Ley de Identidad de Género: en Mendoza 723 personas modificaron su DNI en los últimos 10 años

Más de 700 personas cambiaron su identidad de género en Mendoza desde que existe la ley que cumple 10 años. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes
Más de 700 personas cambiaron su identidad de género en Mendoza desde que existe la ley que cumple 10 años. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

La legislación cumple una década. Según estadísticas del Registro Nacional de las Personas y la Dirección de Población del Ministerio del Interior, 26 de cada 100 mil habitantes cambiaron de identidad en el país.

Este 9 de mayo, la Ley de Identidad de Género argentina cumplió 10 años desde su entrada en vigencia. Se trata de una ley pionera en el mundo y, desde su sanción, ha sido tomada como ejemplo en muchos países.

Dicha ley entiende por “identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.

Decimos que la Ley 26.743 es pionera porque es la primera ley que no patologiza las identidades trans.

“Es un marco normativo que habilita un derecho de las personas que pertenecemos a la diversidad sexual, en particular a las personas trans de cual estoy orgullosa de serlo”, explicó a Los Andes Fernanda Urquiza, coordinadora de Diversidad Sexual.

Mendoza, en números

A lo largo de estos diez años, en Mendoza 723 personas han realizado el trámite para cambiar de género de las cuales, 48 se han hecho este mismo año. Y de estos 48 últimos 5 son menores de 18 años.

En el caso de los menores, Urquiza destacó el trabajo que realizan desde el Gobierno con las familias. “Es muy fundamental el acompañamiento que se hace desde la Dirección de Género y Diversidad, desde la Coordinación de Diversidad Sexual en particular”, dijo.

“Es un acompañamiento muy exhaustivo en los papás de estos menores que quieren realizar este cambio de identidad. También es de valorar al personal del Registro Civil”, agregó.

Fernanda Urquiza, coordinadora de Diversidad Sexual de la provincia de Mendoza.
Fernanda Urquiza, coordinadora de Diversidad Sexual de la provincia de Mendoza.

Fernanda explicó que en cada cambio de género, que se hace por parte de un menor, está presente el abogado del niño que lo facilita el Poder Judicial de la provincia.

“Se hace un trabajo completamente articulado entre el Registro Civil y la Coordinación de Diversidad Sexual y el Poder Judicial justamente para garantizar este derecho”, afirmó.

Una vez realizado el trámite, la nueva partida de nacimiento tarda aproximadamente 20 días en llegar. “Eso depende de la provincia. La tarjeta, el DNI, tarda entre un mes y 60 días. Eso depende del ReNaPer”, describió.

En cuanto al aniversario de la ley argentina, Urquiza dijo: “Vivimos un año más en el que dejamos de patologizar y judicializar a las identidades trans y poder garantizar este derecho en total plenitud”.

Díez años de la ley de Identidad de Género en Argentina

Desde que se aprobó la ley de Identidad de Género en 2012, 12.655 personas rectificaron su DNI en Argentina. Según las estadísticas del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Dirección de Población del Ministerio del Interior, 26 de cada 100 mil habitantes cambiaron de identidad en el país.

Según el informe, de las 12.655 personas que rectificaron su documento, seis de cada 10 que hicieron modificaciones de la categoría “sexo” en el DNI correspondieron a la opción “mujer” y cuatro de cada 10 a la de “varón”, y el 2,2% de las personas que realizaron ese trámite son extranjeras.

Un dato preocupante que reveló el informe es que durante la última década, 335 (2,64%) de las personas que habían obtenido su nuevo DNI murieron dentro de ese mismo lapso.

El promedio de edad de muerte fue de 40 años y el 75% murió antes de los 53 años, cuando la expectativa de vida en la Argentina es de 76,6 años, es decir, de casi el doble.

Así, las estadísticas del Renaper confirman lo que señalan hace casi 20 años las organizaciones LGBTIIQ+: la población trans muere antes de los 40 o 45 años, debido a una cadena de vulneraciones, violencias y exclusiones que concluyen en el “travesticidio social”, cuando no en un crimen de odio.

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