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Hace un año, al día siguiente de la operación de Cristina Fernández, Daniel Scioli y Mauricio Macri posaron para una foto futbolística. El jueves pasado hicieron lo mismo, esta vez en la inauguración de una planta de tratamiento de basura. Y, al igual que entonces, recrearon con sus presencias y estilos conciliadores y dialoguistas, lo que consideran su mayor diferencial político frente a ella.
Potenciales sucesores de la Presidenta en 2015, si se frustran los planes re-re cristinistas, tanto Scioli como Macri empezaron a afilar sus colmillos hacia las legislativas de octubre. Saben que sin buena performance en ellas, no hay camino posible dentro de dos años. También lo sabe Hermes Binner, que estuvo en un encuentro de jóvenes socialistas y se dispone a recorrer la costa en plan de campaña. Igualmente lo saben referentes de otros sectores de oposición.
Así, durante la primera semana del año, el escenario político, formalmente al menos, quedó en manos de opositores y de aliados-futuros opositores. Recluida en el sur, la Presidenta tuvo apenas una actividad pública (la carta de reclamo de diálogo al cumplirse 180 años de la usurpación de las Malvinas, desoída una vez más por Londres). Pero en privado se mantuvo al tanto de la salud de Hugo Chávez.
También de activar lo que podría desembocar en la primera víctima política de los saqueos de diciembre (urgió a los rionegrinos gobernador Alberto Weretilneck y senador Miguel Pichetto que fuercen la renuncia de Omar Goye, el intendente kirchnerista de Bariloche, foco inicial de los desmanes), pese a que había culpado de los hechos a "sectores políticos y sindicales" peronistas interesados en "desestabilizar" a su Gobierno.
EStuvo ultimando los detalles de lo que desde el Gobierno prometen será una fiesta similar a la del Bicentenario: la llegada, el miércoles, a Mar del Plata, de la "Fragata Libertad". Fuentes de la Rosada aseguran que allí Cristina aprovechará para insistir en el reclamo sobre Malvinas pero, ante todo, para atribuirse el triunfo político-diplomático que significa la vuelta de la "Libertad", después de dos meses de varadura en Ghana por pedido de un fondo buitre, y sin moverse un ápice del derecho internacional ni hacer pago alguno para poder levar anclas, como se pidió desde la oposición.
Pero si se entiende a la política en su más amplia concepción, el hecho político más significativo de la semana sucedió en el Poder Judicial de la Nación. Un sector de los administradores de Justicia plantó mojón contra el statu quo en ese poder. Aunque de perspectivas inciertas, se trata de un acontecimiento de relevancia, inédito en los 30 años desde la restauración de la democracia que se cumplen en octubre de 2013.
Hasta ahora, la administración de Justicia se decidió entre cuatro paredes; a lo que apunta este sector, cuya magnitud podrá empezar a justipreciarse en el encuentro nacional al que convocaron para fines de febrero, es a abrir las puertas hacia una "democratización" de ese poder del Estado. "La discusión y la crítica sobre la Administración de Justicia es una tarea que incumbe a toda la Magistratura y no sólo a quienes se arrogan la representación de todos por ostentar un cargo de dirección", observaron en la solicitada que se publicó el jueves.
La referencia a los que "se arrogan la representación de todos" remite a lo que fue la piedra que detonó esta reacción interna dentro del Judicial. La Corte Suprema hizo suyo el documento en el que la Comisión Nacional por la Independencia Judicial, que coordinan las dos ministras supremas, exigió a comienzos de diciembre al Gobierno terminar con "el uso de mecanismos directos e indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia".
Sólo con el nombre de los organismos judiciales que lo avalaron, el documento se publicó en el sitio oficial de la Corte. Los "rebeldes" también en eso empezaron a diferenciarse: le pusieron nombre y apellido a la solicitada que se publicó en varios diarios oficialistas.
No caben dudas de que la rebelión en el Judicial sintoniza con la Rosada, incluso puede tener su estímulo. En diciembre la Presidenta habló de "democratizar" la Justicia y puso en el tapete que los jueces paguen impuesto a las Ganancias. Pero ¿puede acaso interpretarse como una presión política lo que a todas luces es una rebelión política interna? No. De hacerlo, habría que equipararla a la destemplada amenaza que hizo Hebe de Bonafini cuando el jueves volvió a reflotar la idea de 2010 de "tomar" el Palacio de los Tribunales.
El debate sobre la Justicia estará sin duda al tope de la agenda de una campaña con la que Cristina buscará en octubre sumar, más que para la re-re, para la re(forma) de la Constitución. Recuérdese lo que dijo un día en 2012: "Hay que institucionalizar los cambios que estamos realizando".