Un informe expone fuertes señales de preocupación sobre la secundaria. Falta de motivación, ausentismo y debates sobre celulares en las aulas y repitencia.
Desmotivación en el aula, baja participación familiar y celular: las preocupaciones docentes en Argentina
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Imagen generada con IA La escuela secundaria argentina, sobre todo aquella que quedó en la post pandemia, enfrenta una combinación de desafíos estructurales que desvelan cada vez más a quienes están todos los días frente al aula. Esa es una de las principales conclusiones que deja un relevamiento nacional realizado entre más de 1.200 docentes y directivos de unas 700 escuelas públicas y privadas de todo el país, tanto urbanas como rurales.
El informe, elaborado en base a la Encuesta Nacional a Docentes y Directivos de Nivel Secundario 2026, es parte del trabajo “Repensar la escuela secundaria: problemas, resistencias y reformas posibles desde la mirada de docentes y directivos” que fue realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) en conjunto con la Asociación Conciencia.
Entre las principales problemáticas que se observan, se destacan la realidad atravesada por la desmotivación estudiantil, el aumento de las inasistencias, las tensiones en torno a los cambios pedagógicos y una fuerte percepción de alejamiento de las familias en las trayectorias educativas de los adolescentes.
Uno de los datos más contundentes del trabajo tiene que ver con que el 82,3% de docentes y directivos considera que la principal problemática de la secundaria actual es la falta de motivación de los estudiantes. A ello se suma que el 73,8% señala la inasistencia como otro de los grandes conflictos que afectan a las escuelas. Y, en paralelo, un 61,8% admite que la propia desmotivación docente también aparece como una dificultad central.
Las conclusiones del estudio advierten que la desmotivación “es transversal” y afecta a escuelas de distintos niveles socioeconómicos, modalidades y tamaños institucionales.
Otro aspecto que sobresale es una especie de “paradoja educativa”. Según el informe, los educadores realizan una evaluación más crítica del sistema educativo en general que de la propia institución donde trabajan.
En ese contexto, los investigadores remarcan que los docentes califican la situación educativa con una mirada incluso más severa que la que suelen expresar las propias familias de los estudiantes. El dato refleja un clima de inconformidad y preocupación creciente dentro del sistema.
Según se observa en el documento, los educadores empiezan a reconocer y hacerse cargo de la problemática educativa. En ese sentido, también se plantea la necesidad de que las familias asuman un rol más activo.
Si de ejes sensibles del informe hay que hablar, imposible pasar por alto el de la participación familiar. Allí, el relevamiento entre directivos y docentes de escuelas secundarias detectó que el 58,2% de los encuestados considera que existe una baja participación de las familias en las trayectorias escolares de los estudiantes.
La percepción empeora todavía más en contextos vulnerables: en escuelas de nivel socioeconómico bajo, el porcentaje asciende al 73,1%. También se profundiza en establecimientos estatales, urbanos y de gran tamaño.
El informe relaciona esta situación con mayores problemas de rendimiento, repitencia y deserción escolar. De hecho, entre los educadores aparece un consenso creciente respecto de que uno de los desafíos centrales de la secundaria es reconstruir el vínculo entre la escuela y las familias.
En paralelo, también se consultó sobre la posibilidad de crear un Consejo de Padres y Madres con capacidad de participación institucional. Allí aparecieron posiciones divididas.
Mientras un 36% está de acuerdo con que las familias tengan participación en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), apenas un 15,2% avala que puedan intervenir en la selección de equipos directivos.
En síntesis. docentes y directivos valoran una mayor participación familiar, aunque ponen límites claros cuando se trata de decisiones pedagógicas o de gestión escolar.
Uno de los debates más actuales dentro de las escuelas también tuvo un capítulo importante en el relevamiento: el uso de los celulares en clase.
Lejos de reclamar una prohibición absoluta, la postura más respaldada fue la de la integración pedagógica del teléfono móvil, ya que el 41,6% de los encuestados se manifestó a favor de incorporarlo con fines educativos y de manera planificada.
El apoyo es aún mayor en escuelas rurales, donde llega al 55,8%, mientras que entre directivos alcanza el 52,3%.
De todos modos, persisten tensiones. Un sector importante todavía plantea restricciones o prohibiciones, especialmente en escuelas urbanas y de niveles socioeconómicos más altos.
En cuanto a las nuevas formas de enseñanza, entre los referentes de las aulas hubo un marcado apoyo. El 74,2% de los docentes y directivos apoyó profundizar el uso de metodologías activas y participativas, como el aprendizaje basado en proyectos o las dinámicas colaborativas.
El acuerdo es especialmente fuerte entre directivos y docentes más jóvenes, perfiles más vinculados a procesos de innovación pedagógica.
Sin embargo, el relevamiento también detectó obstáculos. Un 62,1% considera que la currícula oficial limita la posibilidad de incorporar innovaciones en el aula.
Uno de los puntos que más discusión genera es el eventual reemplazo de la repitencia tradicional por sistemas de aprobación por materias.
En este caso, el rechazo sigue siendo mayoritario, ya que apenas el 28,7% está de acuerdo con avanzar hacia ese esquema. Sin embargo, el apoyo crece en escuelas rurales y en contextos más vulnerables, donde los problemas de abandono escolar suelen ser más profundos.
Así las cosas, uno de los grandes debates educativos de los próximos años gira en torno a cómo construir sistemas de evaluación alternativos sin resignar exigencia académica.
El trabajo también refleja un fuerte respaldo a una mayor autonomía institucional. El 91% considera que existen áreas que podrían mejorar si las escuelas tuvieran más capacidad de decisión.
La dimensión más valorada es la posibilidad de fortalecer prácticas vinculadas al mundo laboral: el 72% cree que una mayor autonomía permitiría mejorar esa conexión entre educación y trabajo.
No obstante, el apoyo no implica carta blanca. Los docentes y directivos muestran reparos frente a la posibilidad de que las autoridades escolares tengan autonomía irrestricta para decidir sobre contrataciones o sanciones.
Finalmente, uno de los puntos con mayor aceptación es la creación de una evaluación nacional estandarizada al finalizar la secundaria.
El 65,2% de los encuestados se manifestó “algo o totalmente de acuerdo” con esa propuesta.
Según el estudio, el respaldo es aún más alto en escuelas privadas y de nivel socioeconómico alto, aunque atraviesa a casi todos los sectores educativos.