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Entre las virtudes que la distinguen, a la presidenta Cristina Fernández siempre se le ha reconocido su capacidad de oratoria. Es decir, tiene facilidad para el arte de hablar con elocuencia, lo que es un factor relevante y diferenciador en el mundo de la política.
Pero tal vez de tantos elogios recibidos por esa condición hasta de sus adversarios -no sólo de obsecuentes y aplaudidores-, es probable que cuando enfrenta un micrófono se sienta tan confiada en su poder de persuasión que no repare en ciertos contenidos del discurso que está pronunciando. Es la diferencia que hay entre la forma y la sustancia.
Expertos en la construcción del espectáculo político, que se ha convertido en una modalidad comunicacional imprescindible para hacer uso especialmente del recurso que ofrece la televisión, sostienen que la forma en que se habla es tanto o más importante que lo que se dice. Y agregan que lo que vale es el efecto que producen en ese momento las palabras, aunque después, cotejadas con la realidad, se verifiquen contradictorias y hasta falsas.
Los últimos discursos de la Presidenta parecen internarse en ese territorio.
A rebobinar
De manera oficial y por indicación de la jefa del Estado, en junio pasado la representación argentina ante los tribunales de Nueva York le aseguró al juez Thomas Griesa que el país seguiría pagando sus deudas y honrando los compromisos. Luego, tanto funcionarios del área económica del Gobierno como la propia Presidenta, se encendieron en discursos políticamente muy duros con los acreedores y reivindicaron la soberanía de no someterse a leyes extranjeras. Era para la tribuna, para sostener "la épica del contra-modelo" ante los militantes.
Molesto por ese doble discurso, el juez Griesa produjo un fallo desmedido que, de haberse cumplido, ponía otra vez a la Argentina al borde del default. La apelación ante la Corte neoyorquina tuvo en lo económico la virtud de lograr la suspensión del fallo de Griesa por 90 días, pero el costo político de dar marcha atrás con las bravatas supuestamente revolucionarias. Ahora el Gobierno promete reabrir el canje para los bonos de la deuda en poder de los fondos buitres, modificar la ley cerrojo que lo impedía, y hasta pagarles. De león enfurecido a gatito mimoso. Otra vez, el discurso y la realidad.
En el último mensaje desde el atril de la Casa Rosada, Cristina, quizás embelesada por el tono de su voz, comparó a los fondos buitres con los jubilados que, habilitados por un fallo de la Corte Suprema, le hacen juicio al Estado para reclamar ajustes pendientes. Tal vez atendiendo a cómo lo decía y no a lo que estaba diciendo, no reparó que entre esos jubilados litigantes estuvo su propia madre. Una torpeza política, como la de advertir que "con la plata del Estado es fácil hacer socialismo". Son miles de millones de pesos los que usa su gobierno para gastos que no son precisamente medidas socialistas que mejoren la vida de la gente.
A los numerosos infortunios que por sus propios desaciertos ha venido sufriendo desde hace tiempo el Gobierno, se agregó el crítico documento de la jerarquía de la Iglesia Católica. En el oficialismo lo minimizan y le atribuyen intenciones desestabilizadoras, como lo hicieron con las protestas callejeras o el paro de las centrales obreras opositoras. El vicepresidente Amado Boudou, a quien nadie -ni sus compañeros kirchneristas- tiene como referente de la ética y la moral, señaló que la palabra de los obispos "no le interesa a nadie".
Apariencias
En ese clima de deliberada confrontación como herramienta política, la situación de la Justicia le plantea al funcionamiento de la democracia un desafío mayúsculo. Por primera vez en 30 años de democracia casi todos los jueces de un fuero, en este caso de la Capital Federal, le hicieron saber mediante un documento firmado a la Corte Suprema que las presiones del Gobierno afectan su independencia, la administración de justicia y las futuras causas que lleguen a sus manos y en las que sea parte el Estado.
El Máximo Tribunal, por su parte, ratificó su voluntad de que la causa por la Ley de Medios se resuelva en las instancias naturales de todo proceso judicial, con lo cual ratifica que no simpatiza con el per saltum, mecanismo hecho ley por el oficialismo.
A pocos días del promocionado 7D, y ante la posibilidad de que la cuestión siga por algún tiempo más recorriendo los estrados judiciales, las expectativas políticas de triunfos o derrotas se van relativizando. Y eso condiciona el -¿real o aparente?- discurso oficial.