La semana corta tuvo su anuncio de alto impacto con la decisión de Alfredo Cornejo de responder de manera contundente la embestida autonomista que motorizan en San Rafael los hermanos Omar y Emir Félix.
En el debate sobre la autonomía, lo que subyace es un fenomenal debate sobre las atribuciones de la Provincia y los municipios, en el marco de una deuda histórica como es cumplir con la Constitución Nacional de 1994 que aquí nunca se materializó.
La semana corta tuvo su anuncio de alto impacto con la decisión de Alfredo Cornejo de responder de manera contundente la embestida autonomista que motorizan en San Rafael los hermanos Omar y Emir Félix.
La estrategia avanzó más allá de lo que hasta el momento había sido un duro rechazo del Gobierno a la ordenanza del Concejo Deliberante sanrafaelino y la convocatoria de constituyentes para la redacción de una nueva Carta Orgánica (pero con un dubitativo posicionamiento en la práctica), que sí había objetado en la Justicia el diputado José Luis Ramón.
Ahora, el Ejecutivo puso sobre la mesa argumentos jurídicos y constitucionales capaces de aparecer como superadores de la mera disputa política entre radicales y peronistas. Pese a la mutua incomodidad de una pelea que escaló del ring departamental a los máximos poderes de Mendoza, lo que subyace es un fenomenal debate sobre las atribuciones de la Provincia y los municipios, en el marco de una deuda histórica como es cumplir con la Constitución Nacional de 1994 que aquí nunca se materializó.
Desde esa óptica, la movida sureña surge como la punta de lanza de una discusión que muchas comunas, especialmente peronistas, suscribieron como una manera de incomodar al gobernador sobre un incumplimiento de más de 30 años que lo incluía, aunque no fuera de su exclusiva responsabilidad.
Obligado por las circunstancias, y consciente que la picardía de los Félix al poner semejante tema sobre la mesa incluye un daño político cuando se habla de "centralismo" y se señala a la Casa de Gobierno como la instancia de aprobación o desaprobación de proyectos capaces de mejorar la vida de vecinos a más de 200 kilómetros, la respuesta de Cornejo atacó dos frentes: el legal y el político.
Pero también, la posibilidad de resolver hacia el futuro cuestionamientos similares, o avances inconsistentes como el de San Rafael, que no sólo tiene una ordenanza municipal aprobada declarando la autonomía en una nueva Carta Orgánica, sino que la última elección de fines de febrero eligió a los constituyentes que van a redactarla. Todo ese proceso y sus decisiones son las que ahora, (“a destiempo”, dicen los Félix), el gobernador ataca de lleno.
En primer lugar, se plantea ante la Suprema Corte un conflicto de poderes al entender que San Rafael se arroga atribuciones que son propias de la Provincia, en especial de la Legislatura para determinar de qué manera los municipios pueden o deben avanzar sobre el tema.
Los presidentes de ambas cámaras, la vicegobernadora Hebe Casado (Senado) y Andrés Lombardi (Diputados) pidieron la urgente intervención ante lo que el Gobierno considera una usurpación de “competencias provinciales”, la creación de una norma “facto” (la ordenanza, también cuestionada por su aprobación por simple mayoría y su no publicación en el Boletín Oficial) y la nulidad de todo lo actuado.
El argumento principal es que es la Provincia quien debe reglamentar la autonomía y que las comunas no pueden hacerlo espontáneamente. Al atribuirse esta potestad, San Rafael habría cometido un “alzamiento institucional” que en caso de replicarse, generaría una multiplicidad de normas autonómicas según la interpretación que cada municipio hiciera.
Así las cosas, lo planteado supone un claro conflicto de poderes entre las consideraciones del Ejecutivo, el reclamo del Legislativo y las motivaciones de San Rafael que ahora deberá dirimir el máximo tribunal del Poder Judicial. Una batalla política, jurídica y normativa apasionante.
Pero este no es el único plano de la disputa, sino que, en simultáneo, Cornejo envió a la Legislatura un proyecto de enmienda que implica la reforma de la Constitución Provincial, para adecuarla al texto nacional del ‘94 y donde quede plasmado -además- el mecanismo por el cual los municipios en el futuro podrán imitar (bajo el nuevo plano constitucional) sus aspiraciones de autonomía.
Al adecuar y corregir un sólo artículo, el 197, se contempla el caso sanrafaelino, pero también el del resto de departamentos que deseen avanzar en su autonomía. Tras la aprobación -con mayoría especial- por ambas cámaras, esa enmienda debe ser validada por la ciudadanía en un plebiscito la próxima elección, tal como se hizo años atrás con la eliminación de la intangibilidad salarial de los jueces y el fin de las reelecciones indefinidas de los intendentes.
Estos asuntos, como el de la autonomía que ahora ocupa el centro de la escena (y más allá de las especulaciones de coyuntura) no son más que inconvenientes y dilaciones acumuladas por los frustrados intentos de una reforma y actualización constitucional integral sobre la que Mendoza no ha podido dar pasos concretos pese a diversos intentos de casi todos los gobiernos.
Más allá del concreto reconocimiento de Cornejo a la autonomía que tanto en San Rafael, como en el PJ, pero también en otras comunas -incluso radicales- desconfían, lo conocido esta semana supone una dura confrontación con los Félix, a quienes paradójicamente el oficialismo venció (por tres puntos) el 22 de febrero en la categoría concejales, pero perdió (también escasamente) en la de constituyentes ahora objetada.
Una pulseada donde ninguno de los rivales es inocente: indistintamente, uno ataca, otro resiste y por más que aparezcan argumentos de otra índole (incluso, el reparto de la coparticipación o un cepo a la creación de nuevos tributos municipales), hay una clara disputa de poder que, al margen del proceso legislativo y el expediente judicial, tiene como objetivo final la propia intendencia en 2027. Desplazar a los Félix es una meta nunca lograda por Cornejo. Una circunstancia que se ha prometido cumplir en los comicios que marcarán -nuevamente- su salida del poder.
* El autor es periodista y profesor universitario.