Florentino Paco fue denunciado por irregularidades varias en la construcción de barrios en Mendoza, por "estafas genéricas".
Idandi SA no tiene actualmente obras ni proyectos habilitados en Guaymallén. En la foto, el inconcluso barrio privado Las Cumbres. | Foto: gentileza
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Gentileza El nombre de Daniel Florentino Paco puede traer más de un dolor de cabeza a cientos de mendocinos y mendocinas que, ilusionados e ilusionadas con su casa propia, confiaron en él e invirtieron sus ahorros en alguno de los emprendimientos inmobiliarios desarrollados por su constructora IDANDI SA. El detalle es que ninguno de estos desarrollos, muchos de ellos proyectados como barrios cerrados, fue culminado y entregado.
Mientras es inminente la imputación de Paco por parte del fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos -según confirmaron fuentes judiciales, algunas de las tantas denuncias en su contra ya contarían con material suficiente para avanzar en la acusación por "Estafas genéricas"-, recientemente se conocieron detalles de otra incipiente causa.
El historial de irregularidades de Paco e IDANDI SA en sus proyectos es por demás nutrido, con el agregado de que comenzaron a salir a la luz luego de un trágico episodio. Fue cuando, en marzo de 2023, un niño de 6 años (hijo de uno de los obreros) falleció en una de las obras que ejecutaba IDANDI, en calle Urquiza al 700, de Guaymallén y uno de los proyectos hoy abandonados.
La muerte de Erick Mamaní aquel 7 de marzo de 2023 tuvo lugar cuando él y su padre llegaron al predio para que el hombre cobrara por los trabajos que había realizado. En un descuido, Erick cayó a un pozo de 60 metros de profundidad y que se encontraba cubierto con cartones. Tras esta tragedia, se confirmó que la obra era clandestina y que la firma de Paco no contaba con toda la documentación correspondiente.
El barrio privado Las Cumbres, el complejo de departamentos Urquiza (donde falleció el niño de 6 años), el loteo público de calle Estrada y Aramburu, entre otros y todos en Guaymallén. Esos son solo algunos de los proyectos iniciados por Daniel Florentino Paco y su empresa constructora IDANDI SA. Y todos estos proyectos quedaron a mitad de camino.
"En el desarrollo ubicado en calle Estrada y Elpidio González se vendieron 107 lotes en el barrio privado 'Las Cumbres' y 113 Lotes en el barrio abierto. Los valores aproximados de los lotes en el privado eran de 65 mil dólares y en el barrio abierto, de 45 mil dólares. Por la venta total de los lotes, Daniel Florentino Paco habría captado recursos por más de 15 millones de dólares. Y, en total las víctimas, deben ser alrededor de 150, porque hay algunos que tienen varios lotes", describe el abogado Carlos Ferrer, que acompaña a más de una veintena de damnificados de estos emprendimientos.
De acuerdo a las denuncias más recientes -y que no tienen que ver con aquella por la que, se prevé, será imputado en los próximos días-, los hoy damnificados invirtieron su dinero entre 2017 y 2018 para lo que, esperaban, serían sus futuras viviendas. De acuerdo a lo prometido por Paco, las casas deberían haber estado listas en 2020.
No obstante, no solo que ese plazo fue incumplido, sino que -según acusan las 150 familias y en las denuncias que han sido agrupadas en una mega causa (identificadas con los números de expediente P-66.985/24, P-26.509/24 y P-27.716/24, entre otras), Paco creó un fideicomiso con todo ese dinero. Y sin la autorización de quienes lo habían pagado con la finalidad de adquirir sus lotes.
"Se ha encontrado un hilo del que hay que empezar a tirar a raíz de lo que está saliendo a la luz. Daniel Florentino Paco aplica la misma metodología que en estos dos barrios de calle Estrada -contiguos entre sí- en otros barrios: recauda con la venta de lotes y empieza a construir otros", destaca el abogado.
"Las obras se encuentra absolutamente paralizadas. En el barrio privado no hay servicios de luz ni de gas, solo se llegó a conectar agua y cloaca. Y la modalidad se repite por miles en los distintos emprendimientos que ha realizado en Guaymallén. En el caso de 'Las Cumbres', la modalidad de incumplimiento empezó con varias dilaciones, siempre delegando la responsabilidad a los trámites burocráticos de los organismos, ya sea la municipalidad, Edemsa o AYSAM. Siempre alegaba voluntad de cumplir, pero argumentaba que el sistema no se lo permitía", resume a Los Andes uno de los damnificados de este proyecto ubicado en una de las zonas más valoradas de Guaymallén-.
Según este damnificado, quien ya pagó la totalidad de su lote, desde 2018 en adelante, Daniel Florentino Paco realizó obras menores -por lo general las visibles, como cierres y cunetas y calles- en el barrio. A través de esto, Paco lograba generar expectativas. No obstante, cuando la obras se paraban -y ante el reclamo generalizado de los adquirentes-, encaraba alguna que otra obra menor (como plantar palmeras, por ejemplo).
"Cuando los trámites administrativos comenzaron a llegar a su fin y los organismos autorizaron el cumplimiento de las obras, Paco abandonó el proyecto. Porque desde ese momento debía poner el dinero y pagar a los proveedores, lo que nunca hizo", sintetiza.
Según explica el abogado Carlos Ferrer, la retirada de Daniel Florentino Paco no fue repentina, sino que fue siguiendo un trabajado ardid delictivo y del que, agrega, participaron abogados y escribanos.
"La herramienta que utilizó para estafar es el fideicomiso, al que nombró 'Las Cumbres'. Por medio de este mecanismo, denunciamos que Daniel Paco ha cometido lo que se llama desbaratamiento de derecho acordado, o pérdida de los derechos de los compradores. Y es que, al conformar el fideicomiso -que lo hizo sin autorización de los compradores, y sin siquiera conocimiento de ellos-, incorporó cada uno de los bienes. Y luego transfirió ese fideicomiso a su hijo, Diego Paco, quien es insolvente", explica Ferrer.
En pocas palabras, y siempre de acuerdo a lo denunciado por los 150 compradores, al haber sido incluidos en el fideicomiso (sin haber firmado nada de su parte), ahora los damnificados no podrán reclamarle a Daniel Florentino Paco y su firma -IDANDI SA- ante un incumplimiento de contrato, sino que deberán hacerlo a quien figura como cabeza de dicho fideicomiso, Paco (hijo).
"Para que los beneficiarios del fideicomiso (es decir, quienes compraron sus lotes) puedan tener acceso al inmueble, se debe cumplir el contrato. Y quien debe cumplirlo hoy es Diego Paco, quien no tiene un centavo. En pocas palabras, Paco (padre) otorga los derechos, deja sin nada a los beneficiarios, su hijo no desarrolla y también los deja sin un peso y sin ninguna posibilidad de reclamar ni el inmueble, ni el boleto, porque ya no es patrimonio de IDANDI SA", completa el abogado.
En ese sentido, aclara que estas personas actualmente tienen un contrato, mas -al ser parte del fideicomiso- ni siquiera tienen un título de propiedad con el que puedan reclamar.
Además de denunciarlo por desbaratamiento de derecho acordado (alegan la estafa a través de un fideicomiso que se conformó sin la firma de los propietarios), la más reciente de las denuncias -y que involucra a 150 damnificados- también incluye el presunto delito de administración fraudulenta.
"Si yo le doy dinero a una persona para que lo administre en un emprendimiento determinado y esa persona lo malversa y lo usa para otros beneficios (en este caso, comprar otros loteos para seguir con la bicicleta de seguir engañando a otros propietarios), eso es administración fraudulenta. Y el dolo es claro, porque se manifiesta cuando no les pide el consentimiento para el fideicomiso a quienes compraron, porque la plata no está registrada en ningún lado y porque lo pone como cabeza a su hijo, que no tiene nada", continúa Ferrer.
Por esto mismo es que han solicitado al fiscal Ríos que cite al escribano que certificó los boletos de compra - venta para armar el fideicomiso, que se presenten esos boletos junto a la autorización de los adjudicatarios damnificados para conformarlo y que se haga la trazabilidad de esa plata (quiénes pagaron, cuánto, qué pasó con el dinero y a dónde fue).
"Estamos hablando de 15 millones de dólares", refuerza el letrado, quien define a la herramienta como un "fideicomiso fantasma".
"Daniel Florentino Paco se retiró totalmente en 2022, desde ahí no hizo más nada. En 2023 transfirió su responsabilidad y todo el inmueble a un fideicomiso a nombre de su hijo, Diego Paco, quien es insolvente y no tiene intenciones de cumplir. El inmueble lo transfirió sin consultar ni tener autorización de los adquirentes por boleto", detalla una de las víctimas consultadas por Los Andes.
"Al mismo tiempo, sabemos vive en la abundancia en un lujoso barrio privado y que se mueve en vehículos de alta gama -Toyota SW4 y BMW X6, entre otros-. El contraste es esa gente que perdió todo, y algunos tuvieron hasta que vender su casa para adquirir un lote", concluye.
La firma IDANDI SA no tiene actualmente obras ni proyectos habilitados en la Municipalidad de Guaymallén. Hasta que saltaron a la luz las irregularidades en el Complejo Urquiza, la firma de Florentino Paco tenía en marcha 7 emprendimientos distintos de desarrollo inmobiliario (y que son quienes hoy están reclamando).
Sin embargo, desde entonces, cada uno de ellos se fue paralizando paulatinamente y en la medida en que se le solicitaba a la firma que presentara la documentación exigida por ley y ésta no cumplimentaba con el pedido. Del mismo modo, IDANDI SA tampoco volvió a presentar ni iniciar proyecto alguno.