El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) viene trabajando desde hace más de ocho años en la creación de un laboratorio de alcoholímetros en Mendoza. La necesidad es urgente: los controles de alcoholemia en la provincia dependen de instrumentos que deben ser calibrados cada seis meses, pero que, en ausencia de un laboratorio local, deben ser enviados a otras jurisdicciones del país como La Rioja o Ciudad de Buenos Aires. El resultado es una sobrecarga del sistema nacional y una demora que compromete la eficacia de los controles.
“El laboratorio está en construcción”, confirmó Diego Cardozo, integrante del Departamento de Producción Sustentable del INTI en la región Cuyo. “La obra gruesa está hecha, pero el acondicionamiento interno depende de la provincia. Ellos han hecho algunos avances, como la instalación eléctrica y la colocación de equipos de climatización, pero aún falta personal y continuidad para terminarlo”.
El episodio reciente de una mujer que arrojó 4,14 gramos de alcohol por litro de sangre en un control –cuando el límite legal es cero– reactivó el debate sobre la confiabilidad de los instrumentos. Cardoso explicó que si bien los alcoholímetros tienen diferentes rangos de sensibilidad según su modelo, y están diseñados para un uso intensivo en campo, es esencial su control constante, dado que se descalibran con el tiempo. “Cuando el resultado da por encima del límite legal, la ley exige una muestra de sangre para confirmación, porque es un dato sensible que puede derivar en sanciones importantes”, añadió.
El laboratorio mendocino busca justamente evitar la logística engorrosa de enviar estos dispositivos a otras provincias y garantizar controles más ágiles y seguros en todo el territorio. Sin embargo, la falta de ejecución por parte del Estado provincial ha retrasado la habilitación del espacio, lo que genera una situación crítica.
Ciencia y tecnología en retroceso
Además del estado del laboratorio, Cardozo se refirió al contexto nacional y al cuestionamiento hacia los organismos descentralizados como el INTI. En los últimos días, el gobierno nacional ha intensificado sus críticas contra estos entes, promoviendo cambios legales que podrían quitarles autonomía administrativa, financiera y patrimonial. Según el funcionario, esto representa un retroceso significativo para el desarrollo científico y tecnológico del país.
“El INTI trabaja con toda la rama de la industria, desde alimentos hasta materiales de construcción, electrónica, madera y mucho más”, explicó. “La descentralización nos permite ofrecer servicios que el sector privado no puede brindar por costo o infraestructura, como el análisis de alimentos libres de gluten o la certificación de materiales de seguridad industrial”.
Cardozo remarcó que los organismos como INTI, INTA o CONAE no son estructuras burocráticas inútiles, como desde algunos sectores del gobierno se pretende instalar. “Hay una campaña deliberada para generar malestar social, haciéndole creer a la gente que el Estado solo les saca plata y no aporta nada”, sostuvo. “Nos evalúan todos los años, concursamos nuestros cargos y trabajamos para el desarrollo del país”.
En particular, alertó sobre la eliminación de beneficios que antes existían para pequeñas y medianas empresas. “Antes, si una pyme venía a pedir un análisis o una certificación, tenía una bonificación. Hoy ya no. Se derogaron artículos de la ley de apoyo a pymes y emprendedores. Ahora tienen que pagar igual que una gran empresa”.
Finalmente, Cardozo lamentó que este tipo de medidas avancen sin considerar el impacto real en la sociedad. “Cuando tenés organismos que calibran instrumentos como los alcoholímetros, estás salvando vidas. Pero se les quita presupuesto, se retrasa su funcionamiento, y encima se los desprestigia en los medios”, concluyó.
Mientras tanto, el laboratorio mendocino de alcoholímetros sigue esperando. Su puesta en marcha no solo representaría una mejora en los controles viales, sino un paso adelante en materia de salud pública y seguridad. Pero por ahora, esa promesa sigue varada, al igual que tantos otros proyectos públicos postergados por desidia o por decisión política.
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