El reciente operativo de la Policía Rural y el Ministerio Público Fiscal dejó al descubierto una escena que, aunque indignante, no sorprende a quienes trabajan en derecho animal: más de cien personas reunidas en pleno campo, entradas cobradas, apuestas ilegales, perros dopados y un circuito que, según todo indica, funcionaba con organización interprovincial. En diálogo con Aconcagua Radio, el abogado Denis Pizzolatto, integrante de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados, desmenuzó el trasfondo jurídico y social de este tipo de delitos.
“Estamos asombrados de cómo cien personas pueden juntarse en un lugar, hacer algo ilegal, cobrar entrada, llevar animales galgueros, inyectarles cosas y que todo esto esté sucediendo”, señaló al comienzo. Aunque esta vez las fuerzas de seguridad lograron detener el evento, el origen del problema sigue siendo el mismo: maltrato y crueldad animal en prácticas prohibidas en todo el país.
Pizzolatto explicó que este tipo de competencias no solo son ilegales, sino habituales. “Personas de varias provincias habían venido; iban a seguir con distintas fechas, sometiendo a estos animales. No es algo que nos sorprenda porque pasa en todo el territorio nacional”, indicó.
Uno de los puntos clave es el traslado de animales entre jurisdicciones. La policía, contó, suele detectar camionetas con perros encerrados, pero no siempre puede intervenir. “No hay una herramienta legal para detenerlos solo por presunción”, dijo. Sin embargo, recordó que existe la Ley 27.330, sancionada en 2016, que complementa al Código Penal y eleva las penas por organizar, promover o facilitar carreras de perros. “No solo se pena al que realiza la carrera, sino al que la organiza, la promueve o presta el terreno. Hasta el que reparte un panfleto es punible”, explicó.
A esto se suma la histórica Ley 14.346, de 1954, que establece penas por maltrato y crueldad animal, aunque con castigos bajos y excarcelables. Aun así, la jurisprudencia ha avanzado y los animales son tratados como víctimas en el marco penal. “Nuestro Código Civil los considera cosas, pero los jueces penales hablan de animales como sujetos de derecho, personas no humanas. Lo que falta es modificar el Código Civil para que deje de verlos como objetos”, sostuvo.
Sobre las penas vigentes, Pizzolatto aclaró que la ley de prohibición de carreras prevé prisión de tres meses a cuatro años, lo que la vuelve no excarcelable. Y detalló que en el caso de Mendoza podría configurarse un concurso real de delitos si se comprueba dopaje sin fines terapéuticos, apuestas ilegales o incluso tráfico de estupefacientes. “Había sustancias para estimularlos. El fiscal tendrá que analizar todo y caratular en base a las pruebas”, agregó. No descartó que pueda tratarse de asociación ilícita, dado el nivel de organización y convocatoria. “Se juntaban para cometer un delito”, afirmó.
El abogado insistió en la importancia de la denuncia ciudadana, tanto anónima como presencial. En zonas rurales, donde suelen realizarse estas competencias, muchos vecinos detectan movimientos sospechosos. “Porque circules con un perro en una ruta no es delito, por eso la sociedad tiene que involucrarse y denunciar cuando ve actos de maltrato o crueldad”, explicó.
Las herramientas para denunciar, recordó, son varias: se puede ingresar al sitio del Ministerio Público y completar el formulario online, o acudir directamente a la Fiscalía especializada en maltrato animal del Polo Judicial. Si el hecho está ocurriendo, la vía inmediata es llamar al 911, para que la policía intervenga en el momento. “Después habrá que ampliar la denuncia, pero cuando estoy viendo un acto de maltrato tengo que llamar”, enfatizó.
Para cerrar, Pizzolatto remarcó que estas organizaciones no alimentan ni cuidan a los perros por afecto, sino por negocio. “Los tratan como máquinas de generar dinero. Hay toda una historia de daño físico y emocional detrás de cada animal”, señaló. La ley existe y las penas también. Lo que falta, insistió, es detectar los hechos a tiempo y denunciarlos.
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