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En las últimas semanas hemos asistido a un hecho que no ha merecido, pese a su gravedad, ni consideración ni preocupación por la opinión pública, los medios y los partidos políticos, que se han mostrado ante él sorprendentemente ajenos, como si no fuera un problema de su incumbencia. Salvo la lógica reacción de los afectados, todo ha ocurrido en un ominoso silencio.
Así, con rara unanimidad, desapareció de un día para otro, la importante publicidad a toda página que realizaban las cadenas de supermercados en los diarios La Nación y Clarín los fines de semana, sin que se produjeran protestas o reclamos significativos. Y en estos días ha pasado desapercibida la suspensión por Telefónica -una multinacional española- de todos los anuncios publicitarios en los medios orales escritos y televisivos del grupo Clarín. Además, como si esto fuera normal, ni los supermercadistas ni Telefónica han dado ninguna explicación al respecto y se abroquelan en un esquivo mutismo.
De este modo, las denuncias formuladas por Clarín y La Nación de que tanto supermercados como Telefónica han obedecido órdenes -dadas incluso verbalmente- del Secretario de Comercio para que suspendieran su publicidad en esos medios, ha sido, prácticamente, la única aclaración al respecto.
La excusa de que en virtud del congelamiento de precios no es necesario hacer publicidad porque no hay lugar para la competencia, desconoce que esta publicidad está dirigida a la captura de una demanda que, mediante ofertas, cuotas y descuentos sobre determinados productos, asegure un flujo de consumidores que compren, además, los productos habituales. Prueba de esto es que las mismas cadenas de supermercados continúan con esta publicidad semanal en los periódicos del Interior del país y en las publicaciones on line de los prohibidos.
Hasta aquí, los hechos.
No se trata de un asunto de poca monta y sin trascendencia. Económicamente implica una pérdida de muchos millones de pesos para esos medios que pueden ver comprometido su funcionamiento; políticamente, se trata, de este modo, de acallar los periódicos de mayor circulación en el país para que el gobierno imponga el monopolio informativo oficial y pueda manipular impunemente la opinión pública con su propaganda.
Nadie debería, pues, hacerse el distraído porque la realidad es que estamos frente a un "apriete" del secretario de Comercio a grandes empresarios y a la obediencia callada y sumisa de estos. Es decir, estamos, dejando de lado eufemismos a la moda que sirven para transformar en coloquial lo inadmisible, frente a un chantaje, una extorsión que mediante la amenaza de la difamación u otro daño pretende obligar a alguien a actuar en determinado sentido que lo beneficia.
Es muy probable que esto constituya un delito, sin embargo, más allá de su posible tipificación y de como se llame a los protagonistas -apretador y apretado, chantajista y chantajeado, extorsionador y extorsionado- lo esencial es que a ambos los une, entrelaza e identifica, una relación intrínsecamente inmoral porque esconde una realidad inconfesable: si alguien puede apretar, lo que ya es moralmente reprochable, es porque el otro tiene cosas que esconder, seguramente al margen de la ley, que le generan una debilidad que lo transforma en sumiso y le hace aceptar con incalificable cobardía imposiciones indignas.
Además, en efecto a nuestro juicio estamos ante hechos de inusitada gravedad en este caso el chantaje es tanto más grave por los siguientes agravantes:
* Que el chantaje exista y que sea hecho por el gobierno mediante un desembozado abuso de su poder y utilizando espuriamente organismos que tienen otros destinos, es un hecho grave en sí mismo. Cuando se hace para coartar la libertad de expresión y manipular la opinión pública es, además, peligroso y debiera constituir un alerta para toda la ciudadanía. ¿Qué más se puede perder mañana?, ¿por quién vendrán mañana? El miedo, difuso, permanente, amenazante, constituye, por su sola presencia, una grave pérdida de la libertad.
* Que empresas que manejan cientos o miles de millones de pesos, con un enorme poder económico que les permitiría seguramente resistir cualquier embate, hayan sido presa fácil de este miedo y en bloque, sin fisuras ni excepciones, no hayan medido o no les importen las consecuencias de sus decisiones y se hayan doblegado ante un despreciable chantaje, muestra, como la otra cara de la moneda, la pendiente de degradación por la que nos deslizamos.
* Que partidos políticos, medios y, en general opinión pública, no se sientan alarmados por estos avasallamientos y lo expresen, que no perciban el peligro de aquella pendiente, es tanto o más preocupante. Es como si una atmósfera densa de anestesia ética y social se nos pegara a la piel, lo invadiera todo y sofocara nuestra capacidad de reacción.
Cada vez más la división de poderes que la Constitución establece como mecanismo de equilibrio y contrapeso para evitar caer en su ejercicio arbitrario, cede ante una vocación autoritaria que se percibe a sí misma como un liderazgo mesiánico que está por encima de la ley. El parlamento, bajo el peso de la mayoría oficialista en ambas cámaras ha cedido sus facultades de legislar y controlar y se ha transformado en un poder vaciado, inútil y sometido, que solo existe para convalidar decisiones y órdenes del Poder Ejecutivo.
La Justicia presionada, amedrentada y también posiblemente en algunos casos sobornada, aparece cada vez débil, acorralada y divida. Víctima de permanentes y viles campañas orquestadas para denigrarla y anularla como poder independiente y garante de los derechos, resiste, casi solitaria, sin una ciudadanía que verdaderamente la defienda, en bastiones casi heroicamente conscientes de sus deberes. Si consentimos que se la derrote, Constitución y leyes pasaran a ser una formalidad, meros papeles sin autoridad que servirán de fachada a un poder despótico.
Las opiniones vertidas en este espacio, no necesariamente coinciden con la línea editorial de Diario Los Andes.
