Imputaron a un abogado y dos socios por estafas con inversiones en dólares. Hay denuncias por más de US$ 500.000.
El abogado Iván Yoma y sus dos socios Pablo Falco y Rodrigo López finalmente fueron imputados por el delito de " estafas genéricas" en Mendoza. Ocurrió durante la mañana de este viernes, 20 de marzo, y la formalización de las acusaciones estuvo a cargo del fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos. Un grupo de inversores privados les reclaman a los ex socios, al menos, 500.000 dólares, correspondientes a dinero que les aportaron y a sus respectivos intereses.
Si bien Ríos imputó a los tres denunciados por esta reciente causa -que se inició en febrero de este año-, ya el año pasado Yoma había denunciado en la Justicia por administración fraudulenta a Falco, que es empresario y comerciante. En su denuncia, Yoma acusó a Falco de haber recibido dinero de los inversores por su cuenta, sin haberlo rendido en la sociedad que tenían juntos y sin haber siquiera firmado contratos con los inversores.
En tanto, Pablo Falco ha dicho -ante la Justicia y ante los denunciantes- que él sólo era empleado de la firma, aunque en los papeles figuraba como presidente.
Luego de una serie de allanamientos y secuestro de documentación y material en barrios privados y en oficinas del centro mendocino, Ríos ordenó la imputación de Falco, de Yoma y de López. Se habla de, al menos, entre 20 y 50 damnificados.
Los tres imputados no quedarán detenidos -a cambio del pago de una fianza-, aunque deberán cuplir con una serie de requisitos, como quedar a disposición de la fiscalía y entregar sus pasaportes para no salir del país.
Lo que empezó como una promesa de ganancias en dólares con rendimientos mensuales terminó convertido en una trama judicial cada vez más compleja. Una historia de presuntas estafas con inversiones, confianza, dinero, socios enfrentados y víctimas que todavía no saben si volverán a ver sus ahorros.
La mecánica, según reconstruyeron los denunciantes, tenía un formato que ya se ha visto en otros casos similares: contratos de mutuo, promesas de inversión y dinero que “generaba renta en dólares”. Los acusados, de acuerdo a la denuncia, ofrecían a inversores particulares intereses del 2,5% mensual en dólares, una rentabilidad muy por encima del mercado formal.
El esquema funcionó -al menos en apariencia- durante un tiempo. Incluso, aseguran algunos damnificados, los primeros pagos se cumplían, lo que reforzaba la confianza y empujaba a reinvertir. Pero había un aparente detalle clave: todo el sistema se sostenía sobre la confianza personal y no sobre garantías reales.
El quiebre en el circuito que -a priori- funcionaba con todos sus engranajes llegó a comienzos de 2025. Ahí, según relataron los denunciantes, la firma y sus responsables dejaron de pagar los intereses prometidos en dólares.
Primero aparecieron explicaciones -o intentos de-, como demoras, problemas financieros y supuestas dificultades operativas. No obstante, con el paso del tiempo, las respuestas se hicieron cada vez más vagas, hasta que un día no las hubo más.
En el centro del caso aparecen dos perfiles clave: Jorge Iván Yoma -abogado- y Pablo Daniel Falco -comerciante y empresario-. A ellos se suma Rodrigo Ramón López Casado.
Para Ríos, hay pruebas suficientes para considerar que Yoma, Falco y López pusieron en práctica un trabajado ardid para engañar a inversores en dólares, y lo hicieron por medio de dos firmas: una de negocios inmobiliarios y otro de asesoría legal y financiera.
Los hoy imputados ofrecían inversiones con rendimiento de intereses altos y poco realistas (2,5% mensuales en dólares). Además, entre muchos de ellos había un vínculo de confianza previo -de hecho uno de los damnificados era el contador de Falco-; todo ello sumado a que, en un principio, se cumplía con lo acordado.
Entre 2022 y 2024, todo funcionó bien: los inversores firmaban contratos de mutuo, aportaban dinero y veían el rendimiento del dinero con los intereses asegurados. Pero a partir de 2024 empezaron los incumplimientos, y allí también se produjo un quiebre interno entre Yoma y Falco (según destacó en una primera denuncia -en 2025- Yoma).
A mediados del año pasado, el abogado Yoma denunció a su entonces socio Falco por administración fraudulenta. Según esa presentación, el empresario habría manejado por su cuenta dinero de inversores sin control, habría retenido fondos sin rendirlos a la empresa y operado sin registros claros.
Incluso, desde el entorno de Yoma destacaron que a uno de los inversores fue llevado en un BMW al banco por Falco para que retirara dólares y se los diera a Falco. Siempre de acuerdo a la versión de Yoma, este damnificado ni siquiera dejó registro de esa entrega a Falco, y el dinero nunca fue registrado oficialmente tampoco en la empresa que compartían.
En paralelo a la causa por la que hoy fueron imputados los 3 socios, se encuentra el enfrentamiento entre Yoma y Falco. El abogado acusa al empresario de manejar el dinero por fuera de los registros de la empresa, mientras que Falco niega responsabilidad directa en las inversiones y sostiene haber sido "solo un empleado" de Yoma.
Entre los denunciantes de la causa de este año se destaca el maratonista Ignacio Erario (reclama 28.000 dólares) y una familia que quiere recuperar más de 300.000 dólares.
En tanto. los hoy imputados aseguraban a los damnificados que nunca habia existido una estafa, sino inversiones que salieron mal. Según relataron los damnificados, en un momento hasta les ofrecieron poner más dinero aún en pos de recuperar la primera inversión.
Se trata de una discusión clave para la causa, ya que define si se trata de una estafa penal o un conflicto comercial entre privados. Con la imputación Ríos avanza con la hipótesis de que existió un engaño, intención de defraudar y maniobras deliberadas de parte de los socios.
De hecho, Ríos consdiera que hay pruebas suficientes para avanzar con la acusación.