La causa judicial contra el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, imputado por presuntas coacciones en contexto de violencia de género y denunciado por supuesto abuso sexual a su expareja, sumó un nuevo capítulo este jueves.
La defensa del exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, presentó una denuncia paralela a la causa por la que está imputado.
El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, está imputado por coacciones en contexto de violencia de género
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Prensa Gobierno La causa judicial contra el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, imputado por presuntas coacciones en contexto de violencia de género y denunciado por supuesto abuso sexual a su expareja, sumó un nuevo capítulo este jueves.
La defensa presentó un escrito ante la Fiscalía en el que solicita abrir una investigación paralela por presunta tentativa de extorsión, falsa denuncia y falso testimonio de la denunciante.
El planteo fue realizado por los abogados Eduardo De Oro, Sofía Sosa Arditi y Daniel Sosa Arditi, quienes pidieron que se extraigan compulsas de distintas pruebas incorporadas al expediente principal para avanzar en un nuevo legajo penal.
Según el escrito presentado en la causa, al que tuvo acceso Los Andes, los defensores sostienen que existen “elementos probatorios concretos” que, a su criterio, permiten sospechar que la denuncia contra D’Agostino habría estado vinculada a un pedido de dinero previo.
La presentación judicial se da en el marco de la investigación que ya tiene imputado al exfuncionario de Alfredo Cornejo y luego de que la querella solicitara ampliar la imputación y que fuera detenido por presunto abuso sexual.
La defensa basa su acusación principalmente en dos pruebas ya incorporadas al expediente: un audio aportado por la propia denunciante y la declaración testimonial de un hombre cercano a ella, cuya identidad este medio mantiene en reserva.
De acuerdo con el escrito, el testigo declaró bajo juramento que la mujer le habría pedido transmitirle a D’Agostino un mensaje vinculado a una exigencia económica de “500 mil dólares” para que “no se enterara nunca más nada de él”.
Además, los abogados señalaron que en un audio incorporado a la causa —y presentado originalmente por la propia denunciante— se escucha mencionar la frase “quinientos mil”, lo que, según la defensa, reforzaría la hipótesis de una maniobra extorsiva.
Con esos elementos, los representantes legales del exfuncionario sostuvieron que la denuncia original “no responde a la verdad de los hechos, sino que es el instrumento utilizado para ejercer presión y obtener un beneficio económico”.
En la presentación, los abogados encuadraron los hechos en tres posibles delitos: tentativa de extorsión, denuncia falsa y falso testimonio.
Respecto de la supuesta extorsión, argumentaron que la amenaza de impulsar una denuncia penal habría sido utilizada como mecanismo de presión para obtener dinero.
También cuestionaron la veracidad de la acusación original y sostuvieron que, si la denuncia fuera genuina, “resulta inexplicable” que previamente se hubiera ofrecido no avanzar judicialmente a cambio de una suma millonaria.
En paralelo, pidieron que se investigue si existió falso testimonio durante las declaraciones prestadas en el expediente principal.
Otro de los puntos incorporados por la defensa fue la declaración testimonial de una expareja de D’Agostino, quien negó haber sufrido situaciones de violencia física, psicológica o sexual durante su relación con el exfuncionario.
Según el escrito, la mujer también relató episodios de discusiones y agresiones dentro de la relación entre D’Agostino y la denunciante, aunque esos dichos forman parte de la estrategia defensiva y todavía no fueron valorados judicialmente.
Los abogados insistieron además en que la investigación de estos nuevos hechos “es institucionalmente necesaria”, al considerar que una eventual utilización del sistema penal con fines extorsivos afectaría la credibilidad de las denuncias reales de violencia de género.
Por ahora, la Fiscalía deberá resolver si hace lugar al pedido y abre una causa autónoma para investigar las acusaciones formuladas por la defensa del exfuncionario.