El Gobierno de la provincia de Córdoba oficializó el cobro de los operativos a los padres o tutores de estudiantes que realicen amenazas escolares, una medida que había sido anticipada días atrás por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y que ahora quedó formalizada a través del Boletín Oficial.
La resolución, que ya se encuentra vigente, aprueba el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos, con el objetivo de establecer un mecanismo administrativo para reclamar los costos generados por este tipo de hechos.
Según se informó, la normativa busca promover el uso responsable de los recursos públicos, ya que en la mayoría de los casos las amenazas resultan ser falsas, pero obligan a desplegar importantes operativos policiales, servicios de emergencia y logística especial.
El procedimiento se activará luego de la intervención del Ministerio Público Fiscal, que será el encargado de identificar a los autores y a los adultos responsables. A partir de allí, las autoridades provinciales deberán determinar los costos de cada operativo, elaborar un expediente con los registros correspondientes y cuantificar los gastos asumidos por el Estado.
Posteriormente, se intimará a los responsables al pago en un plazo perentorio de cinco días. En caso de incumplimiento, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales de recupero.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la medida apunta a desalentar este tipo de conductas y a evitar el uso indebido de recursos que podrían destinarse a situaciones reales de emergencia.