Sesenta años después de la desaparición de la aeronave de la Fuerza Aérea Argentina TC-48 con 68 ocupantes, ocurrida en Costa Rica, deudos de los ocupantes del avión solicitan se averigüe qué pasó con el accidente y la posterior búsqueda por medio de un Juicio por la Verdad.
Alistados. La delegación de cadetes que viajaba en el TC 48, en la pista de la IV Brigada Aérea; atrás el avión siniestrado. Fuente: Fundación TC 48
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Gentileza En la Justicia Federal de Córdoba se ha pedido la aplicación de un Juicio por la Verdad para intentar esclarecer qué pasó con el avión TC-48 de la Fuerza Aérea Argentina (FFA) y sus 68 ocupantes, que desaparecieron en la mañana del 3 de noviembre de 1965, en vuelo entre Panamá y El Salvador.
La demanda la inició un grupo de diez familiares de las víctimas y se encuentra en sus tramos iniciales, según explicó a Los Andes la abogada de los deudos, doctora María Alejandra Burgos, de la ciudad de Córdoba.
La pretensión es activar las vías judiciales para esclarecer las responsabilidades del Estado argentino en el suceso.
Los Juicios por la Verdad no tienen consecuencias penales y se vienen aplicando en el país desde 1998. Son el resultado de la gestión de diversos sectores y organismos de Derechos Humanos, que pretenden obtener conocimientos relevantes en torno a la desaparición forzada de personas en la última dictadura cívico militar en el país, entre los años 1976 y 1983, considerados hechos de lesa humanidad.
En el caso que nos atañe -la misteriosa pérdida del avión TC 48, en el que viajaban 54 cadetes de la Promoción 31 de la Escuela de Aviación Militar, nueve tripulantes y cinco oficiales como pasajeros- familiares iniciaron una presentación el 20 de noviembre de 2024, ante la Unidad de Derechos Humanos, organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal, a cargo de los fiscales, doctores Carlos Gonella y Facundo Trotta.
La pretensión es que sea reconocido a los denunciantes el derecho a saber qué ocurrió, solicitando a la mencionada unidad que investigue “el abandono y olvido del caso por parte de las autoridades nacionales, agravado por un plan de ocultamiento de la verdad”.
Los familiares que han firmado la petición son: Adriana Regina Zurro, Alejandro Federico Zurro, Pedro Rafael Zurro y Ofelia Noemí Zurro (por el comandante Mario Nello Zurro); Miguel Ángel Álvarez por el capitán Miguel Álvarez Paz; Cecilia Beatriz Viberti y Daniel Marcos Canavosio Viberti (por el segundo piloto, capitán Esteban Viberti); Luis Guillermo Losano y María Alejandra Losano (por el comandante José C. Losano), y María Margarita Vázquez.
Esta última causa, registrada como “LH–Zurro, Adriana Regina y otros s/ Denuncia (tragedia aérea avión TC-48)”-Expediente 262950/2024, quedó ahora bajo la órbita especializada de la fiscalía en procura de habilitar la vía para un juicio sobre la verdad histórica. La sigla LH significa "lesa humanidad”.
Los fiscales actuantes se encuentran desarrollando distintas medidas probatorias orientadas a reconstruir las circunstancias del vuelo, el protocolo aplicado tras su desaparición y el manejo de la información oficial, “aspectos que por décadas fueron señalados como confusos y contradictorios por los familiares”, señaló la abogada Burgos.[A1]
Con esta nueva vía judicial, los denunciantes intentan que el caso sea analizado bajo parámetros de derechos humanos, lo que permitiría habilitar una investigación integral y la búsqueda de la verdad, como reparación integral de los familiares después de tantos años. Actualmente, la causa se encuentra en plena etapa de instrucción y los deudos mantienen la expectativa de que, por primera vez en seis décadas, la Justicia Federal avance en el esclarecimiento del destino del TC-48 y de las eventuales responsabilidades estatales.
Esta acción de los parientes de las víctimas del accidente aéreo, es la segunda que intentan porque antes hubo una, ante la Justicia Penal, que no prosperó.
A comienzos de 2024, Regina Zurro, hija del capitán M.N.Zurro, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Federal Nº 3 de Córdoba contra el Estado nacional, la Fuerza Aérea Argentina (FAA)y la Escuela de Aviación Militar, reclamando la reapertura del caso y la investigación de presuntas irregularidades en el operativo y en la información oficial difundida tras la tragedia.
Sin embargo, con fecha 25 de julio de 2024 el fiscal a cargo desestimó la denuncia por encontrarse extinta la acción penal, y por no encuadrar los hechos dentro de los requisitos para ser considerados crímenes de lesa humanidad, en consecuencia.
Elevada la denuncia al Juzgado Federal de Córdoba Nº 1, Secretaría Penal, este tribunal también desechó las actuaciones al considerar prescripta la acción penal.
Con este revés judicial, los familiares iniciaron una nueva presentación con fecha 20 de noviembre de 2024, esta vez ante la Unidad de Derechos Humanos, que está en pleno desarrollo de la etapa de instrucción.