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Luego de observar las repercusiones que tuvo el hipotético proyecto del Gobierno provincial de poner en marcha una bodega estatal, que finalmente devino en un financiamiento de 5 millones de pesos (a tasa cero) para que una cooperativa integrada por contratistas de viñas pudiera adquirir una bodega, la conclusión es la misma: “Esta política no resuelve el problema de fondo y encubre, detrás de buenas intenciones, decisiones políticas discrecionales sin un objetivo claro”.
Primeramente, nos gustaría dejar en claro que el gobernador Francisco Pérez habló de una bodega estatal. Basta utilizar cualquier buscador de internet para corroborarlo. Tal vez, la idea era otra y se comunicó mal. No obstante, en esta nota analizaremos lo que definitivamente ocurrió: el apoyo financiero otorgado a los contratistas de viña, en función de las diversas opiniones vertidas en este mismo medio por respetados analistas y actores del sector.
Entrando en tema, nosotros somos partidarios de que el Estado debe intervenir con instrumentos o herramientas eficientes cuando los mercados fallan. Sin embargo, en este caso particular, y como observará el Dr. Garro, no vemos claramente la falla que se pretende corregir. Pareciera que lo ideal sería que todos los productores primarios se conviertan en industriales fabricantes de bienes finales. En ese caso, la solución es muy simple: apoyar a los productores primarios de cualquier sector, nucleados en algún esquema asociativo, para que puedan avanzar posiciones en la cadena productiva. ¿Qué harían los industriales que actualmente operan en el mercado? ¿Desaparecer?
Coincidimos con Sepeda en los beneficios del sistema cooperativo y celebramos que los contratistas de viña quieran mejorar la calidad de vida de sus familias, pero el hecho de que hayan accedido a una bodega no garantiza en absoluto que alcancen tan loable fin, ya que comercializar vinos fraccionados requiere de una costosa infraestructura, tal cual sugiere sabiamente el Ing. Eduardo Sancho al decir que “sin mercado, la integración queda trunca”.
Por otra parte, con el Ing. Biondolillo, por supuesto que también compartimos el deseo de que las políticas económicas promuevan la inclusión social, pero no deja muy claro cómo alcanzar una situación que supere los resultados alcanzados por los instrumentos de política vitivinícola existentes: Acuerdo Mendoza-San Juan, Fideicomiso del Mosto, Política Crediticia a través del Fondo para la Transformación y Crecimiento y todos los programas que lleva adelante Coviar.
Finalmente, con el Lic. Licanic estamos de acuerdo en que es bueno agregar valor (transformar uva en una botella de vino), pero no a cualquier costo. Esto mismo se puede alcanzar sin la necesidad de que los contratistas posean una bodega. Sólo hace falta firmar un buen contrato de maquila con alguna bodega que preste un buen servicio, adquirir los insumos secos y alquilar el sistema de fraccionamiento móvil. Seguramente, financiar estos costos hubiera sido mucho más económico para el Estado y daría la chance de pensar en el financiamiento de la bodega y del equipo de fraccionamiento, una vez que se constaten los resultados de la comercialización.
En definitiva, consideramos que difundir esta medida de política económica no garantiza alcanzar la “inclusión social” de los pequeños productores primarios o contratistas de viña, deseada por todos y en forma sostenible. Y lo más grave es que abre las puertas para que otros actores del sector y de otros sectores reclamen con justicia un tratamiento similar.
Los vinos tienen una demanda final (interna y externa) que, generalmente, no se pregunta cuál es la situación social de las personas que participaron en su proceso de producción. Lo que sí importa es la relación calidad/precio del producto. La vitivinicultura, como tantas otras actividades económicas del país, tiene problemas de competitividad por el aumento de los costos en dólares fruto de la elevada inflación argentina. Mientras menos se venda, menos habrá para repartir. Esa es la peor forma para incluir.