Los damnificados aseguran que pagaron total o parcialmente viviendas industrializadas que debían ser entregadas en plazos de hasta 90 días, pero las construcciones nunca se concretaron. La firma, con sede en Guaymallén, prometía contar con una planta propia para fabricar y montar las casas.
Los damnificados aseguran que las casas que se entregaron no cumplen con calidad prometida.
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GentilezaMás de 20 familias denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa por parte de la empresa EyM S.A.S. Viviendas Industriales, ubicada en Guaymallén, que ofrecía soluciones habitacionales industrializadas. Los damnificados aseguran que, pese a haber abonado total o parcialmente sus viviendas, nunca recibieron las construcciones prometidas.
Según relató a Los Andes una de las afectadas, radicada en Maipú, la firma, dedicada a la construcción en seco, prometía la entrega de viviendas industrializadas en plazos reducidos gracias a que contaba con una planta propia de fabricación y montaje. "Si pagabas el 100% de la vivienda, te entregaban la casa en 90 días", aseguró.
La afectada sostuvo que la cantidad de perjudicados sería mucho mayor a la inicialmente estimada. "Hay entre 50 y, no dudo, hasta 100 familias perjudicadas", afirmó.
También señaló que, ante la situación, las víctimas han tomado distintas decisiones. "Hay gente que ha hecho la denuncia, gente que tiene miedo y no lo hace, como también gente que desiste y abandona", explicó.
Los Andes intentó comunicarse con la empresa -cuyos dueños son Iván Moreira y Andrés Emens-, pero no obtuvo respuesta.
Según relataron los damnificados, la empresa ofrecía distintos planes de financiación para acceder a una vivienda industrializada. Uno de ellos consistía en abonar cuotas mensuales hasta alcanzar el 70% del valor total de la casa. En ese momento, el cliente ingresaba a una lista de espera para la construcción y, una vez entregada la vivienda, debía cancelar el 30% restante actualizado al valor de construcción vigente.
Sin embargo, aseguran que muchos clientes optaron por pagar el total de la vivienda para acceder a una entrega más rápida. "La mayoría que está en el grupo pagó el 100% hace 5, 3 y 2 años atrás. Y no han construido nada de nada. Los dueños siempre pusieron excusas: la pandemia, el clima, falta de obreros, precios elevado de materia prima"", denunció una de las afectadas.
La mujer sostuvo que, tras concretar los pagos, la comunicación con la empresa se volvió cada vez más difícil. "El dueño solo se presentó para cobrar las cancelaciones, tenemos su contacto y después no respondió nunca más. Hay un contacto de procesos productivos, es un contacto de distracción y respuestas que quedan en la nada", afirmó.
Respecto a los reclamos formales, explicó que algunos clientes avanzaron por distintas vías legales y administrativas. "Pocos hicimos la denuncia de Defensa del Consumidor, por abogados, carta documento y mediación. En estas dos últimas a todos nos pasó lo mismo: reiteradas veces pedimos la presencia de abogado o dueños y solo nos recibió Estefanía", señaló en referencia a una empleada de la firma.
Si bien existe una presentación en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza presentada por este grupo de clientes y contra la firma, fuentes judiciales explicaron a Los Andes que el conflicto debería pasar previamente por la Oficina de Coinciliación Civil (OCC), que depende del Poder Ejecutivo.
Recién allí, y de no haber acuerdo entre las partes, podría llegar a la instancia judicial civil (los incumplimientos de contratos son causas civiles).
Incluso, por el momento no se esta investigando una presunta estafa, sino que lo que existe es un "incumplimiento de contrato".
En pocas palabras, antes de avanzar en una posible imputación o el avance de la causa judicial propiamente dicha, deberán agotarse las instancias conciliatorias entre las partes dentro de la OCC.
Según los testimonios recopilados por el grupo de damnificados, los problemas no se limitarían a las demoras en las entregas. También denunciaron presuntas irregularidades en las construcciones finalizadas. "Con los contactos hemos logrado testimonios y evidencias de la mala calidad en la que entregan las casas", aseguró.
Entre los inconvenientes mencionó "plateas sin malla, infiltraciones en paredes y demoras en entregas donde el cliente debe insistir en el inicio, durante y terminación de la misma". Además, sostuvo que algunos clientes debieron afrontar gastos adicionales para finalizar sus viviendas. "Ni hablar de una clínica donde le exigieron que si quería que le terminaran la casa debía comprar materiales faltantes para que le terminaran la casa", relató.
La denunciante también afirmó que algunos compradores se encontraron con modificaciones en las condiciones originalmente pactadas. Según indicó, hubo "contratos que al cancelar cambiaban condiciones de materiales, cuotas o entrega de la casa". Asimismo, sostuvo que a varios clientes les exigieron cancelar el saldo pendiente antes de iniciar la obra, pese a que esa condición no figuraría en los contratos firmados.
Frente a esta situación, aseguró que el desgaste emocional y económico es cada vez mayor entre las familias afectadas. "Estamos cansados, decepcionados y con el corazón destruido. Hay gente afectada en salud por esto, gente que contaba con la entrega porque pagan alquiler, préstamos y demás situaciones", expresó.
En su caso particular, contó que continúa pagando el crédito que solicitó para cancelar el valor total de la vivienda. "Hasta el día de hoy estamos pagando el préstamo con el cual cancelé mi casa y tengo un año más. Cuando lo sacamos era la cuota la mitad del sueldo de mi marido. Tenemos cuatro hijos, pagamos alquiler y yo estoy buscando trabajo. Pausé mi búsqueda para hacer este reclamo", explicó.
Además, relató las consecuencias que la situación tuvo en su familia. "Yo estoy agotada. Mi marido se descompensó el día de ir a mediación, ya que sabíamos que nos iba a atender Estefanía y que no íbamos a llegar a nada", afirmó.
Finalmente, los damnificados anunciaron una manifestación para exigir respuestas. "No vamos a bajar los brazos hasta que respondan y cumplan con los contratos", aseguró la mujer.
Según informó, el próximo 26 de junio realizarán "un reclamo comunitario pacífico" frente a la sede de la empresa, ubicada en la intersección de las calles Húsares y Pedro Molina.