El gobierno comienza a recortar los subsidios que aplica en varios servicios públicos. Ya son conocidas las decisiones de eliminar los subsidios que benefician a ciertos usuarios de luz y de gas. En el caso de la luz, se propuso que los que no lo necesitaran, podían renunciar voluntariamente pero, como muy pocas personas lo hicieron, el gobierno continúa evaluando zonas y va quitando los mismos casi “casa por casa”. En el caso del gas ya se aplica en casi todas las provincias, menos en Mendoza donde aún rige una acción de amparo.
Ahora es el turno del transporte público de pasajeros. En función de la resolución N° 422 del Ministerio del Interior y Transporte, publicada el martes pasado en el Boletín Oficial, el gobierno fija un tope del monto de subsidio a otorgar, que fija en un máximo de 1.362 millones de pesos mensuales. De estos, 965 millones se destinarán a las empresas que operan en el área metropolitana y 397 millones irán a las que prestan servicio urbanos e interurbanos en el interior del país.
Hasta ahora, las provincias no podían aumentar el boleto porque tenían la amenaza del ministro De Vido de que se les quitarían los subsidios a quienes aumentaran los boletos sin autorización. Pero ahora, esta resolución firmada por el ministro Randazzo, reconoce la potestad de las jurisdicciones nacionales y provinciales o municipales (según cuál sea el poder que concesiona) para ajustar las tarifas en función de las variaciones de costos.
Está claro que lo costos de explotación de los servicios están sometidos a la presión inflacionaria pero el mayor costo actual del servicio lo constituyen los salarios, que se llevan más del 55% del costo total. Éste será un factor que influirá, seguramente, el año próximo, cuando se aprueben las nuevas paritarias del sector, que ahora no será cubierto más por el gobierno nacional.
Al congelar el monto total del subsidio, el gobierno no lo quita pero sabe que lo licua con la inflación y los mayores costos deberán ser absorbidos por provincias, municipios o las propias empresas resignando utilidades aunque, justo es decir, terminará financiándolo el pasajero, ya sea con un mayor costo del boleto o con una pérdida en la calidad del servicio.
Un dato para tener en cuenta es el precio del boleto en localidades donde la concesión es municipal y ese municipio no tiene recursos para subsidiar el boleto. Es el caso de Córdoba, donde el boleto hoy cuesta $ 4,20 y deberá seguir subiendo ya que la Nación no reconocerá mayores costos y, mucho menos, los que generen los aumentos salariales.
El sistema, en principio, no debería generar aumentos muy grandes, aunque es posible que sean necesarios varios ajustes de precio en el año, no muy fuertes, para ir acompañando los mayores gastos que se generen, como aumentos de combustibles o repuestos.
Habrá que esperar la decisión del gobierno de Mendoza, que hizo una actualización hace poco, pero que sigue manteniendo un volumen importante de subsidio complementario. Dado que las finanzas provinciales están demasiado comprometidas, es posible pensar que el gobierno de Francisco Pérez decida mantener un volumen nominal de subsidios, que se licue en el tiempo y vaya trasladando la diferencia a nuevos ajustes tarifarios. No se puede saber cuándo ocurrirá, aunque es seguro que cuando se cierren las paritarias del año próximo, no podrán eludirlo.
