El proyecto de ley que busca regular los jardines maternales avanza a paso firme en la Legislatura de Mendoza. Tras haber recibido media sanción de la Cámara de Senadores, ahora obtuvo despacho favorable de Comisiones en Diputados.
Con media sanción del Senado, obtuvo despacho favorable de comisiones en Diputados. Busca establecer un marco normativo para su regulación y control.
El proyecto de ley que busca regular los jardines maternales avanza a paso firme en la Legislatura de Mendoza.
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El proyecto de ley que busca regular los jardines maternales avanza a paso firme en la Legislatura de Mendoza. Tras haber recibido media sanción de la Cámara de Senadores, ahora obtuvo despacho favorable de Comisiones en Diputados.
El plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Cultura y Educación dio el visto bueno al proyecto que busca establecer un marco normativo para la regulación, supervisión y control del funcionamiento de los Jardines Maternales de Gestión Privada.
Se da en un contexto en el que la gestión educativa mendocina avanza en el fortalecimiento del Nivel Inicial y en particular de sala de 3, que esperan universalizar en 2027 (garantizar el acceso a todos los chicos en condiciones de acceder) y que esta se transforme en obligatoria a partir de 2028.
El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección General de Escuelas (DGE), apunta a incorporar los jardines maternales de gestión privada al sistema de educación formal. Se trata de aquellos que reciben niños desde los 45 días, muchas veces también denominados guarderías. Por eso, a fines del año pasado, había presentado un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza.
Es que hasta ahora estos son controlados por los municipios como comercios pero desde la DGE pretenden regularlos y establecer parámetros sobre su funcionamiento y contenidos.
Según define el proyecto, abarca a instituciones de carácter educativo-asistencial que tienen como fin la atención integral de niños y niñas desde los cuarenta y cinco días hasta los tres años inclusive, al momento de la inscripción, quedando comprendidas las instituciones “cuya gestión sea de carácter privado, cooperativo y/o social, ya sea que pertenezcan a organizaciones con o sin fines de lucro, organizaciones intermedias, sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, universidades, comunitarias u otras similares, siempre que no se encuentren incorporadas a la enseñanza oficial de la Dirección General de Escuelas”.
Como destacan en la DGE, el objetivo es que desde el gobierno escolar se acompañe, regule y supervise a estos espacios transformándolos en parte del sistema educativo de la provincia.
La intención -según refieren desde el gobierno escolar- es poder brindarles un lineamiento pedagógico, que puedan armar su plan en base a esto. También que puedan hacer las capacitaciones que ofrece la DGE y unirse al sistema educativo para unificar lineamientos.
La propuesta crea el Registro Único de Jardines Maternales de Gestión Privada de la Provincia de Mendoza de registración obligatoria de todas las instituciones comprendidas en la Ley. Será una condición previa e ineludible al inicio de sus actividades y los datos deben mantenerse actualizados.
Además, será de consulta pública y gratuita en la página web de la DGE, justamente el área que tendrá a su cargo la potestad de inspección, funcionamiento y supervisión pedagógica y técnica de estas instituciones. Por otra parte, el control administrativo y comercial quedará a cargo de la autoridad municipal o provincial competente.
Es que, según destacaron funcionarias de la DGE en la exposición en la Legislatura, “no sabemos cuántos chicos hay en los jardines privados, no sabemos si entran a sala de 4 y provienen de un jardín o no. En lo público, sí se sabe. Esto permite un seguimiento de su trayectoria. Hoy se hace en el sector público pero no lo tenemos en los jardines maternales privados”, comentaron la coordinadora General de Políticas Educativas, Adriana Yenarópulos, y a la directora de Centros Educativos de Primera Infancia, Natalia San Juan
La idea es mantener esa información actualizada en el Sistema de Gestión Educativa Integral (GEI), como sucede con el resto del sistema de educación obligatoria.
Además el texto establece:
De aprobarse la propuesta, se deberá garantizar una presencia mínima de adultos responsables por sala:
Sala de Lactantes (45 días a 12 meses): 1 adulto cada 5 niños;
Sala de 1 año (13 meses a 24 meses): 1 adulto cada 8 niños;
Sala de 2 y 3 años (25 meses a 36 meses): 1 adulto cada 12 niños.
Adicionalmente, deberá contar con al menos 1 auxiliar general itinerante de sala cada 3 salas, cuya función principal será la de facilitar las atenciones de alimentación, higiene y sueño de los niños y niñas.
La estrategia se apoya en dos pilares claros: los beneficios que se han estudiado sobre la escolarización temprana en el desarrollo infantil y la necesidad de las familias de contar con espacios educativos seguros desde edades cada vez más tempranas.
La provincia viene sumando salas de manera sostenida, favorecido por una baja en la natalidad que dejó espacios liberados gracias al descenso de la matrícula.
Según datos de la DGE, al finalizar el ciclo lectivo 2025 funcionaban 817 salas de 3 años en todo el territorio provincial, a las que asistían 10.678 niños. De ellas, 180 dependen del área y se anuncia la incorporación de 80 nuevas.
“Estamos convencidos que el sistema privado también es parte del sistema educativo y que ellos también colaboran con este objetivo principal que tenemos, que es la universalización de la sala de 3. Los jardines privados, jardines maternales de gestión privada, tienen una gran inserción con los chicos de 3, 2 y hasta 45 días, pero queremos saber si podemos universalizarlas o no, cuántas salas nos faltan, cuántos chicos están atendidos, no teníamos ningún marco de referencia”, explicó a Los Andes Yenarópulos.
