Reclamo en todo el país. Confluyen las demandas “históricas” y el incumplimiento de la Ley de Emergencia. En Mendoza, fueron recibidos por el ministro Montero.
Discapacidad: el colectivo mantiene el reclamo, con un fuerte foco puesto en la prestación de servicios y rechazo al nuevo proyecto de ley del Gobierno Nacional. Foto: Gentileza
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El colectivo de la discapacidad mantiene su reclamo, ahora con un fuerte foco puesto en la prestación de servicios. A la casi eterna demanda por el atraso en los valores y forma de pago de las prestaciones de servicios se había sumado el reclamo por la falta de cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Ahora, hay un punto adicional: el rechazo al nuevo proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional que intenta modificar normativa vigente para flexibilizar la forma de atención y pago. Esto, aseguran, redundará en un deterioro de la atención.
Hoy vuelven a tomar medidas en todo el país, con centro neurálgico en Buenos Aires: paro y movilización. En Mendoza, se realizó la misma acción y llegaron hasta Casa de Gobierno en una marcha multitudinaria.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a un cese de prestaciones de servicios con movilización al Ministerio de Salud de la Nación. Buscan hacer visible para la población y las autoridades la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad y los prestadores que les brindan servicios.
Gustavo Kretschmar, referente del Foro de Discapacidad en Mendoza, explicó que la medida implicaba una movilización a los Ministerios de Salud de cada una de las jurisdicciones. “Nos hemos movilizado a la Casa de Gobierno, y la convocatoria ha sido multitudinaria”, destacó.
Allí, fueron recibidos por el ministro del área, Rodolfo Montero. “Le entregamos una nota y el ministro Montero se encontró con la misma sorpresa que nos encontramos nosotros respecto del nuevo proyecto”, sostuvo el referente.
Desde la organización que reúne prestadores de todo el país advierten que enfrentan un importante atraso en los pagos del programa Incluir Salud (destinado a personas con pensiones no contributivas), registrándose deudas correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2025, y enero de 2026.
“Si bien el Ministerio de Salud se comprometió a saldar esta deuda durante el mes en curso -explican-los tiempos de pago continúan siendo excesivamente lentos, lo que impide a los prestadores cumplir con obligaciones básicas como salarios, servicios y proveedores”.
Agregan que el retraso en los pagos y la falta de actualización de aranceles han generado un daño profundo en todo el sistema: prestadores, trabajadores y personas con discapacidad. Señalan que los aranceles presentan un atraso cercano al 40%, lo que implica que los valores vigentes no cubren los costos reales de las prestaciones.
Esto ha implicado que muchos prestadores hayan tenido que recortar servicios porque no pueden mantenerlos e incluso dejar de prestarlos. En ese marco, muchos centros de atención a la discapacidad se han visto obligados a cerrar.
En tanto, los usuarios y sus familias relatan que el magro pago que reciben por parte de las obras sociales y las malas condiciones en las que se concretan han hecho que muchos pierdan ese servicio, como centros de día, traslados, acompañamiento terapéutico y terapias.
Las organizaciones habían iniciado este tipo de medidas a mediados de marzo ante la falta de pagos por parte de PAMI, Incluir Salud y Obras Sociales Nacionales. Habían realizado un cese de actividades los días viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo.
Según explicó Kretschmar, se trata de una medida inédita que refleja el nivel de gravedad que enfrenta el sector.
“Esta es la primera vez en la historia que hay un cese nacional de actividades en el sector. Esto no ha ocurrido nunca”, afirmó entonces a Los Andes.
“Esta situación pone en riesgo la continuidad de las prestaciones y afecta de manera directa no solo a las instituciones, sino también a los trabajadores, a las familias y, fundamentalmente, a las personas con discapacidad que dependen cotidianamente de estos servicios y apoyos”, expresa la organización.
Ante la movilización, hace unos días, el gobierno salió a anunciar que, en lo que compete a PAMI, se estaban poniendo al día.
En cuanto al impacto de la medida, si bien es una decisión individual el acatamiento, hay que considerar que en Mendoza existen 108 instituciones que forman parte del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Entre los servicios que pueden verse afectados se encuentran los centros de día o centros de vida, los centros educativos terapéuticos, las escuelas especiales, los talleres de formación laboral y el transporte que traslada a los usuarios.
En cambio, los hogares donde residen personas con discapacidad continuarán funcionando, ya que allí viven los usuarios de manera permanente.
Otro tema que denuncia el colectivo son deficiencias en la entrega de medicamentos y pañales a beneficiarios de Incluir Salud que vienen desde hace tiempo. Aunque han planteado reclamos, sostienen que no han obtenido soluciones concretas.
Advierten que esta situación se ha agravado tras denuncias vinculadas a irregularidades en los procesos de compra.
Según resaltó el referente local, mantienen el reclamo al gobierno por el cumplimiento a medias de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue promulgada el 22 de septiembre de 2025 tras la insistencia del Congreso. Es que el proyecto original aprobado había sido vetado en agosto de 2025 por el Poder Ejecutivo. En este crítico contexto para este colectivo, la norma declara la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 con chance de prórroga.
Asimismo, el Foro manifiesta el rechazo al nuevo proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional al Congreso, que propone modificaciones en las normativas vinculadas a las personas con discapacidad.
Cuestionan la afirmación de que el otorgamiento de pensiones habría sido fraudulento, sin la presentación de pruebas fehacientes.
“El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad sostiene que el otorgamiento de pensiones a personas con discapacidad en situación de pobreza responde a una realidad estructural del país, que desde hace más de dos décadas presenta altos niveles de pobreza. Esta condición impacta directamente en la salud, el desarrollo y el acceso a derechos básicos”, remarcan.
Pero además, señalan que se trata de un retroceso enorme para garantizar derechos a los pacientes. “El gobierno el día lunes presentó un proyecto para destruir el sistema, donde da de baja la ley 24.901, las prestaciones y deja al libre albedrío de cada provincia y de cada sindicato arreglar los honorarios”, detalla Kretschmar.
“Hoy eso es universal y federal, hoy hay gente que se ha movilizado preocupada por el tema de la que no cobra, porque no hay aumento de aranceles y lo más grave de hoy es que si esta ley la aprueban los legisladores nacionales, nos quedamos sin sistema, volvemos al mismo sistema hace cuarenta años atrás, en el que cada uno fija los valores que le parece y la forma de pago que le parece”, describió.
El foro enumera:
a. Cuestionan que se afirme claramente que el otorgamiento de las pensiones fue fraudulento, sin aportar pruebas fehacientes.
b. El otorgamiento de pensiones a personas con discapacidad en situación de pobreza no ha sido exagerado porque el país ha tenido desde hace más de 20 años niveles del 30% de pobreza. La pobreza enferma, discapacita, impide el acceso a recursos básicos para desarrollarse, a la salud, a la educación, etc. Solo en el año 1999 había 990.000 personas con discapacidad en situación de pobreza.
c. Se oponen al otorgamiento solo de pensiones no contributivas por incapacidad laborativa, deben mantenerse las pensiones por discapacidad por protección social ya que la situación de pobreza agrava las desventajas que estas personas tienen para su desarrollo integral.
d. Piden un arancel único para cada tipo de prestación, ya que las múltiples exigencias establecidas por el estado generan un costo básico que debe ser cubierto.
e. La universalidad de estas prestaciones para las personas con discapacidad tiene relación directa con un arancel único, que lleva a que toda persona con cobertura reciba la misma atención.
f. No al ajuste presupuestario. Exigimos que se destine el máximo recurso económico posible.
g. Entendemos que estas medidas propuestas por la modificación de la ley conducen y tienen por objeto la destrucción del sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Sistema que ha sido un puente de inclusión y una política pública que en la Argentina lleva casi 30 años beneficiando a cientos de miles de personas con discapacidad. Por lo que resulta inaceptable su aprobación.
Ante esto, se solicita a los legisladores nacionales que reafirmen su compromiso con el colectivo de personas con discapacidad, rechazando el proyecto de ley y priorizando el bienestar de la población por sobre cualquier interés político.
Además, se entregará un petitorio en la mesa de entrada del Ministerio de Salud, dirigido al Ministro Mario Lugones, en el que se detallan los reclamos y demandas del sector.
