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Una imagen vale más que mil palabras. La foto del gobernador Francisco "Paco" Pérez, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, los 12 intendentes justicialistas y los 2 "caciques" de la oposición que no tienen una guerra declarada contra la reforma de la Constitución provincial fue y es más elocuente por lo que quedó excluida de ella: los 4 jefes comunales radicales que se oponen al proyecto por el cual el Gobernador ha jurado dejar la vida.
La reunión en Buenos Aires fue para poner en marcha el programa "Más cerca", por el cual el Ejecutivo nacional financiará obras públicas en los departamentos. Para Mendoza, habrá algo más de 500 millones de pesos que irán a trabajos públicos que estarán listos justo para las elecciones del año entrante.
Como es su costumbre, el gobierno nacional mezcla federalismo con política doméstica sin ningún pudor. Cuando lanzó este plan el 17 de octubre (nada menos que el Día de la Lealtad), la presidenta Cristina Kirchner recibió en su despacho a los barones del conurbano bonaerense, de firme convicción K (le pidieron que "siga" después de 2015) y dejó explícitamente afuera del cónclave a los intendentes opositores. Lo mismo pasó el miércoles en el despacho de De Vido. Por eso Alfredo Cornejo, Ricardo Mansur, Mario Abed y Sergio Pinto, los intendentes de la UCR que le frenan el proyecto reformista y reeleccionista a Pérez, se enteraron por los diarios.
Al principio, desde el Ejecutivo provincial se explicó que estos radicales no hicieron los deberes y por eso Planificación no los citó (debían elevar propuestas de proyectos cumpliendo varios requisitos). Pero como el argumento no convenció a nadie, pocas horas después el intendente de Guaymallén y titular del PJ local, Alejandro Abraham, blanqueó que no se convocó a los radicales anti-K y sí al radical pro-K, Víctor Fayad, y al demócrata "dialoguista" Jorge Difonso, porque el cónclave con De Vido y otros altos funcionarios nacionales tuvo "carácter político".
Ayer por la tarde, Pérez retomó esta misma línea de argumentación. "No se puede llevar a una mesa con De Vido a los que apoyaron el 8N y al paro del martes pasado", razonó el mandatario.
Pérez y Abraham están en lo cierto. El miércoles, luego de explicar el plan "Más cerca" durante tres horas, De Vido le abrió las puertas de la reunión a la prensa acreditada en Casa Rosada para hacer declaraciones fuertemente políticas. En ellas, por primera vez, quedó explicitado el fuerte respaldo del Olimpo K que tiene el gobernador Pérez y su proyecto reformista como laboratorio de la reforma de la Constitución nacional para habilitar a Cristina Kirchner a un tercer mandato consecutivo.
"Nuestra Presidenta es la única garante de que este proceso continúe y se profundice", dijo De Vido. Ahí nomás emparejó ambas misiones: "Tenemos, al igual que los mendocinos, todo el derecho de plantear, a nivel nacional, la alternativa de un tema a discutir o no, de acuerdo a lo que consideremos oportuno: la reforma o transformación de nuestra Constitución. Es democrático y el que lo proponga se atendrá a lo que decida la mayoría".
De Vido fue el primer ministro nacional que salió a bancar la reforma de la Constitución mendocina que Pérez mandó a la Legislatura. Como hemos explicado en otras columnas, el kirchnerismo mendocino ha transformado a esta empresa política en su razón de ser. Primero para amalgamar a todos los sectores del oficialismo -que suelen tener serias diferencias- y, en segundo lugar, para tener un leit motiv, como lo es la Ley de Medios a nivel nacional, para construir un relato refundacional y progresista que le dé combustible a la administración de Pérez.
Allegados al Gobernador están muy satisfechos con el espaldarazo político (palabras) y económico (obras) que recibió de parte de De Vido el proyecto reformista del peronismo mendocino. Pero salieron a marcar que no es esta una idea que se haya elaborado en Buenos Aires y que Pérez prometió en su campaña modernizar la Constitución provincial. "En todo caso hay coherencia entre la visión provincial y la nacional sobre el país que estamos construyendo", dijo un paquista.
El intendente de San Carlos, Jorge Difonso (PD), se mostró ayer un poco cansado por tener que dar explicaciones "por estar haciendo mi trabajo, que es gestionar obras para mi departamento".
El "cacique" opositor del Valle de Uco quedó en el medio de una guerra entre peronistas y radicales no-K por participar de un encuentro al que fue invitado por la Nación. Difonso pertenece a una fuerza política que históricamente se ha opuesto a las reformas totales de la Carta Magna y cuyos senadores provinciales tienen el compromiso público de trabar el proyecto que envió Pérez a la Legislatura. Sin embargo, es lo que el peronismo de Abraham y Pérez consideran un dialoguista. "Lo que no puede pasar en esta provincia es que no se debata este tema tan importante, más allá de que sostengo la postura del PD, que es la de toda la vida", dijo a este diario el sancarlino.
Como Fayad, y como cualquier político que tiene que gobernar un territorio, Difonso sabe que la política no se hace sólo con ideas y que necesita de financiamiento, como el que recibirán las dos obras que le prometieron en Buenos Aires el miércoles.
La batalla por la reforma de la Constitución local sigue sumando de esta manera ingredientes. Esta semana el gobierno provincial dejó saber informalmente que estudia la posibilidad de pedirle a la Corte mendocina que reformule su interpretación sobre la cantidad de votos necesarios para hacer viable una reforma de la Carta Magna.
Paradójicamente, la idea llegó a la mente de Pérez de la boca de los radicales, que en setiembre le solicitaron que firme un decreto con los resultados del plebiscito que se hizo en 2009 -junto a la elección legislativa-, en el cual se le consultó a los mendocinos si se debía acotar a dos los mandatos de los intendentes. En esa oportunidad faltaron pocos votos para alcanzar la mitad del padrón -es decir, de los electores, más allá de si votaron o no- que exigió el Máximo Tribunal local cuando frenó la reforma que encaró José Octavio Bordón.
Casi buscando una chicana, Pérez advirtió que en 2001 un proyecto de Roberto Iglesias, con un temario acotado -una reforma parcial de la Constitución- tuvo la misma suerte y que si la Corte revé su interpretación de las mayorías necesarias, y entiende que solo hace falta la mitad de los votos para poder tocar la Carta Magna, él podría evitarse el trámite legislativo -que tantos dolores de cabeza le ocasiona- para llamar directamente a una Convención Constituyente que debería abocarse a reformular sólo los aspectos que la Legislatura aprobó en 2001.
"Estamos probando todos los caminos y vamos avanzando", fue la frase que una fuente del cuarto piso de la Casa de Gobierno mendocina repitió ayer a este periodista.