El Gobierno nacional envió a Diputados un proyecto para modificar la ley de Zonas Frías y recortar el alcance de los subsidios al gas, con la intención de concentrarlos en regiones de bajas temperaturas extremas y en usuarios vulnerables. La iniciativa implica un cambio de fondo respecto del esquema vigente.
Según la propuesta, el subsidio continuaría vigente en la Patagonia, Malargüe -provincia de Mendoza- y la Puna, además de los hogares incluidos en el sistema de subsidios focalizados, lo que implica una reducción significativa respecto de la cobertura actual.
La iniciativa busca reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas del sistema energético ya que sostiene que con el 7,5% que cobra para financiar ese sistema de subsidios no alcanza a cubrir el régimen de zona fría y que eso generó “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.
Se busca retomar el esquema anterior
Hasta el 2021 el subsidio solo alcanzaba a las zonas de la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna, pero luego se extendió a diferentes zonas del país, que ahora el gobierno de La Libertad Avanza quiere eliminar y solo dejarla en aquellas zonas que sufren frío extremo y aquellos hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
De acuerdo a ese programa solo pueden recibir el subsidio los beneficiarios de ReNABap, veteranos de Malvinas, o aquellas familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2 (matrimonio con dos hijos).
“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, destaca el Gobierno en los fundamentos del proyecto.
Otro cambio propuesto por el Gobierno
Otro punto clave que se pagará sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa y se pagará a distribuidoras y sub distribuidoras de la cadena de cobros para anular el desacople entre la base de recaudación del Fondo y la obligación de pago.
El proyecto crea un mecanismo para saldar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria. Las empresas deberán desistir de todos los reclamos judiciales como condición para acceder a esa compensación.