Soy jubilado, vivo en Mendoza y, como miles de mendocinos, cada año tengo que hacer la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para poder circular. Un trámite que en nuestra provincia cuesta más de $110.000. Un trámite obligatorio, necesario por seguridad, nadie lo discute. Lo que sí discuto es el costo y la desigualdad que existe con un jubilado que vive a 1.000 km de acá.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ese mismo trámite se llama VTV y para los jubilados es gratis.
No es un invento, es ley. Es la Ley Nº 2.265 de CABA, en su Artículo 23, que establece la exención total del pago de la tarifa para jubilados, pensionados y mayores de 65 años que cobren hasta dos haberes mínimos jubilatorios y tengan un vehículo a su nombre que no supere el mínimo para pagar patente.
El mecanismo es simple: el jubilado manda un mail a [email protected] con su recibo, su DNI y su cédula verde, y le dan el turno sin costo. Cumple con la ley, verifica su auto, pero no paga.
En Mendoza, con la Ley Provincial 9.024, que adhiere a la Ley Nacional 24.449, eso no existe. Acá el jubilado que cobra la mínima, que cobra $320.000, tiene que pagar la RTO completa. Es decir, más del 30% de su haber en un solo trámite. Y si no lo hace, lo multan.
En la Provincia de Buenos Aires, al menos, reconocieron esta realidad y otorgaron un 50% de descuento para jubilados. Mendoza ni eso.
¿Somos ciudadanos de segunda?
No estoy pidiendo que nos eximan de hacer la revisión. La seguridad vial no se negocia. El auto tiene que estar en condiciones, con frenos, luces y cubiertas en regla. Lo que pido es que se nos exima del pago del arancel, como ya se hace en CABA.
Se trata de igualdad ante la ley. El artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos somos iguales ante la ley. No puede ser que un jubilado en CABA sea beneficiario por ser vulnerable y un jubilado en Mendoza, en la misma condición, sea castigado.
Por eso, como ciudadano, exijo a la Legislatura de Mendoza y a la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial que se modifique la reglamentación de la Ley 9.024 e incorpore el mismo criterio de la Ley 2.265 Art. 23 de CABA: Exención del 100% de la RTO para jubilados, pensionados y mayores de 65 años titulares de un único vehículo, con ingresos de hasta dos haberes mínimos.
Es una medida de estricta justicia social, que no cuesta nada al Estado -porque las plantas verificadoras son privadas- y que le devuelve un poco de alivio a quienes trabajamos toda la vida.
No queremos privilegios. Queremos la misma vara que en Buenos Aires.
* Rodolfo Roig. Vecino de Luján de Cuyo.