El Gobierno nacional ha decidido acelerar el proceso de privatizaciones y concesiones de empresas públicas con un objetivo financiero claro: recaudar US$2.000 millones antes de que termine 2026.
Con el respaldo de la Ley Bases, el Ministerio de Economía busca fortalecer las reservas y dar certidumbre a los inversores.
El Gobierno acelera el plan de privatizaciones para acumular reservas
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El Gobierno nacional ha decidido acelerar el proceso de privatizaciones y concesiones de empresas públicas con un objetivo financiero claro: recaudar US$2.000 millones antes de que termine 2026.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el retiro del Estado de la gestión de estos activos es una pieza clave para garantizar el pago de la deuda, reducir el riesgo país y fortalecer las reservas del Banco Central.
Dentro del cronograma oficial, los casos de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y Transener (a través de la firma Citelec) son los que presentan mayores avances administrativos.
En el caso de AySA, el Gobierno ya aprobó los contratos de concesión por un plazo de 30 años para la prestación de servicios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano.
Se estima que esta operación podría aportar unos US$500 millones. Por su parte, para la transportista eléctrica Transener, la Secretaría de Energía ya recibió tres ofertas económicas, destacándose la del consorcio integrado por Edison Energía y Genneia, que ofertó US$356,1 millones por el 50% de las acciones de la controlante.
El plan de desinversión también contempla un cambio estructural en el sector energético y de transporte. En el caso de Enarsa, el objetivo oficial es dividir la compañía y venderla por partes.
Ya se han transferido unidades de negocio, como la operación del gasoducto a Vaca Muerta, que quedó en manos de TGS. El plan incluye también las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, además de las concesiones hidroeléctricas.
Por otro lado, para Belgrano Cargas y Logística decretaron su privatización total bajo un esquema de “open access”. El Gobierno prepara licitaciones separadas para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, despertando el interés de sectores mineros y agroexportadores.
Mientras que Intercargo, la empresa de servicios de rampa en aeropuertos, está tasada en hasta US$400 millones y se busca la venta del 100% de sus acciones.
Aunque el optimismo oficial es alto, en el Ministerio de Economía admiten que el grueso de los dólares ingresará recién en el segundo semestre del año. Esto obliga al Ejecutivo a depender de otras fuentes, como préstamos bancarios internacionales, para afrontar vencimientos de deuda inmediatos que suman US$4.200 millones en julio.
Como dato novedoso en la gestión de estos recursos, el Gobierno trabaja en un decreto para destinar el 10% de lo recaudado por las privatizaciones y la venta de inmuebles estatales directamente a inversiones en defensa.
Desde la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, su titular Diego Chaher fue tajante sobre el rumbo adoptado: “El Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo”. Con la Ley Bases como marco legal, el Ejecutivo busca transformar el mapa corporativo estatal argentino antes de que expire el actual calendario económico.