El Gobierno envió una ley a la Legislatura con contrataciones rápidas y obras urgentes. El SMN prevé 100% de probabilidad de lluvias fuertes hasta 2027.
Emergencia climática: Mendoza impulsa una ley para declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático provincial ante el fenómeno El Niño.
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El Gobierno de Mendoza busca declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial. Presentó en la Legislatura un proyecto de ley para reforzar la prevención ante el fenómeno El Niño y propone que esta emergencia se extienda por al menos 180 días.
Se da en un contexto en que se anticipa que el fenómeno traerá lluvias por encima de lo habitual para la época estival en Mendoza y episodios más intensos.
La propuesta del ejecutivo establece herramientas para acelerar trabajos preventivos, fortalecer el monitoreo y coordinar la respuesta ante posibles eventos durante la temporada 2026-2027. Incluye la asignación de presupuesto con esta finalidad.
El Proyecto de Ley, presentado este miércoles, tiene por objeto “declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en la Provincia de Mendoza y establecer un marco temporal de coordinación institucional, preparación operativa y asignación de recursos frente a los riesgos asociados al episodio EI Niño correspondiente al ciclo EI Niño-Oscilación del Sur (ENOS) 2026-2027”, destaca el texto.
En este marco, la estrategia provincial apunta a prepararse con anticipación, fortalecer la información disponible y contar con herramientas que permitan adaptar la respuesta a la evolución de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.
Con ello, esperan afianzar acciones de prevención y preparación, aunque la provincia ya había anticipado la presentación de un plan con intervención de diversas áreas y ya realizando tareas para anticiparse a posibles eventos climáticos durante la próxima temporada.
El proyecto establece una emergencia por 180 días seguidos, con posibilidad de una prórroga de hasta otros 180 días mediante un decreto fundado. El objetivo es contar con un marco especial que permita actuar con mayor rapidez frente a situaciones que puedan afectar a la población, la infraestructura, los servicios esenciales, los recursos hídricos y la producción.
“Busca que el Estado pueda anticiparse a los posibles efectos de las lluvias intensas y otros eventos hidrometeorológicos. La propuesta contempla fortalecer el intercambio de información, los mecanismos de alerta temprana, la identificación de puntos críticos y la coordinación de acciones entre la provincia, los municipios, el Departamento General de Irrigación, los prestadores de servicios públicos y otros organismos competentes”, detallaron desde el gobierno.
Destacó, además, que uno de los principales puntos de la iniciativa es que permitirá realizar con mayor rapidez las contrataciones que sean necesarias para atender situaciones directamente vinculadas con la emergencia. También, contempla la ejecución urgente de obras hidráulicas y de drenaje, trabajos sobre cauces y canales, mantenimiento de caminos y ampliación de la red provincial de monitoreo preventivo.
El proyecto establece que estas herramientas deberán utilizarse exclusivamente para atender las necesidades relacionadas con la emergencia y bajo criterios de razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia y control.
El fenómeno climático comenzó a evidenciarse en agosto y, de acuerdo con las previsiones oficiales, se extenderá hasta febrero de 2027; con los períodos de mayor intensidad previstos entre octubre y diciembre próximos. Según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el próximo trimestre, la provincia se posiciona entre las jurisdicciones del país con mayores probabilidades de incrementar sus precipitaciones por encima de la media y temperaturas por debajo del promedio histórico para la época.
El plan integral de prevención que Mendoza viene desarrollando hace meses e involucra tareas de Hidráulica, Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP), las obras de infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de información y alerta temprana.
La semana pasada la Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha un protocolo especial para los establecimientos educativos. Apunta a priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y equipos directivos por encima de cualquier actividad académica. La intención es que en las escuelas se sepa cómo actuar ante lluvias intensas, tormentas, ráfagas, actividad eléctrica y eventuales problemas edilicios o de accesibilidad.
La particularidad del esquema preparado por la DGE es que no se trata solamente de una guía para cuando empieza a llover. El protocolo contempla distintos escenarios y establece cómo debe actuar cada equipo directivo para preservar la integridad de quienes se encuentran dentro de la escuela.
El instructivo se estructura sobre cinco principios de actuación: prevención, seguridad, evaluación situada, continuidad pedagógica y comunicación oficial.
Los municipios también han puesto manos a la obra y han avanzado en la limpieza de sectores críticos, especialmente cauces de agua, y varios ya han implementado multas a quienes arrojen basura en el espacio público.
El gobierno aclara que el proyecto no presupone que en todo el territorio provincial se producirán precipitaciones extraordinarias, inundaciones o aluviones. Sin embargo, reconoce la existencia de un contexto climático objetivamente riesgoso que aconseja anticipar medidas.
La iniciativa propone pasar de un esquema predominantemente reactivo a uno basado en la anticipación, la información científica, la cooperación interinstitucional y la gestión integral del riesgo. “Su finalidad principal es proteger la vida y la salud de las personas, los recursos hídricos, el ambiente, la producción, los bienes y la infraestructura esencial de la Provincia, mediante medidas temporales, controlables y fundadas técnicamente”, detalla.
En este sentido, hace referencia a algunos informes que dan sustento científico. Menciona que la Organización Mundial Meteorológica (OMM) anticipa un incremento sostenido de precipitaciones intensas, lo que genera riesgos directos sobre la seguridad alimentaria, infraestructura crítica y servicios y salud pública.
Menciona al SMN que en septiembre informó que, de acuerdo a los modelos, hay una probabilidad del 100% de persistencia de EI Niño durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, con intensidad fuerte o muy fuerte.
También refiere la Organización Meteorológica Mundial que señaló que EI Niño se encontraba firmemente establecido y que se esperaba su fortalecimiento durante los meses siguientes, con una probabilidad cercana al cien por ciento de persistencia hasta febrero de 2027 y un máximo de intensidad hacia finales de 2026
El proyecto plantea como objetivos:
-Orientar las medidas de prevención y respuesta hacia la protección de las personas
-Fortalecer el intercambio de información hidrometeorológica, los mecanismos de alerta temprana y la comunicación pública del riesgo
-Coordinar, en el marco de las competencias de cada organismo, la identificación de puntos críticos y la priorización de las intervenciones necesarias para reducir riesgos en la prestación de los servicios esenciale
-Coordinar las actuaciones del Poder Ejecutivo, el Departamento General de lrrigación, los municipios, los prestadores de servicios públicos y los demás organismos competentes.
- Habilita contrataciones de urgencia. Se autoriza al Poder Ejecutivo y entes descentralizados a realizar todas las contrataciones necesarias sin sujeción al régimen general de contrataciones de la administración pública provincial ni a sus regímenes específicos. Las contrataciones deberán ajustarse a los principios de razonabilidad, eficiencia, publicidad y transparencia.
-Obras e intervenciones de red y mantenimiento. El Poder Ejecutivo y entes descentralizados son autorizados a ejecutar con carácter urgente obras hidráulicas y de drenaje pluvial y demás trabajos sobre cursos de agua, canales, sistemas de drenaje pluviales y cloacales y mantenimiento de caminos.
- Se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar los fondos necesarios para el cumplimiento de lo establecido.
