Sin República ni Democracia

Los ejemplos sobran. Todas las leyes que le han interesado a Cristina han sido sancionadas como Ella lo manda, sin discusión ni cambios. No importan los argumentos muy sólidos y otros no tanto, de la oposición.

El memorando con Irán está plagado de errores y claudicaciones argentinas. Ella sostuvo en Naciones Unidas que de ninguna manera sería aprobado "sin escuchar a todas las fuerzas políticas y a todas las organizaciones judías", presuntamente para formar consenso. Resultó una burla siniestra. Otra vez los números; los opositores y los movimientos judíos no existieron porque no contaron para nada.

Todos se opusieron y la votación en el Senado obtuvo la aprobación de los oficialistas en un empate técnico con la oposición, casi mitad y mitad. Pierde el país pero no importa. Es más interesante intercambiar negocios energéticos con la cruenta dictadura teocrática presidida por un terrorista, Mahmud Ahmadineyad, cegado por el odio a los judíos, que los 85 muertos y cientos de heridos en la voladura de la AMIA.

Irán ha declarado ya que los imputados no prestarán indagatoria, contra lo que falsamente declaró el canciller argentino en el Congreso.

A un año de la tragedia de Once, Ella "consuela" a los familiares de los muertos y a los cientos de heridos afirmando que la vida está llena de tristezas y algunas alegrías y que las "madres" esperaron 35 años para que se hiciera justicia.

María Luján Rey, madre de un joven fallecido en la tragedia, que en su incomparable dolor se acrecienta con humildad en sus discursos inteligentes que conmueven por la paz que trasuntan, calificó esas palabras como insultantes "consuelos".

Pero no importa, el secretario de Transportes, recibido con honores por De Vido después de la tragedia cuando renunció y uno de sus principales responsables, sigue diciendo que la culpa "fue del maquinista", y que si se hubiera producido en un día feriado, no habrían resultado tantos muertos y heridos, mientras varios funcionarios implicados siguen gozando de impunidad y dilecta protección superior; todo ordenado por la presidente.

El viernes 1 de marzo, Ella inauguró el 131º período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Como era de esperar, durante 3 hs 40 minutos elogió la década "ganada" -no "perdida"- por el matrimonio presidencial, sin autocríticas ni reconocimiento de ningún error, especialmente en materia de inflación, inseguridad, ataques a la prensa libre, al Poder Judicial, a la Corte, al cepo cambiario, a las arbitrariedades de Moreno, al gasto público desenfrenado, al consumo paulatino de las reservas del BC, al saqueo de los fondos de la Anses, a la condena a la nada de las Fuerzas (¿lo son?) Armadas, al rechazo del país por casi todos los gobiernos del mundo salvo los socialistas filo marxistas y a tantos otros desaciertos que hoy nos relegan a competir con los países más desprestigiados del mundo por el primer puesto.

Para Ella lo cierto es que el kirchnerismo ha logrado colocarnos entre los mejores países, si no el mejor, al que la UE y EEUU deberían imitar. Sobre un proyecto de país, metas a lograr, corrección de los graves errores cometidos y ausencia de paz de millones de argentinos ? ¡nada!

El Poder ejecutivo es Ella sola; sus ministros y secretarios, simples empleados subordinados que cumplen ciegamente sus órdenes, como casi la totalidad de los gobernadores.

Francisco Pérez de Mendoza se confiesa, en el summun de la subordinación inconstitucional, "soldado de Cristina" y ¡pretende que lo reelijamos!

El Congreso se integra con una mayoría que no habla, salvo Miguel Ángel Pichetto, Agustín Rossi, Julián Domínguez, Aníbal Fernández y unos pocos más, que cobran "dietas" de privilegio para sólo votar afirmativa y ciegamente los proyectos de Cristina. Jamás escuchan ni tienen valor para ellos los fundamentos de opositores destacados que, por más esfuerzos que realicen, nada pueden lograr en el Parlamento cooptado por la autocracia presidencial.

Y se llega así a la pelea con la CSJN, designada por Él cuando ejerció la Presidencia. En las crónicas del martes 5 de marzo, un vocero autorizado de Cristina, el gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, dijo que la Corte no ha sido independiente de las corporaciones por no decidir la aplicación de la Ley de Medios, que fue sancionada -agrego yo- para terminar con la prensa no oficialista y fomentar un nuevo monopolio, el del Gobierno, que cuenta con el 80% de radios y TV.

Hasta hace muy poco la integración del Superior Tribunal era la mejor acción del kirchnerismo. Hoy el Gobierno lo ignora, demostrando su desprecio en la inauguración del año judicial, no asistiendo nadie del gobierno, salvo un funcionario empleado de tercera línea.

En las democracias serias, los funcionarios no se relacionan por pasiones ni por odios o resentimientos. Lo hacen por respetos recíprocos y conforme a protocolos establecidos. En nuestro país hoy se turnan odios y amores enfermizos en el gobierno.

En la oportunidad inaugural su Presidente, Ricardo Luis Lorenzetti, afirmando sus convicciones democráticas y republicanas, sostuvo la independencia de los jueces del poder político, corporaciones y demás estamentos sociales de influencia. Por supuesto, como no podía ser de otra forma, esto molestó profundamente a la Presidente -resentimiento- y contraatacó el 1 de marzo con la "democratización" de la Justicia -venganza-.

La gota que colmó el vaso. Es cierto que los jueces son lentos y muchos no son de excelencia pero esto no se soluciona con designaciones por el voto popular, a ellos mismos o al Consejo de la Magistratura. Se propicia este procedimiento para quedar ante la tribuna como que el gobierno CK es auténticamente democrático, cuando la verdad ante este sofisma, es que C no quiere democratizar sino "politizar", lo que se trasunta en "subordinar" también al Poder Judicial.

De cumplirse este proyecto, los jueces o aspirantes al Consejo deberán afiliarse a los partidos y competir en las elecciones, de modo que se terminará con los mejores y se designará a los mediocres o peores. Las elecciones son buenas para los cargos políticos, nunca para los judiciales. Y no se diga que esto es aristocracia, que en la concepción aristotélica era el gobierno de los mejores.

Porque en el Poder Judicial, desde Montesquieu hasta nuestra Constitución de 1853/1994, sólo pueden ser designados los más idóneos y mejor calificados, pues a ellos les es confiado el resguardo de las libertades públicas y los derechos y obligaciones fundamentales de todos los habitantes del país y también de sus gobernantes.

Es indispensable maximizar la excelencia de los magistrados, no por la equivocada e inadmisible vía de las elecciones sino por la reelaboración de los códigos procesales y de fondo, adaptándolos a la época y necesidades ciudadanas, procurando celeridad máxima, justicia equitativa e independencia absoluta. En el mundo actual, donde todo se produce y se conoce en segundos, donde la tecnología nos maravilla hasta la perplejidad en todas las ramas del saber, juicios y resoluciones judiciales que demoran años constituyen aberraciones y, en definitiva, injusticias.

Pero el proyecto oficial no tiende en absoluto a esta verdadera finalidad sino a la dominación política de los jueces. De aprobarse ya no quedará en el país nada independiente y se habrá completado el programa más totalitario de nuestra historia: habitantes e instituciones del Estado sometidas al poder hegemónico del autocrático Ejecutivo.

Las democracias y repúblicas no lo son sólo porque hay elecciones sino por el respeto incondicional al derecho de mayorías y minorías y la subordinación sólo a la ley. ¡Si no es así entonces la Patria republicana será sólo un recuerdo y, nuestra pérdida, enorme!