En junio el ministro Dujovne anunció en Nueva York que, de ganar las elecciones, aprobarán la Reforma Laboral. Retomaba así el impulso de 2017: “La Casa Rosada va por una amplia reforma laboral para bajar costos” (Clarín, 3-11-17).
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En junio el ministro Dujovne anunció en Nueva York que, de ganar las elecciones, aprobarán la Reforma Laboral. Retomaba así el impulso de 2017: “La Casa Rosada va por una amplia reforma laboral para bajar costos” (Clarín, 3-11-17).
La buena nueva no fue para los trabajadores, sino para los acreedores de la deuda pública, quienes podrán seguir ganando miles de millones de dólares en especulación financiera, a costa de la producción nacional y de la reducción de salarios y jubilaciones.
Antes que el proyecto de ley específico, conviene analizar el rumbo general del programa económico-social –devaluación, inflación, aumento de tarifas, altísima tasa de interés, hiperendeudamiento, apertura comercial– y sus resultados objetivos: caída de la producción; quiebra de miles de pymes; destrucción neta de puestos de trabajo; incremento de la desocupación, la informalidad económica y la precariedad laboral; aumento de la pobreza y la indigencia; deterioro de las condiciones de salud, vivienda y educación; plasmando un cuadro de recesión económica, sangría financiera, virtual default y derrumbe social.
¿Ineptitud o resultados buscados? Cuando los funcionarios insisten en que “es por acá”, “no hay otro camino”, realizan una confesión de parte: la reforma busca abaratar costos empresariales que son los ingresos de los trabajadores, sean salarios directos, indirectos (obra social) o diferidos (jubilación). Los proyectos de reforma previsional y en materia de salud apuntan a disminuir también esos componentes salariales.
¿Los argentinos viven por encima de sus posibilidades? El 70% de los asalariados cobró menos de $ 25.000 en su ocupación principal, siendo el ingreso medio total de $ 20.640. Por debajo de $28.751, valor de la Canasta Básica Total y umbral de pobreza (EPH, 1er trimestre 2019).
La reforma ¿apunta a resolver estos problemas? No. Explícitamente se propone eliminar “mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos” para la producción y el trabajo; considerando como tales a los derechos laborales individuales y a los institutos del Derecho colectivo: Sindicatos y Convenios colectivos de trabajo. Bajo el argumento falaz de “modernizar las relaciones laborales” se pretende retroceder más de un siglo: eliminar horas extras alargando las jornadas de trabajo; abaratar la indemnización facilitando los despidos; anular la irrenunciabilidad de los derechos del contrato individual; legalizar figuras como la del “autónomo económicamente dependiente”; permitir la modificación unilateral de las condiciones de trabajo; reducir aportes y contribuciones patronales con destino a la seguridad social; disminuir sanciones por incumplimientos.
La proyectada reforma es una continuidad y actualización de la flexibilización laboral de Menem y De La Rúa. Una receta que no aseguró inversión productiva ni puestos de trabajo, pero incrementó la concentración económica y fuga de capitales, culminando en hiperdesocupación y estallido social. Tampoco es una salida para las pymes, afectadas por el derrumbe del mercado interno y agobiadas por los costos impositivos, tarifarios y financieros.
Las reformas que necesitan el país y la inmensa mayoría de sus habitantes son el cambio de rumbo que estimule la producción, cree puestos de trabajo genuinos con salarios dignos, dinamice el mercado interno y establezca relaciones equitativas con el resto del mundo.
