Cuando aún no se aplacan las polémicas en la Justicia, de hecho esta semana fue imputado el renunciante subsecretario del área, Marcelo D’Agostino, acusado de coacciones y tenencia ilegal de arma (y aún bajo sospecha de acoso sexual a su ex pareja), la agenda pública sobrevuela la bola de nieve que el caso aceleró: denuncias de “interferencias” en la designación de jueces y fiscales a través del tráfico de influencias, los consabidos cuestionamientos a la transparencia institucional y cierta discrecionalidad capaz de afectar la independencia y la división de poderes.
En ese contexto, dos hechos reafirmaron los recelos de los críticos y como contraparte, aglutinaron el rechazo de los señalados, vinculados al Ejecutivo: la suspensión del ex juez de ejecución penal, Sebastián Sarmiento y la elección en el Colegio de Abogados de la primera circunscripción de Mendoza. Dos razones que habilitan -y además sostienen- el debate en ciernes sobre el ejercicio del poder, con todas las letras, en la era Cornejo.
El “siga-siga” de los abogados
Pese a los embates en línea con la supuesta “funcionalidad” del Colegio de Abogados hacia el Gobierno, la lista oficialista se impuso con claridad entre los profesionales del Derecho del Gran Mendoza y llevó a la presidencia a Alejandra Lanci, hija del histórico dirigente radical, Hugo Lanci.
Evidentemente, las acusaciones y el clima de campaña no hizo mella entre los matriculados que ratificaron por el 62% la línea de conducción de los últimos años. Un triunfo que también se manifestó en el Tribunal de Ética de la institución, pese a que la controversia sobre la influencia política en la Justicia y en el propio Colegio -que tiene representantes en el Consejo de la Magistratura (donde se seleccionan jueces y fiscales)- se instaló en la campaña; incluso desde la prédica del candidato opositor, Alejandro Poquet, destacado profesional y discípulo del ex juez de la Corte Suprema de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Eugenio Zaffaroni e intelectual de la doctrina penal y criminológica, crítica del punitivismo, que hace referencia a su apellido: el “zaffaronismo”.
En busca de posicionamiento entre sus pares, Poquet describió al Colegio como un “apéndice” del Ejecutivo. Una dura caracterización que no hizo más que expresar lo que la oposición también le endilga a Cornejo en su manejo de las variables judiciales, hoy en cuestión y a la espera del encauzamiento que podría producir Juan Carlos Jaliff.
Observadores del mundillo letrado aseguran que más que una disputa política, en términos estrictamente partidarios, que sin dudas y efectivamente termina teniendo injerencia, la de esta ocasión fue una contienda más bien doctrinaria que se sirvió de un clima de achaques y embestidas al funcionamiento de la Justicia, y en particular a la influencia del poder político, pero que por el resultado de la elección no parece haber sido suficiente como para un cambio de rumbo.
De todas formas, y aunque el triunfo de Lanci haya sido celebrado en silencio en Casa de Gobierno, está claro que la grieta también está instalada en la entidad profesional, aunque por ahora difícilmente se planteen otras reglas del juego.
¿Arrepentimiento o volantazo?
Sin embargo, la verdadera sorpresa se produjo en la resolución del caso del juez Sarmiento. Ya que tras recibir una denuncia impulsada por el oficialismo y presentada por el diputado radical Franco Ambrosini, el Jury de Enjuiciamiento analizó distintos casos presentados, en especial el del comisario Héctor Pelayes asesinado por una persona que había sido liberada por Sarmiento de manera anticipada cuando todavía cumplía la pena por un homicidio anterior. Algo similar al trágico desenlace de Héctor Quiroga, también asesinado por un individuo que gozaba de libertad condicional por decisión del juez. O el caso de un violador, liberado antes de tiempo por el magistrado, pese a tener prisión perpetua.
Todos sucesos resonantes que en su momento no sólo generaron indignación en la opinión pública, sino que merecieron el señalamiento del cornejismo, en especial del gobernador y sus funcionarios achacándole a la adscripción de la denominada “doctrina garantista” esa laxitud en la aplicación de la ley que provocó daños irreparables en las familias de las nuevas víctimas de sujetos que deberían estar presos. Detenidos en general a los que el juez también se resistió a quitarle sus celulares en las cárceles, lo que le valió otra severa crítica en su momento.
Y si bien el propio Sarmiento supo defender públicamente sus fallos y las decisiones que permitieron esas liberaciones, así como los argumentos que tuvo en cuenta para aplicar la ley, tras el proceso y después de agotar algunas instancias previas, finalmente solicitó un juicio abreviado, que evitó su destitución, pero no su suspensión, tras aceptar su culpabilidad bajo la grave calificación de “mal desempeño” y “desorden de conducta”.
Una verdadera paradoja, cuando no una contradicción, de quien pasó de justificar sus actos a hacer carne argumentos de los habitualmente considerados “mano dura”. Poco pueden decir los defensores de Sarmiento respecto de la mayoría oficialista en el Jury que lo terminó sancionando -por unanimidad- cuando el mismo acusado asumió su “error” y fue condenado.
La suspensión por 6 meses sin goce de sueldo y hasta la devolución del 50% cobrado desde el inicio del proceso hasta ahora parecen insignificantes ante el rotundo cambio de postura respecto de sus convicciones y la asunción de responsabilidad absoluta frente a las acusaciones en su contra. Su admisión de culpabilidad se asemejó a una especie de autoflagelación destinada a ¿conservar su cargo? O efectiva y sinceramente, ¿asumir su reiterada equivocación? Razones todavía invisibles para la Justicia terrenal.
* El autor es periodista y profesor universitario.
