El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal solicitó la intervención de Cancillería argentina la representación consular en Río de Janeiro ante la situación judicial de la abogada Agostina Páez.
El pedido central es que se gestionen los medios para que ella pueda regresar al país y continuar el proceso judicial desde su domicilio.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal solicitó la intervención de Cancillería argentina la representación consular en Río de Janeiro ante la situación judicial de la abogada Agostina Páez.
La joven se encuentra retenida en Brasil tras ser acusada de hacer gestos racistas durante una discusión con los empleados de un bar.
A través de un carta dirigida al canciller Pablo Quirno, el presidente de la institución, Ricardo Gil Lavedra, reclamó para que intervenga de manera oficial en el caso de Agostina para garantizar el pleno resguardo de sus derechos y garantías como ciudadana argentina.
En la misiva, Gil Lavedra afirmó que “pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas. Es posible seguir adelante el proceso y que la joven pueda retornar al país”.
La solicitud contó con el respaldo de Luis Alberto Miguel, el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, quien expresó su preocupación por la situación de la abogada matriculada en esa jurisdicción. Miguel solicitó formalmente el acompañamiento del colegio porteño, sumando así la voz de otra entidad relevante del ámbito jurídico argentino.
Ambos dirigentes remitieron además una carta a la Orden de Abogados de Brasil, Sección Río de Janeiro, solicitando la colaboración de la entidad brasileña para asegurar que “el proceso penal seguido contra la ciudadana argentina Páez se desarrolle con pleno respeto de las garantías del debido proceso, el derecho de defensa en juicio, la igualdad ante la ley y el acceso efectivo a la justicia”.
Este lunes, Páez se reunió, junto a su equipo de abogados, con el cónsul general en Río de Janeiro, Jorge Enrique Perré. "Lo que más quiero es volver a la Argentina y seguir el proceso desde casa“. dijo la joven.
Al finalizar el encuentro, la abogada de 29 años se presentó ante el juzgado interviniente para ratificar que se encuentra a derecho y cumpliendo las normativas locales.