Demandan atrasos en los pagos parte de obras sociales, desactualización de valores y el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Los prestadores de servicios para las personas con discapacidad iniciaron un cese de actividades
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Los prestadores de servicios para las personas con discapacidad iniciaron un cese de actividades que afectará varias áreas. La medida se aplica en Mendoza y en todo el país, tras la falta de respuesta por demoras en los pagos y falta de actualización de los valores que perciben.
Se trata de una demanda de larga data del sector que acompañan también las familias y personas con discapacidad que han visto afectado el acceso a atención y servicios por retrasos y recortes.
“El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto a sus organizaciones miembro, denuncia la crítica situación que atraviesa el sector. A la fecha, el Ministro de Salud, Dr. Lugones, no ha brindado soluciones frente a la deuda sostenida en el pago de prestaciones. En particular, el programa Incluir Salud continúa con demoras de varios meses en la tramitación de pagos que no se concretan, generando una creciente incertidumbre en todo el sistema”, advirtió esta organización que aglomera a diversas asociaciones y entidades.
Vienen advirtiendo que su situación es cada vez más difícil de sostener por el atraso en los montos y plazos de pago de sus servicios. Concretamente, en esta ocasión, reclaman por la falta de pagos por parte de PAMI, Incluir Salud y Obras Sociales Nacionales.
La medida se llevará a cabo entre hoy y mañana y afectará a escuelas, centros de día, centros terapéuticos y transportistas, quienes no brindarán servicios durante estas jornadas, en reclamo por el pago inmediato de las prestaciones adeudadas por parte de las prestadoras. Ya la semana pasada, la habían hecho efectiva el viernes.
Gustavo Kretschmar, referente del Foro de Discapacidad en Mendoza, detalló que hay 108 instituciones que forman parte del sistema de prestaciones para personas con discapacidad en la provincia. La medida implica la suspensión de la mayoría de las prestaciones que se brindan en instituciones especializadas. Según estimaciones del sector, al menos entre 37 y 38 centros ya han manifestado que se sumarán al cese de actividades. En tanto, los hogares donde residen personas, no adhieren porque no pueden desatenderlas.
Remarcan que esta situación impacta directamente en la continuidad de los servicios y pone en riesgo la atención de las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados por los incumplimientos del Estado.
“El cese implica la suspensión de actividades por parte de prestadores de todo el país - escuelas, centros de día, centros terapéuticos y transportistas— en reclamo por el pago inmediato de las prestaciones adeudadas por parte de PAMI, Incluir Salud y Beneficiarios de PAMI, pensionados no contributivos dependientes del Ministerio de Salud”, subrayan.
“Desde el Foro Permanente reiteramos la urgencia de una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional que garantice la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad”, remarcan en un comunicado conjunto.
Según explicó Kretschmar, se trata de una medida inédita que refleja el nivel de gravedad que enfrenta el sector.
“Esta es la primera vez en la historia que hay un cese nacional de actividades en el sector”, afirmó a Los Andes. Refirió que se hacen necesarias medidas urgentes ya que a la falta de pago señalada se suma el atraso en la actualización de los aranceles, “que hoy resultan insuficientes frente al aumento sostenido de los costos reales de funcionamiento”.
“Las instituciones que brindan prestaciones, apoyos y servicios esenciales para personas con discapacidad vienen sosteniendo su tarea en condiciones cada vez más difíciles, afrontando gastos de personal, transporte, alimentación, insumos y funcionamiento general con valores atrasados y, en muchos casos, con prestaciones ya realizadas que aún no han sido abonadas”, remarcaron los prestadores en un comunicado.
Desde el Foro suman que en Mendoza, además, se solicitará al Directorio de OSEP que avance en el reconocimiento del 100% de los valores prestacionales, como una medida necesaria para acompañar la sostenibilidad del sistema en el ámbito provincial.
Kretschmar indicó que los valores actuales no reflejan el costo real de los servicios y que los aumentos otorgados quedaron muy por debajo de la inflación acumulada.
“No se ha dado cumplimiento a la ley que establece que el arancel debe fijarse en función del aumento del costo de vida. Nos dieron un 5,78% a partir de febrero, pero está calculado sobre una base que no tiene la actualización. Le falta más del 40% de la diferencia de inflación entre 2023 y ahora”, señaló.
Se refiere a la Ley 27.793, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable), que declara la emergencia nacional en discapacidad en Argentina. Fue reglamentada en febrero de 2026 y largamente militada por las familias que buscan garantizar sus derechos esenciales. Sin embargo, su cumplimiento efectivo aun está sumido en la incertidumbre.
Además, el referente remarcó que los prestadores todavía no han cobrado varios meses del año pasado. “El aumento de octubre todavía no lo podemos cobrar, porque no han pagado octubre, noviembre y diciembre”, agregó.
No se trata de un problema sólo de los prestadores, la situación de las personas con discapacidad y sus familias es compleja desde hace tiempo. Los recortes en las pensiones por discapacidad y la necesidad de hacer trámites para sostenerlas tras una revisión de cada una de ellas por parte del Gobierno nacional los ha dejado en condiciones críticas. Requieren diversos apoyos, pero acceder a la cobertura de las obras sociales no siempre es un derecho garantizado y los costos para su mantenimiento se disparan para los bolsillos familiares. Incluso si se accede, deben pagarse coseguros, los servicios son fluctuantes o las prestaciones llegan a destiempo.
En Mendoza, acceder a una atención adecuada, a tiempo e integral para personas con discapacidad se ha vuelto un desafío cada vez más complejo. En un contexto donde crecen los diagnósticos -particularmente en el espectro de la neurodiversidad-, los profesionales disponibles son insuficientes, lo que genera listas de espera, tratamientos interrumpidos y una sobrecarga para las familias.
Detrás del problema hay múltiples factores: falta de especialistas, precarización laboral, honorarios bajos y demoras en los pagos por parte de obras sociales y prepagas. Todo eso empuja a muchos profesionales a abandonar el sistema o atender solo de forma particular, restringiendo así el acceso a quienes no pueden afrontar los costos. Como consecuencia, la atención está colapsada.