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Una nueva sesión de la Cámara baja nacional terminó con escándalo pero esta vez lo que se resolvió de malas maneras y en un clima de violencia se definirá en los tribunales, como ya pasó algunas otras veces en los últimos años cuando la política se torna una lucha agónica de bandos irreconciliables. Ningún actor político puede estar satisfecho por esta situación porque la judicialización de la política es ni más ni menos que el fracaso de ésta.
Lo que se definió con votos legítimos a favor y en contra en el Parlamento no son temas menores ni para los partidos políticos, ni para la demonizada "corporación judicial", ni para los ciudadanos de a pie que deben enfrentarse al Estado en desigualdad de condiciones en un pleito.
La Cámara de Diputados le dio su media sanción -en revisión- al proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura (ahora el Senado debe aceptar los cambios hechos al texto a pedido del Gobierno tras acordar con la Corte no quitarle a ésta el rol de administrador del Poder Judicial), una iniciativa que busca darle al partido que gane las elecciones el control de órgano que designa jueces y que inicia el proceso de su destitución. Es decir, quien triunfe tendrá la llave de entrada y de salida de todo el Poder Judicial.
Además, sin la presencia de la oposición que se retiró del recinto porque el kirchnerismo reconsideró la votación de un artículo clave (algo que es reglamentario porque dos legisladores lo exigieron ya que sus sufragios eran positivos y figuraron como abstenciones), el oficialismo logró aprobar los otros dos proyectos determinantes para la Justicia de la Argentina que viene: la creación de tres nuevas cámaras de casación y la regulación restrictiva de las medidas cautelares cuando éstas son solicitadas en contra del Estado.
El oficialismo siempre supo que una vez promulgadas estas tres normas deberá enfrentar un proceso de judicialización de las mismas que no sólo encarará la oposición sino también algunos actores como los colegios de abogados y la Asociación de Magistrados en el caso de la ley del Consejo de la Magistratura y un amplio abanico ideológico de organizaciones de la sociedad civil en el caso de las cautelares y las tres nuevas cámaras de casación.
Las fuerzas políticas impugnarán aspectos medulares de la primera norma ya que por la misma la Presidenta llamará a elecciones de 12 cargos en el organismo que controla a los jueces que se votarán en las primarias del 11 de agosto y en las generales del 27 de octubre junto a las bancas para el Congreso.
La futura norma prevé la elección por voto popular en todo el país de 6 consejeros académicos, 3 abogados y 3 jueces, cuyas candidaturas irán en las boletas de los partidos políticos. Para garantizarse el control del Consejo, el oficialismo introdujo varios requisitos que benefician al PJ gobernante y complica las chances opositoras.
El primero fue que las listas con consejeros no podrán ser compartidas por las distintas fuerzas políticas si no hacen alianza, esto es la prohibición de las llamadas listas espejo. Además, se imposibilitó que las asociaciones civiles presenten nóminas por afuera de los partidos políticos para evitar lo que en la jerga K se denomina el "partido judicial".
La última incorporación fue que como la elección de consejeros es de carácter nacional, en un distrito único como la de presidente de la Nación, los partidos o alianzas deberán presentar sus boletas con candidatos a diputados y consejeros con el mismo nombre en por lo menos 18 de los 24 distritos electorales, lo que claramente beneficia al peronismo oficialista y al radicalismo, los dos grandes partidos nacionales.
Ni el Pro, ni el socialismo tienen presencia en tantas provincias, mucho menos el conglomerado de pequeños partidos que conforman ese lote siempre dinámico que es el peronismo disidente. Pese a este evidente beneficio para su partido, algunos radicales creen que se perjudica de ex profeso a esta fuerza que ya tenía decidido hacer acuerdos distritales, es decir en cada provincia, ya que en principio la de este año era exclusivamente una elección de medio término.
Sin embargo, las negociaciones "secretas" -denunciadas por el ultra K Carlos Kunkel- entre la UCR y el Frente para la Victoria en la noche del miércoles, antes de la escandalosa votación de la madrugada, para modificar la exigencia de los 18 distritos con igual nombre para la alianza electoral, no hizo más que generar desconfianza entre toda la oposición.
La cuestión a tener en cuenta aquí es que las fuerzas políticas opositoras son las que tendrán que lidiar contra el reloj electoral ya que la Presidenta está en condiciones de llamar a elecciones, incluyendo la de consejeros, hasta mediados del mes entrante (el 13 de mayo) y las normas no estarán promulgadas sino hasta esa fecha.
Tan importante como este elemento es que una de las leyes promulgadas, la regulación de las cautelares contra el Estado, prevé que si un juez decide conceder una medida de no innovar a la oposición para frenar la aplicación de la ley del Consejo de la Magistratura, y con ello las elecciones de los consejeros, el propio Estado tendrá la facultad de apelar y suspender dicha medida cautelar, por lo que el reloj seguirá corriendo.
En este escenario, la oposición ya empezó a pensar en cómo articular una estrategia para poder ganarle al Gobierno en la elección de consejeros para poder impedir que éste controle el órgano y haga y deshaga a su antojo.
El radical Oscar Aguad pidió a todo el arco no K unirse en todos los distritos con un mismo nombre aglutinador, siguiendo el ejemplo en cómo el antichavismo lo hizo en Venezuela. Pero esto encuentra resistencias en prácticamente casi todo el mundo y hasta algunos radicales se conforman con salir segundos -aprovechando la ventaja que el kirchnerismo le dejó servida en bandeja- para tener más asientos en el Consejo de los que hoy detenta.
Más audaz, el senador Luis Juez (FAP) pide a todos los opositores no presentar listas para sacarle legitimidad a la elección de consejeros, un camino que también desanduvo la oposición venezolana sin demasiado éxito cuando se negó a pelear las bancas del Congreso.
La comparación con la Venezuela chavista está en la cabeza de todos, aunque la situación de nuestro país no sea idéntica a la del país caribeño.
Se vienen tiempos complejos en la política argentina, en las que la oposición, obligada como ésta en supervivir ante la segura y firme avanzada del kirchnerismo, tendrá un rol decisivo.
De la inteligencia y la coherencia dependerá su suerte y la de una democracia en la que un actor -el oficialismo- viene monopolizando los votos pero cuya gestión muestra un inocultable desgaste.
