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El acuerdo negociado por el Gobierno con Irán para la investigación del atentado terrorista que en julio de 1994 segó 85 vidas en la sede de la AMIA y el primer aniversario de la masacre ferroviaria de Once, con su secuela de 51 muertes, son una coincidencia que, por estos días, sintetiza algunos rasgos definitorios del kirchnerismo.
El primer caso es una capitulación política, judicial y jurisdiccional a la que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner busca dar visos de consensual con el sello de la Escribanía en que ha convertido al Congreso de la Nación.
La defensa que el canciller Héctor Timerman hizo allí del acuerdo es vergonzosa, al punto de afirmar que si el gobierno de Irán no cumple lo que supuestamente se espera de él y sigue obstaculizando la investigación, el acuerdo no habrá servido para destrabar la causa judicial -propósito por el que arguye haberlo firmado el gobierno-, pero la Argentina contaría entonces con un nuevo elemento de presión moral sobre el régimen iraní.
¿Timerman cree que eso le importa a un gobierno cuyo presidente niega, en cuanto foro internacional se le presente, que el Holocausto haya existido? Tal vez sí; él mismo dijo en un reportaje radial que esa negación no tiene nada que ver con el acuerdo aunque proviene del gobierno con el que se acordará una "Comisión de la Verdad".
¿De qué "presión moral" habla Timerman? Si sus palabras no generaran indignación, el canciller podría inspirar pena por tanto papelón televisado.
En el Senado, hasta cayó en el lapsus de decir que el "encubrimiento" del atentado es mérito de los gobiernos kirchneristas. El primero de ellos, valga recordar, fue el que en 2007 llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas el reclamo -en la voz del entonces presidente Néstor Kirchner, que precedió en la palabra a su par iraní, Mahmoud Ahmadinejad- de que los funcionarios iraníes acusados por el fiscal argentino Alberto Nisman y buscados por Interpol se presentaran a declarar.
La entonces senadora Cristina Fernández, que al mes siguiente sería electa presidenta, aplaudía.
La saga de Once también es un muestrario de duplicidad. No sólo como resultado de una política de servicios públicos corrupta e incompetente (nunca el Estado asignó tanto dinero para tener servicios tan malos; eso sí, baratos, no sea cosa que la miseria se note demasiado), sino también por las reacciones posteriores, desde el ninguneo oficial a las víctimas hasta el descaro del gobierno de pretender ser querellante en la causa por una masacre de la que fue, como mínimo, corresponsable.
Pero aunque ilustrativas del carácter del gobierno, esas cuestiones dicen más acerca del pasado reciente que del futuro político inmediato. Para esto, mejor observar la sinuosa relación entre la Casa Rosada y el gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
Un buen hilo conductor, como casi siempre sucede con el kirchnerismo, es el dinero. Con sus quejas cada vez más explícitas (como su reclamo de replantear el reparto de impuestos federales, en el que alega que su provincia es cada vez más discriminada) y los crecientemente ostentosos gestos de desafío político (no sólo jugar al fútbol con Macri, al fin y al cabo jefe político del más grande distrito vecino, sino ya abrazarse con Julio Cobos, ex vicepresidente "traidor" y futuro verdugo electoral del kirchnerismo), Scioli está diciendo al Gobierno que no lo cuente gratis para las elecciones de octubre, en las que estarán en juego la posible "eternidad" de CFK y su contracara, un deterioro político irremediable y probablemente acelerado.
Aunque su estilo es la cautela, al límite de la pusilanimidad política, Scioli sabe que es momento de jugar fuerte. La presidenta lo ha empujado a eso. De un lado, lo conmina a alinearse con el crisnerismo en una elección de beneficios para él inexistentes y costos tal vez irreversibles. Del otro, lo somete a una morsa fiscal.
La discriminación es muy visible. Una parte se debe al descalabro que produjo la inflación en el régimen de reparto federal de recursos, licuando el "Fondo del Conurbano", una herramienta negociada en 1992 para "compensar" la pérdida de puntos de Buenos Aires en la "coparticipación secundaria" de impuestos.
Como en 1996 al Fondo se le puso un techo nominal (650 millones de pesos, que entonces equivalían al dólar), aquel botín es hoy una pitanza, al punto de que en 2012 siete provincias (Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza y Santiago del Estero) recibieron por este concepto más que la propia Buenos Aires.
Así, la provincia donde vive el 42% de la población total y el 44% de los pobres del país pasó de recibir el 24% de las "transferencias automáticas" de la Nación en 2003 a 19,2% el año pasado. A eso el crisnerismo sumó una dosis de lisa y llana arbitrariedad en el reparto de los "fondos discrecionales"; el año pasado Buenos Aires fue la única provincia que recibió por ese concepto menos fondos que en 2011, incluso en términos nominales.
Pero el gobierno apretó tanto a Scioli que, como dice el consultor Federico Muñoz, al final "bajó el costo" a su rebeldía. En 2010, los "fondos discrecionales" del Tesoro nacional cubrían el 10% del presupuesto bonaerense.
En 2012, cubrieron apenas el 3%. ¿Tan poco vale la obediencia? Por eso, entre otras cosas, Scioli dijo que su gobierno puede otorgar sólo 8% de aumento a los maestros y que cualquier cifra por encima deberá cubrirla la Nación, un mensaje tanto a la Rosada como al líder gremial de los docentes bonaerenses, el filokirchnerista Roberto Baradel, que pide un 30%.
Las paritarias, y en particular la docente, a la que la Nación fijó un tope de 22%, son, junto al congelamiento de precios por 60 días, la apuesta oficial para intentar frenar la inflación. Ésa que el gobierno niega hace más de seis años con mentiras estadísticas, pero que contagió de rebeldía hasta al manso de Scioli.
