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La presidenta Cristina Fernández anunció el envío de un proyecto de ley que cambia el sistema de regulación de los Mercados de Valores y las Bolsas de Comercio, buscando que haya más participantes y asumiendo el Estado la regulación total del sistema. Por otra parte, propondrán cambiar la modalidad de las calificadoras de riesgo, abriendo el juego para que puedan participar universidades y consultores o grupos de profesionales.
En sí misma, la idea les parece adecuada a la mayoría de quienes conocen en profundidad el funcionamiento del sistema aunque –admiten– el mercado no tiene problemas y está operando volúmenes muy pequeños. No obstante, habría llegado una intimación a la Argentina desde la Iosco, la organización internacional de Mercados de Valores, por la demora de nuestro país en la regulación de operaciones locales.
Desde la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, quedó claro que uno de los errores más obvios fue la falta de regulación y que los reguladores no aplicaban las pocas normativas al respecto.
La economía del mundo marcha hacia una mayor regulación estatal, algo que está ocurriendo en el sistema bancario pero que no había llegado al sistema bursátil, que sigue actuando con un sistema “mutualizado”.
Los mercados son operados por socios de las sociedades que los operan, se autorregulan y pueden sancionar a los operadores que cometan alguna irregularidad.
También, para poder operar, hay que comprar una acción del Mercado de Valores, que tiene distintos precios según el mercado del que se trate.
La intención del gobierno es que pueda haber más operadores, que se centralicen las operaciones que realizan en todos los mercados del país y extender un antecedente que ya existe en el mercado de futuros (Rofex) de Rosario y en el MAE (Mercado Abierto Electrónico). En ambos casos sólo hay que pagar una membresía anual y tener suficiente patrimonio. En estos casos, se incorporaron varios bancos y empresas en el último año después de la “desmutualización”.
Hasta aquí, todo bien. El problema o las dudas surgen acerca del nuevo rol de la Comisión Nacional de Valores como regulador. La CNV ahora será la única que podrá autorizar nuevas emisiones de acciones o bonos de empresas y regulará todo el sistema. Dada la creciente intervención que el gobierno está haciendo en la economía, esta nueva presencia del Estado es mirada con cierta desconfianza por algunos operadores.
Lo cierto es que la duda nos remite al título de esta nota. ¿Quién regula a los reguladores? Y la regulación debería venir en la misma ley, porque de lo contrario el organismo podría tener actuaciones arbitrarias sin nadie que lo supervise. Además, los miembros de la CNV deberían tener acuerdo del Senado y rendir cuentas ante alguna comisión especial que haga el seguimiento de sus acciones.
No hay que olvidar que la Constitución Nacional, cuando enumera y declara los derechos fundamentales de los ciudadanos (art. 14 y 14 bis) dice que los mismos gozan de los derechos “conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”. Pero, más adelante, advierte que la reglamentación nunca puede hacer imposible el ejercicio del derecho.
Más allá de algunas voces contrarias, la mayoría cree que era necesaria la regulación que es, además, una tendencia mundial y, dada la interconexión entre los mercados, la Argentina corría el riesgo de quedar en una lista negra.
De todos modos, esto no va a aumentar las inversiones ni la CNV podrá obligar a los inversores a dirigir en un sentido determinado sus capitales, como harán ahora con las compañías de seguros, que están sujetas a una regulación especial por la cual el Estado les dirá dónde invertir, pero el riesgo seguirá siendo de las empresas.
Esperemos, entonces, que no tengamos que ver aventuras indeseables.