La Corte mendocina rechazó el recurso de la empresa y dejó firme la condena por una millonaria indemnización a un trabajador de San Rafael.
El expediente volverá a San Rafael para avanzar con el pago de la indemnización.
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La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el recurso extraordinario federal presentado por Manaos y dejó firme la condena que obliga a la empresa a pagar más de $800 millones de indemnización a un extrabajador de San Rafael. Con esta decisión, se cerró la vía para que el caso llegue a la Corte Suprema de la Nación.
El conflicto tiene origen en una relación laboral iniciada en 2013, con diferencias en la registración del vínculo y un acuerdo firmado años después que fue cuestionado judicialmente. Tras un extenso proceso, el máximo tribunal mendocino ratificó lo resuelto en instancias anteriores.
El fallo fue firmado por los jueces Omar Alejandro Palermo, Norma Llatser y Mario Daniel Adaro, quienes rechazaron el planteo de Refres Now SA.
Los magistrados sostuvieron que el planteo de la empresa “resulta improcedente el recurso desde el plano sustancial, toda vez que, siendo que la cuestión atañe a circunstancias de hecho regidas por el derecho común, y por tanto, ajenas a la vía extraordinaria”.
Además, remarcaron que la firma “repiten argumentos que sólo buscan atacar el criterio de interpretación del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo y la aplicación de los principios de irrenunciabilidad y de primacía de realidad, propios de la materia laboral, sin introducir una cuestión federal que autorice a abrir la instancia ante el máximo Tribunal Nacional”.
En esa línea, los jueces advirtieron que la empresa “pretende una revisión de cuestiones de hecho y prueba que fueron analizadas y resultaron razonables para declarar nulo el convenio celebrado en el SECLO” y concluyeron que “reedita los agravios que planteó en el recurso extraordinario provincial, buscando introducir una cuestión federal que no existe”.
El caso se inició a partir del reclamo de un trabajador que denunció haber comenzado a trabajar en 2013, aunque su registración formal se realizó en 2015. En 2018, las partes firmaron un acuerdo que implicó una desvinculación y posterior reincorporación bajo otra categoría y convenio, pese a que las tareas continuaron siendo las mismas.
Con el tiempo, el trabajador reclamó por diferencias salariales y condiciones laborales, lo que derivó en un despido indirecto en 2022. La Justicia consideró que existió una relación laboral continua desde el inicio, declaró inválido el acuerdo firmado y reconoció la categoría real del empleado.
A partir de estos elementos, se estableció la indemnización que ahora quedó firme, y el expediente deberá volver a los tribunales de San Rafael para avanzar con el pago correspondiente.