para ser ministra. Me sentía preparada para este desafío, sobre todo por mi trayectoria y mi formación.
-¿Cuál es su principal aporte a la gestión de esta cartera a la que le compete el sistema de seguridad pública y planificar estrategias contra la violencia y el delito?
-Trabajar todos los días por la seguridad de los mendocinos. Busco profundizar determinadas políticas públicas porque considero que una sociedad ordenada es aquella en la que los ciudadanos pueden vivir tranquilos. Ese cimiento básico del contrato social habilita el progreso y el desarrollo. Trabajamos en proyectos que van a la raíz del problema para cortar el circuito delictivo y el lucro ilegal. Por otra parte, tenemos herramientas para la prevención, policías en la calle y tecnología aplicada, con leyes que le dan más poder a la Policía para auditar, hacer ciberpatrullajes y atacar la delincuencia.
-¿Cómo trabaja en relación a lo tecnológico?
-En cuanto a lo tecnológico, es un área en la que me formé y conozco las ventajas de profesionalizar al personal policial que trabaja en ciberdelito y evidencial digital, con los nuevos dispositivos adquiridos. En materia de investigaciones creamos el Laboratorio Forense Digital y lo dotamos de personal capacitado, porque el ciberdelito muta al ritmo del avance tecnológico. No tengo tiempo que perder porque la gestión es corta, quiero ser efectiva y el delito no nos espera.
-¿Le gustaría continuar en la función pública una vez que se cumpla su cargo de gestión?
-Quiero superarme y tengo vocación pública y política. De cualquier manera, en este momento esta es mi función y estoy enteramente abocada a cumplirla de la mejor manera posible. Me gusta asumir desafíos y quiero seguir en este camino. Yo había logrado lo que quería: ser abogada penalista y trabajar en uno de los mejores estudios de Mendoza. Por eso cuando me decidí fue difícil, pero me la jugué porque entendí que la vocación por lo público la tengo. Asumo el rol que se encomendó porque así lo quiero.
-¿Cómo es un día de trabajo al frente del Ministerio de Seguridad y Justicia?
-Estoy todo el tiempo con el celular porque la conexión con la información y sus distintos actores me obliga a estar súper atenta. Duermo bien, aunque poco, me despierto a las 6 de la mañana y cerca de las 8.30 ya estoy en el Ministerio. Tengo una agenda de reuniones semanales con los jefes de la Policía, con el equipo de Investigaciones, con la Subsecretaría de Tecnología y con Relaciones con la comunidad.
Soy de ir a los municipios, de dialogar con los intendentes y de trabajar en coordinación con las otras fuerzas porque es fundamental traccionar con los otros poderes. Tengo, a su vez, reuniones esporádicas con los procuradores nacional y provincial y asisto a los operativos de alto impacto. Pido de manera constante reportes y estoy muy informada de lo que pasa. Los llamados pueden suceder a cualquier hora y entiendo la jerarquía de las fuerzas policiales, pero hablo con todas las jerarquías, los jefes lo saben y lo aceptan, por lo que me manejo con tranquilidad.
-¿Se sintió en algún momento señalada por ser mujer en un ámbito liderado históricamente por varones?
-Es cierto que estoy en un área donde la mayoría son varones, pero me he sentido muy cómoda desde el inicio. Quizás porque, en parte, yo ya me había relacionado con las fuerzas policiales en el ejercicio de mi profesión. Tengo que decir que la Policía, desde el director general para abajo, ha sido impecable conmigo y creo que el respeto me lo he ganado con la legitimidad del trabajo y del conocimiento. Por eso considero que la firmeza y la autoridad tienen que ver con lo que sé, a dónde quiero llegar y el hecho de ser receptiva, fundamental para estar al frente del Ministerio.
-¿Le preocupan los femicidios en Mendoza? ¿Qué soluciones o salidas encuentra para volver más efectiva la prevención y ayudar a las víctimas antes de que ocurran fatalidades?
-Por supuesto que me preocupa. El patrón es claro y se repite: por lo general son parejas o ex parejas de una separación reciente y sin denuncias previas. El sujeto muchas veces no tiene antecedentes penales y eso vuelve más difícil detectarlo. El abordaje preventivo es muy difícil porque, en general, la víctima se encuentra en estado de vulnerabilidad y tiene una relación vincular o de convivencia. Eso hace que muchas veces las mujeres no hagan la denuncia.
Lo que subyace es una generación anclada a ideas nefastas de hombres que se creen propietarios de otras vidas. Claramente esta creencia es gravísima y está en lo social. Lo más importante es el cambio cultural en relación a este tema. Por eso también es muy importante lo que se trabaja desde otros ministerios, como Salud o Educación, así como los contenidos que se abordan en las escuelas y el no reproducir políticas machistas ni micro-machistas en las redes sociales.
-¿A qué se refiere?
-Lo que hacemos en el espacio físico tiene el alcance de las personas con las que convivimos. Ahora, cuando esas creencias son llevadas a las redes sociales, el alcance es indefinido. Las redes potencian y escalan en el efecto dañino. En ese sentido estamos peor, porque los mensajes de odio se reproducen en lo digital, como también esos patrones de violencia contra las mujeres. Eso no ayuda en absoluto. Como Ministerio podemos prevenir hasta cierto punto, pero hay hechos que lamentablemente terminan en la muerte. Lo que podemos hacer es llegar a tiempo ante un llamado al 911 y trabajar con perspectiva de género, con el protocolo de femicidio aplicado.
-¿Cuál es la situación del narcotráfico en Mendoza y cómo lo abordan?
-El tema drogas es complejo, desde los consumos exponenciales hasta los mercados dispuestos a abastecerlos. Se incorporaron más de 400 sustancias en dos años a la lista de estupefacientes. Hacia atrás, se desprotegieron las fronteras argentinas y eso aceitó circuitos de expendio hacia el interior. En Mendoza lideramos el plan regional de seguridad con San Juan y San Luis para fortalecer la auditoría en los límites jurisdiccionales, trabajamos bien con Gendarmería y seguimos pidiendo a la Nación que se haga cargo de su parte, mejorando la calidad y el personal para investigaciones federales. Desde la provincia asumimos el 90% de los casos con policía nuestra y seguiremos dando batalla, porque es un tema central y disparador de otros delitos.
-¿Y en el Servicio Penitenciario, qué cambios ha introducido?
-Me metí de lleno en esto: la seguridad no termina cuando un delincuente ingresa a la cárcel. Trabajamos la primera ley del servicio, la de control del liberado, categorizamos unidades penitenciarias y los perfiles. Sacamos celulares de la cárcel e incorporamos empresas para que privados de libertad aprendan oficios y mejoren la perspectiva laboral al externar. Inauguramos una mini universidad en Almafuerte II. Queremos combatir el ocio con trabajo y estudio. Gracias a la apertura del “único acceso”, llevamos varios procedimientos donde se detectaron ingresos de sustancias y objetos prohibidos.
-¿El ciberdelito está presente en la provincia?
-Sí, por supuesto. En el mundo. Las dificultades son que en el ciberespacio no existen fronteras jurisdiccionales y los agresores están amparados por el anonimato, beneficiados de herramientas que dificultan el rastreo de investigaciones. Falta mucho en alfabetización digital. La ciudadanía se custodia en el medio físico, tiene rejas en sus casas, pero no es consciente de las necesidades de protección en el ciberespacio. En Mendoza tenemos un Laboratorio Forense Digital desde 2024 fortalecido con personal certificado y con herramientas internacionales. Así y todo, hay mucho por hacer en este sentido.
-¿Qué opina de la baja de imputabilidad infantil?
-Creo oportuno el debate y la modificación de una ley que data de 1983. Hay un involucramiento cada vez más temprano de los jóvenes en el delito y además éstos suelen ser más osados y violentos, lo que es un problema a nivel de la seguridad. El Código Civil y Comercial en su reforma integral reciente incorporó la categoría de “adolescente”, le dio más derechos y con eso más obligaciones. En ese marco, la baja parece coherente. Ahora bien, pensar que allí está la solución es una falsa etiqueta. Hay que trabajar en los sistemas que hacen que en una determinada sociedad un joven tenga más estímulos para la opción delictiva y del dinero sucio. Mejorar la economía en general, la igualdad de oportunidades, la educación, entre muchos otros aspectos.
