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Para gobernar la seguridad hace falta un elemento fundamental y no remplazable: saber qué hacer. No basta la receta de "dar la cara", pasar el chubasco de una minicrisis, armar una comisión, dedicar muchas horas a explicar todo, mostrarse con mucha voluntad o con dedicación full time.
En materia de seguridad pública, ya sabemos, aceptamos y repetimos demasiado que "la problemática es muy compleja". Y lo es. Pero también es cierto que repetir esas argumentaciones sin poner en práctica ningún camino hacia el desenredo de la madeja ha dejado a muchas de ellas como frases huecas.
Por ejemplo: si bien la consecución de un estado de seguridad aceptable para la población es el resultado de la conjunción de acciones muy diversas desde lo social, lo cultural, el desarrollo y lo policial, esto último es un factor central.
El abordaje policial de la seguridad resulta postergado en nuestra agenda dirigencial debido al excesivo uso de los otros factores como excusa y al fracaso de la coordinación de esfuerzos. Por ello, para poner los puntos en claro a la hora de "barajar y dar de nuevo", hay que hacerse a la idea de que no se trata de contener a la opinión pública una vez más, ni de sobreactuar con medidas clásicas, simpáticas, copiadas o novedosas. Gestionar el Estado requiere tener voluntad, buenas intenciones y contracción al trabajo. También "dar la cara". Pero eso es sólo un condimento de una preparación mayor.
Ya lo sabemos: no habrá éxito sostenido -que es lo que se pretende en una política pública- si no tenemos un diagnóstico real de lo que pasa, dónde y cuándo, además de por qué.
Un dato es que el hecho de no saber qué hacer nos ha llevado a una escalada del gasto público en la materia fenomenal, que finalmente no se ve reflejado en los resultados. Recientemente se difundieron las cifras del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que indican que en Mendoza, por ejemplo, sostener el sistema público de seguridad cuesta $ 1.049 pesos por habitante. La cifra no dice mucho si no se compara con las de otras provincias. Allí es cuando queda claro que aquí se invierte más que en la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, la escalada del gasto (que muchas veces hasta es presentado como un avance de la gestión), sin tener en claro cuáles son los factores que deben ser atacados, respondiendo a un diagnóstico de los medios o de acuerdo al ímpetu de los reclamos sociales, hace que mucho dinero caiga en un pozo negro. O no: en las manos equivocadas, en elementos que no hacían tanta falta, en la formación de un policía con capacidades que no son justamente las que necesitamos o en la superestructura ministerial que, finalmente, retroalimenta el fracaso.
No se sabe qué hacer porque no se sabe qué pasa.
Los diagnósticos, huelgan. Es difícil todavía hoy, después de años de que el tema se transformara en una polémica, tener estadísticas serias y confiables en materia de seguridad. El miedo a que se sepa tal o cual cosa pone en situación de estrés a los funcionarios y no sólo en Mendoza, es algo común en muchas gestiones en el mundo entero.
Se conoce a nivel conducción de las acciones públicas en seguridad un compendio de cifras que parten de las denuncias que se formulan o de las versiones que emanan de las propias dependencias policiales. Se da importancia de "diagnóstico" a un mapa construido desde la demanda pública, mediática: del que grita más fuerte. Por lo tanto, se responde a un esquema que está viciado y que, como consecuencia, no da resultado.
En realidad, el área de Seguridad debería ser sumamente exigente consigo misma en esta materia: saber qué pasa es el motor central de la política pública en cualquier área. Eso es el famoso "mapa del delito", un nombre que lamentablemente en Mendoza no podemos decir porque fue minado por el bastardeo y la desconfianza generada años atrás. Si no se conoce eso, lo dijimos, tampoco se sabrá qué hacer o algo peor: se actuará a tontas y a locas.
Cada nueva crisis resulta el momento oportuno para reinventar todo el sistema público de seguridad y observar cómo, cuándo, por qué y para qué debe intervenir en asocio el privado. El asunto es quién se anima a comprender que una "política de Estado" no es una repartija de cargos políticos en un Ministerio, hasta el punto de conseguir bajar el tenor de las quejas, al menos, desde la política. A propósito de ello, ¿sirve que sigamos teniendo todo un ministerio destinado a la Seguridad, con escaso nivel técnico, mucha voluntad y, sobre todo, ganas de que el paso por allí sirva como catapulta política para otro cargo, no importa cuál fuere?
Si se avanza, hay que hacerlo sin miedo en pensar en lo policial, además de todo lo demás. Qué personal tenemos y cuál necesitamos; cuán bien o mal remunerados están de acuerdo a la función; cuánto hay de capacitación continua, descanso adecuado, qué posibilidades de crecimiento profesional se les brinda, qué se premia y qué se castiga en la actualidad y cómo debiera ser en un futuro próximo.
Las oportunidades se manifiestan esporádicamente. Son los políticos los que tienen que detectarlas cuando se produce y conducir estos procesos para saber aprovecharlas en beneficio de la sociedad de la que son una parte destacada, porque en sus manos está el destino del lugar en que queremos seguir viviendo; en el que queremos seguir vivos.