Con la firma de los 7 ministros del máximo tribunal de justicia se presentó en la Legislatura una propuesta para modificar el artículo N° 96 de la Ley N° 9.001 lo que permitiría a personas con bajos recursos llevar adelante un proceso judicial sin tener que pagar los costos de justicia o los honorarios de los abogados.
La Corte, presidida por Dalmiro Garay, falló en el juicio por los pozos de agua de Agrelo.
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Archivo Los Andes Con el objetivo de modernizar el sistema judicial y facilitar el acceso a la justicia, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza presentó en la Legislatura un proyecto de ley para modificar el artículo 96 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Ley N° 9.001). La propuesta busca digitalizar y simplificar la solicitud del beneficio de litigar sin gastos, eliminando burocracia y reduciendo tiempos de resolución.
El presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, había anticipado esta iniciativa durante la apertura del año judicial. “De los dos a seis meses que hoy demora este trámite, pasará a resolverse en un minuto con una sola consulta. Esto permitirá mantener la exigencia fiscal, pero con un uso racional de los recursos humanos y presupuestarios del Poder Judicial”, explicó.
El beneficio de litigar sin gastos permite a personas de bajos recursos acceder a la justicia sin pagar tasas judiciales ni honorarios, siempre que demuestren su imposibilidad económica. Hasta ahora, el trámite implicaba un proceso largo y complejo: formularios, certificaciones fiscales, informes patrimoniales, intervención del fiscal y resolución del juez.
Según datos del Laboratorio de Innovación del Poder Judicial, solo en 2024 este trámite demandó 9.900 horas de trabajo del personal judicial, con un costo de más de $155 millones en sueldos, y representa casi el 24% de las causas ingresadas al fuero civil.
La reforma propone automatizar el proceso a través de un sistema que cruza datos oficiales del Sistema de Identificación Tributario y Social (SiNTYS), que incluye registros de ARCA, ANSES, el Registro del Automotor, bienes suntuosos y propiedad raíz. Bastará con ingresar el número de DNI o CUIL del litigante para conocer, en apenas un minuto, si corresponde otorgar el beneficio.
Si el sistema rechaza el otorgamiento automático, el solicitante aún podrá recurrir al mecanismo procesal tradicional para que el tribunal evalúe su situación. Es decir, la digitalización no elimina derechos, sino que acelera el procedimiento para quienes cumplen con los requisitos de forma evidente.
Este avance fue posible gracias a un convenio con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de la Nación, y al trabajo conjunto del Laboratorio de Innovación y el área de informática del Poder Judicial.
El proyecto cuenta con el respaldo unánime de los jueces de la Corte mendocina: Dalmiro Garay Cueli, Norma Llatser, María Teresa Day, Mario Adaro, José Valerio, Julio Gómez y Omar Palermo.