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Cuando se produjo la crisis de 2001, la primera decisión del gobierno de entonces fue congelar los precios de los servicios públicos, pero la tarifa quedó pesificada. Esta decisión generó grandes pérdidas a los entonces concesionarios que habían invertido en dólares y tenían tarifa medida en la misma moneda.
El congelamiento se mantuvo y el gobierno de Néstor Kirchner alentó la salida de las empresas extranjeras (muchas con juicios en el Ciadi) y las empresas fueron vendidas a grupos económicos cercanos al gobierno que las compraron casi a precio de quiebra.
Estos grupos “amigos” contaban con una promesa de los funcionarios de ir aumentando las tarifas moderadamente para actualizarlas. Así, habiendo comprado muy barato, las expectativas eran las de ganar con la valorización de la compañía, por lo cual comprometieron inversiones de capital para sostener los servicios.
Pero las tarifas se mantuvieron congeladas, los gobiernos exigían mayores inversiones, la inflación apretó con los costos operativos y los aumentos salariales completaron un paquete explosivo que está a punto de estallar.
Hay tres distribuidoras eléctricas que no están pagando la energía a Cammesa, que es la distribuidora mayorista. Ellas son Edenor, Edesur y la mendocina Edemsa.
Para evitar el colapso de las generadoras, el gobierno le ha estado dando plata a la distribuidora e, incluso, se tuvo que hacer cargo del último aumento salarial en Edenor.
Las dos distribuidoras de Buenos Aires ya están técnicamente en concurso de acreedores, aunque falta su formalización, pero el gobierno no quiere aumentar tarifas, aunque ha congelado el monto de los subsidios, con lo cual, lo que están mal se caerán y los pocos que sobreviven pueden colapsar.
A pesar de esto, desde ciertos organismos del Estado parecen desconocer el cuadro de situación. Esta semana el ENRE (Entre regulador nacional) intimó a Edenor a pagar sus consumos de energía, sabiendo que el mismo gobierno, por otra ventanilla, le había prestado palta para pagar salarios.
La distribuidora de gas metropolitana, Metrogas, anunció en septiembre que estaba retrasando pagos a sus proveedores porque los aumentos de costos no podían ser compensados con la caja y esta semana debió recibir un aporte irrevocable de sus socios por 1,5 millones de pesos para hacer frente a gastos societarios. Los socios del Metrogas son, en partes iguales, la británica BG e YPF.
La acción del gobierno es suicida. Ya no quedan grupos nacionales dispuestos a perder plata y el Estado, si se hace cargo de todas las empresas, como sueñan algunos nostálgicos del estatismo económico, no solo no podrá hacerlas funcionar si no que deberá aumentar las tarifas, como ocurrió en Mendoza con el caso de Aysam.
Ya para el presupuesto 2013 están previstas disminuciones de partidas, también, para los subsidios al transporte público de pasajeros y todo esto lleva a una pregunta ¿por qué dejan todo para el año electoral, si podrían hacerlo antes?