El abogado Iván Yoma, acusado de estafas por más de US$ 500.000, asegura se trata de un conflicto contractual. Además, apunta contra su socio.
Imputaron por estafas por 500.000 dólares a un abogado y dos socios que tomaban inversores: cómo actuaban
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Gentileza La causa que investiga presuntas estafas en Mendoza por más de 500.000 dólares sumó en las últimas horas un capítulo clave: por primera vez desde que se iniciaron las imputaciones, el abogado Iván Yoma, señalado como uno de los principales responsables del presunto ardid, salió a hablar públicamente. En declaraciones a Los Andes, Yoma intentó despegarse y marcar distancia de las acusaciones
De acuerdo a la imputación del fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos, Yoma y dos personas más señaladas como sus socios -Pablo Falco y Rodrigo López- habrían cometido el delito de "estafas genéricas" en un monto calculado, como base, en 505.375 dólares.
“Desde el primer momento me puse a disposición de la Justicia porque tengo la tranquilidad de no haber cometido ningún delito”, afirmó Yoma, en un claro mensaje que apunta a desarmar la presunta estructura defraudatoria que describen los denunciantes y el Ministerio Público Fiscal. Según él, buena parte de los fondos que hoy se reclaman nunca pasaron por sus manos ni ingresaron a la empresa investigada.
De hecho, el año pasado -con anterioridad a esta causa que se inició en febrero de este año- Yoma ya había denunciado penalmente a Falco por "administración fraudulenta".
La estrategia de su defensa se apoya, además, en una premisa que repiten tanto Yoma como sus abogados: lo que existe es un conflicto patrimonial, no una estafa, y la diferencia -aseguran- no es solo legal, sino conceptual.
Yoma sostiene que varias de las personas que hoy lo señalan reconocen haber entregado el dinero directamente a Pablo Falco, a quien describen como presidente de la empresa. “Esos fondos nunca ingresaron a la empresa y yo no tuve ningún tipo de intervención”, enfatizó.
La declaración es clave en la estrategia de Yoma, porque busca reconfigurar las responsabilidades dentro del expediente. El abogado insiste en que hay un recorte de la historia que omite el rol central que -según él- habría tenido Falco en la captación y manejo de fondos.
También apunta a otro fenómeno que, en su mirada, explica parte del conflicto: los vínculos personales. “Hay situaciones en las que quienes participaron de estas operaciones lo hicieron a partir de su vínculo personal con Falco, y hoy intentan modificar esa realidad y presentar los hechos de un modo que no se corresponde con lo ocurrido”, planteó.
Según la clasificación que hace el propio Yoma, hay tres grupos de casos dentro del expediente. Por un lado están las personas que entregaron dinero directamente a Falco, sin ingreso formal a la empresa.Yoma también iidentifica a personas que sí operaron con la empresa y -alega- recibieron devoluciones parciales o firmaron acuerdos de refinanciación.
Por último, el abogado menciona situaciones donde hay diferencias en los montos reclamados, que -dice- deberán ser verificadas con documentación.
En paralelo al avance de la causa, Yoma asegura que se han alcanzado acuerdos de pago con una parte considerable de los inversores durante el último año. Para él, eso demuestra voluntad de cumplimiento y excluye toda idea de engaño.
"Confío en que, a medida que avance la investigación y se analice la documentación completa, va a quedar claro que nunca existió una maniobra fraudulenta”, insistió.
Mientras Yoma expone su versión, sus abogados, Carlos Aguinaga y Nicolá Lucero Garro, buscan reforzar el argumento jurídico que atraviesa toda la estrategia defensiva.
“El doctor Yoma ya prestó declaración y se puso a total disposición del fiscal, con el objetivo de esclarecer los hechos y demostrar que no estamos ante un supuesto de estafa”, señalaron.
Según explicaron los letrados, para sustentar su posición entregaron toda la documentación disponible, incluidos los teléfonos celulares de su defendido, con el fin de reconstruir las conversaciones que mantuvo con los denunciantes. Para ellos, ese material es crucial porque “permite ver la dinámica real de los vínculos y el rol de cada interviniente”.
El punto que los abogados subrayan con especial énfasis tiene que ver con el hecho de que, según expresan, Yoma no firmó contratos de mutuo, no administró fondos de terceros y no dispuso del dinero de los inversores.
Incluso agregan un dato temporal que, aseguran, resulta determinante: con algunas de las personas que hoy lo denuncian, no existía relación personal ni contacto previo al año 2025 (tras funcionar de acuerdo a lo prometido la sociedad desde 2021, entre 2023 y 2024 comenzaron los incumplimientos de los intereses asegurados: ganancias de 2,5% mensuales en intereses en dólares).
Aguinaga y Lucero Garro remarcan que, en este tipo de investigaciones, es esencial diferenciar entre un incumplimiento contractual y una maniobra defraudatoria. Y esa línea, explican, es mucho más clara de lo que parece.
“La estafa requiere que, desde el inicio, exista una intención deliberada de no cumplir. Y ese extremo aquí no se verifica”, afirman.
Por el contrario, sostienen que lo que existió fueron relaciones contractuales prolongadas, con devoluciones parciales, acuerdos de refinanciación y continuidad operativa. Para ellos, eso es incompatible con un ardid desde el origen.
Otro punto en el que hacen foco es el rechazo absoluto a la hipótesis de un esquema piramidal. Según los abogados, no hay prueba alguna de que se hayan usado fondos nuevos para pagar obligaciones anteriores. Además, los abogados resaltan que no se ha demostrado la inexistencia de actividad económica real y que se han verificado múltiples contratos independientes y pagos concretados.
Esa descripción, remarcan, aleja el expediente del terreno penal y lo ubica en el ámbito que -a su criterio- corresponde: el patrimonial.
La causa que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza incluye múltiples denuncias en torno a un supuesto sistema de captación de fondos que involucraría a Yoma, Pablo Falco y Rodrigo López. Según la denuncia original, las inversiones prometían altos retornos y habrían generado un perjuicio estimado en más de US$ 500.000.
En paralelo, la investigación intenta determinar si existió algún mecanismo organizado destinado a captar dinero con la promesa de rentabilidad, si hubo triangulación entre operadores y si los contratos se utilizaron para cubrir operaciones que no respondían a actividad económica real.
La pregunta decisiva es una sola: ¿hubo engaño desde el comienzo o simplemente un negocio que terminó mal? Los denunciantes sostienen lo primero, los imputados se defienden argumentando lo segundo.
Ese es el punto donde chocan las dos narrativas. Para la fiscalía, hubo un entramado que podría configurar una estafa. Para la defensa, en cambio, lo que existió fue un vínculo contractual, imperfecto, conflictivo, pero amparado en la buena fe.
Tanto Yoma como sus defensores creen que la documentación presentada y el análisis de las comunicaciones serán claves para reconstruir la secuencia real de los hechos. De esta manera buscan demostrar quién recibió los fondos, cómo se negociaron los acuerdos, qué pagos se realizaron y en qué momento comenzaron los conflictos.
“La continuidad operativa, los contratos independientes y los pagos realizados evidencian que esto es un conflicto patrimonial y no un delito penal”, sintetizaron Aguinaga y Lucero Garro.
No obstante, los denunciantes han sido contundentes en sus declaraciones, y no acusan a Falco o a Yoma en soledad, sino que los identifican como integrantes de una firma a la que les entregaron sus inversiones con promesas de ganancias que, en la práctica, nunca se cumplieron.
Con imputaciones ya formuladas y una investigación que continúa abierta, el expediente ahora entra en una etapa decisiva para el fiscal Ríos. Será el análisis técnico -documentos, comunicaciones, pericias y trazabilidad financiera- el que determine si hubo o no engaño deliberado y, de existir, si es responsabilidad de Yoma en soledad, de Falco en soledad o de los tres socios.