Cristo Orante: suspenden a uno de los curas acusados pero por incumplir el celibato, no por abusos

El Caso Cristo Orante, en el cual un joven ex aspirante a monje denunció a dos curas por abusos de conciencia y sexuales en un monasterio ubicado en Tupungato, transcurre en tres planos judiciales. Por un lado, en el fuero penal y donde el joven –identificado como Nicolás Bustos- denunció a los monjes Diego Roqué Moreno y Oscar Portillo como autores de los abusos. Aquí los religiosos siguen imputados y las novedades más recientes tienen que ver con que al joven se le realizaron nuevas pericias oficiales para determinar la verosimilitud de sus relatos en las denuncias (incluyendo aspectos psicológicos y psiquiátricos del joven). Anteriormente, dentro de la misma causa, especialistas del Equipo de Abordaje de Abuso Sexual –también peritos oficiales del Ministerio Público Fiscal- ya habían concluido en que el relato y los rasgos de personalidad de Bustos eran compatibles con los de una víctima de estos hechos.

El segundo de los planos en los que transcurre la causa es el civil y donde se persigue un resarcimiento de parte de los involucrados para con el denunciante. Y el tercero de ellos es la investigación eclesiástica, la que lleva adelante la propia Iglesia como institución para determinar si hubo alguna falta o delito en el desempeño de los dos curas en su rol ministerial. Y aunque los tres procedimientos son independientes entre sí, es justamente en el fuero canónico de la Justicia en la que se conoció recientemente una sentencia.

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De acuerdo a una reciente sentencia del Tribunal Interdiocesano Bonaerense, con firma del notario Luis María de Ruschi y fechada el 14 de septiembre último, el monje Roqué Moreno fue suspendido por ocho años como cura. Así lo dispuso en su sentencia el mencionado tribunal, ya que la causa canónica fue trasladada a Buenos Aires por decisión del Arzobispado de Mendoza para (según explicaron oportunamente) garantizar la imparcialidad.

La sanción responde, según se le notificó al denunciante, a que el monje fue encontrado “culpable del delito que se desprende de la obligación de castidad para los clérigos”. No obstante, en la misma sentencia –que en su notificación al denunciante no incluyó los fundamentos de la misma- se aclara que “se determinó que no consta el delito de abuso de potestad”.

“Por lo tanto se le impuso como pena justa la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal por ocho años (canon 1.336 1, 3°), en cualquiera de sus dimensiones, inclusiva impartir sacramentales o el ministerio de la palabra, también en modalidad virtual”, establece la notificación sobre la sentencia eclesiástica.

Además, se establece que corresponderá al Arzobispado de Mendoza determinar su lugar de residencia (“mandato de residencia”) durante los próximos cinco años.

El caso

A fines del 2018 salieron a la luz los primeros detalles de la denuncia del joven ex aspirante a monje en la Justicia penal mendocina. En aquel momento, la víctima relató haber sufrido reiterados abusos sexuales, de autoridad y de conciencia en el monasterio del Cristo Orante (Tupungato) mientras estuvo internado. Luego de estas denuncias, los curas Portillo y Roqué quedaron imputados y, en un primer momento, detenidos. Aunque luego la Justicia dispuso la prisión domiciliaria y, finalmente, el “cese de la prisión preventiva”. Es decir, recuperaron la libertad en marzo del año pasado, aunque con la prohibición de salir del país mientras la causa estuviera activa.

Según destacó en su momento Nicolás Bustos, el denunciante, ya en 2015 y en marzo del 2018 se había presentado en el Arzobispado de Mendoza para denunciar estas situaciones. De hecho, una investigación iniciada por el Arzobispado y con un informe fechado en agosto de 2018 ya había concluido en que Portillo reconoció a los investigadores eclesiásticos Mario Panetta y Ricardo Poblete haber tenido relaciones sexuales con el denunciante, aunque sostuvo que fue el joven quien lo acosaba.

“Nos cuesta entender como personas adultas como son los dos sacerdotes (...) se dejen acosar por un joven de 18 años”, destacaron en el informe Panetta y Poblete en el informe preliminar de la primera parte de la investigación, que luego fue trasladada al mencionado tribunal de Buenos Aires. Asimismo, al cierre de las conclusiones, Portillo y Roqué sugirieron “que se puede dar crédito a la denuncia de Nicolás, y se debería proseguir con la investigación”. En ese sentido, consideraron que se investigue “este patrón de conducta manipulador de las conciencias”.

No consta abuso

Por fuera de la reciente sentencia eclesiástica contra Roqué, anteriormente el Arzobispado de Mendoza ya había sancionado a Portillo en dos oportunidades. La primera fue una sanción administrativa impuesta por el entonces arzobispo Carlos Franzini por una denuncia –por abuso de conciencia- realizada por otro joven que también estuvo en el monasterio del Cristo Orante. Oportunamente, Franzini suspendió a Portillo quitándole el rango de máxima autoridad en el monasterio (priorato) y trasladándolo a San Luis. Además, el arzobispo actual Marcelo Colombo le impuso otro castigo a Portillo en su momento.

Si bien la reciente sanción contra Roqué confirma que el monje mantuvo relaciones sexuales con el denunciante –por ello se lo sanciona por incumplir el canon de castidad-, deja en claro que “no consta delito de abuso de potestad según el canon 1.389 1 - 2″. Es decir, la sentencia condenatoria del tribunal eclesiástico no confirma que Nicolás Bustos haya sido abusado. “La sentencia canónica es clara en el sentido de que no hay abuso”, reafirmó en tal sentido Eduardo De Oro, abogado de Roqué y Moreno. Además, el letrado destacó que la causa penal sigue su curso –quedan pendientes unas declaraciones testimoniales- y que la civil también avanza con normalidad.

Para el abogado de Nicolás Bustos en la causa civil, Carlos Lombardi, en tanto la sentencia eclesiástica que sanciona al monje Roqué tiene una “trampita”. “En ningún momento dicen que no haya habido abuso y recurren a la trampita de invocar el canon de la castidad. Pero piden perdón y expresan su dolor ante los hechos que ocasionaron el proceso. ¿Por qué se pide perdón en la sentencia si solamente hubo una violación a la castidad?”, se preguntó el abogado.

Lombardi enumeró, además, una serie de puntos que –desde su punto de vista- evidencian que a las autoridades de la Iglesia no les importa el bienestar del denunciante. Por ejemplo, destacó que el Tribunal Interdiocesano Bonaerense notificó por mail de la sentencia sancionatoria al joven sin avisarle a él como su abogado y pidiéndole expresamente que no se le diera participación (a Lombardi), que no se incluyeron los fundamentos que llevaron a tomar la mencionada decisión y que en la resolución hubo un cambio “alevoso” en el delito si se compara con la denuncia de Bustos.

“Nicolás denunció por abuso y el tribunal de Mendoza pidió la elevación a juicio por esa causal. Sin embargo, el Tribunal Interdiocesano Bonaerense encontró culpable al cura por violar el canon que le impone la obligación de castidad. Hay que recordar también que Nicolás denunció a los dos monjes, pero sólo investigaron a Roque. Por no investigar a Portillo es que este año denunciamos a los seis obispos y tres curas ante la Nunciatura Apostólica”, agregó el abogado del denunciante.

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“En esta sentencia contra Roqué dicen que no hubo abuso de poder ni de conciencia. Pero no explican cómo se llega a esa conclusión. Además lo suspenden para ejercer como cura durante ocho años, pero no lo expulsan. Eso es una trampa y peligro para otros jóvenes a futuro, ya que sigue siendo cura y sigue estando en la estructura eclesiástica. También se establece que el Arzobispado de Mendoza debe decidir a dónde residirá Roqué en los próximos cinco años. Ese traslado también significa un riego para otras personas. Con esos traslados los encubren”, se explayó Lombardi.

Para Lombardi, la sentencia que castiga a Roqué por incumplir con el canon de castidad “es una convalidación de lo que hemos sostenido siempre, que el procedimiento canónico es una parodia, que a la Iglesia no le interesa proteger a las víctimas, sino a los curas y de esta manera se están ratificando los daños que ocasionaron a Nicolás”, concluyó.