El grado de agitación que ha alcanzado la actividad política en las últimas semanas, y la diversidad de frentes conflictivos en los que deben ocuparse y confrontar tanto el Gobierno como la oposición, constituyen sin dudas una práctica saludable en el funcionamiento de la democracia. En un exceso de reflexión teórica puede decirse que el debate, la negociación, la búsqueda de objetivos tácticos o estratégicos en la construcción de poder, son la esencia misma de una política vital, no adormecida ni ausente como muchas veces hemos lamentado. Pero eso en la lucha política define el continente, no necesariamente el contenido de las discusiones.
Dentro del oficialismo han aparecido algunas incertidumbres que la conducción excluyente que ejerce Cristina Fernández no logra despejar. Las dudas que alimentan no sólo militantes rasos sino también algunos encumbrados dirigentes con rango de ministros, son producto de la falta de definiciones sobre cómo se enfrentarán las adversidades en aquellos casos en que no todo resulte como se desea. Concretamente y por poner un ejemplo obligado, el Gobierno ha generado una gran expectativa en torno de la definición del pleito con el Grupo Clarín y muchos de sus integrantes no están ahora seguros de que esa expectativa será plenamente satisfecha.
Eso explica que la Presidenta haya ordenado redoblar las presiones y la búsqueda de soluciones favorables en la Justicia, con procedimientos que ningún estado de derecho puede legitimar. La recusación sistemática de jueces con argumentos forzados y mentirosos, los papelones y sobreactuaciones del ministro de Justicia Julio Alak, los escándalos en el Consejo de la Magistratura o la urgencia que exhibe al querer disponer en tiempo récord del recurso del "per saltum" para que sea directamente la Corte Suprema la que determine sobre la Ley de Medios, muestra que detrás de la fuerte determinación oficial hay un evidente clima de nervios.
En ese contexto, no extraña que el oficialismo cometa errores de alto costo político. Uno de esos errores más significativos es haber provocado una extendida toma de conciencia en los sectores opositores de que a pesar de la fragmentación que exhiben, tienen vida y son capaces de desbaratar algunas de las intenciones hegemónicas del Gobierno. El compromiso firmado por 28 senadores para evitar la reforma constitucional y con ella la re-reelección de Cristina, al menos hasta después de los comicios legislativos del año próximo, es un ejemplo notable de aquel error. Por las vías normales, esa aspiración del cristinismo parece cerrada.
También se inscriben en esa lista las actitudes provocadoras inclusive para eventuales aliados. La última fue la del diputado y jefe operativo de La Cámpora, Andrés Larroque, cuando en la sesión que aprobó el voto a los 16 años descalificó a los socialistas vinculándolos con el narcotráfico. Gran parte de los legisladores de la oposición, muchos de los cuales iban a votar a favor junto al oficialismo, se retiraron indignados del recinto.
Cuentan en el Congreso que las quejas por la patoteada verbal de Larroque se extendieron al interior del bloque kirchnerista, reprochándole la falta de manejo político que haría caer otros acuerdos parlamentarios. En la Casa Rosada, en cambio, se festejó el episodio como una picardía que tuvo el aval de la Presidenta. "Cuando decimos que vamos por todo, no podemos detenernos en sutilezas. Vamos por todo", comentó un funcionario entusiasmado con la idea de que ese tipo de acciones ayudará al kirchnerismo a restarle votos al socialismo que gobierna la provincia de Santa Fe.
Nada claro
Para Cristina y sus más cerrados seguidores, el deterioro de la imagen política del Gobierno, la inquietud que plantea el futuro de las cuentas públicas, el cierre de las fuentes de financiamiento externo, la crisis de las economías regionales o la inflación, no son cuestiones tan importantes como definir a su favor el diferendo por la Ley de Medios. Con la aprobación exprés del "per saltum", los jueces de la Corte Suprema de Justicia sienten la presión y saben que se los colocará como actores principales en el centro del escenario. Lo que no conocen todavía es concretamente de qué deberán ocuparse.
¿Les llegará la cuestión de fondo que es la constitucionalidad o no de dos artículos de aquella ley? El proyecto que ahora se trata en Diputados dice que para eso tiene que haber fallo de primera instancia, y todavía no lo hay.
¿Les llegará una nueva cautelar presentada por el Grupo Clarín o hasta por el propio Gobierno? Tampoco lo saben.
Hay otras posibilidades, pero todo es especulación o imaginación política. La realidad, bien, gracias.
