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Si alguien pensaba que la presidenta Cristina Fernández tenía ya cubierta con holgura la cuota de problemas complejos con los que llegaría al primer año de su segundo mandato, pues se equivocó. El fallo del juez norteamericano Thomas Griesa, que impone al país el pago de 1.300 millones de dólares a los llamados "fondos buitre" poseedores de bonos defaulteados en 2001, que no aceptaron los canjes propuestos oportunamente, debe ser mirado desde dos perspectivas.
Una es la sentencia en sí, con su enorme costo económico en un momento muy difícil para las finanzas nacionales. La otra es política, por la secuela incalculable que el episodio tendrá a nivel internacional y que condicionará el futuro de la Argentina.
Las opciones son todas gravosas para el país, porque si no pagar es malo, pagar también lo es y entonces sólo queda el camino de las apelaciones -ya anunciadas por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino- que implican siempre el reconocimiento de las torpezas y errores cometidos. Para colmo, en una Justicia como la de EEUU que no puede ser fácilmente manipulada, y menos con la impunidad con que el Gobierno lo hace aquí.
Cartón lleno
Hay otros factores, de exclusiva gravitación interna, que alteran los nervios y obsesiones de la Presidenta y la muestran en una etapa de inocultable agresividad. Algunos de quienes la tratan a diario en la Casa Rosada o en Olivos han comentado ante amistades que si bien ella siempre tuvo un carácter fuerte, de gritarles y destratar a sus colaboradores, en estos días está más terrible que nunca.
No es para menos. La paralización de actividades del martes pasado organizada por las centrales obreras opositoras, más allá de la fuerte incidencia que efectivamente tuvieron los piquetes, demostró que a pesar de la disminución cuantitativa de fuerzas con las que cuenta el camionero Hugo Moyano, mantiene una importante capacidad de daño y hasta podría incrementarla en el corto plazo si el Gobierno persevera en su tozudez.
"Moyano y el mercantil Armando Cavalieri, juntos, son Augusto Vandor, porque uno pega y el otro negocia", define un influyente conocedor de la dirigencia obrera, para referirse al asesinado ex dirigente metalúrgico cuyo nombre estuvo durante la semana en el foco de la incontinencia verbal del senador Aníbal Fernández. Con esa figura, el experto explica que "si no hay negocio", es decir, si Cristina no atiende las demandas que comparten todos los sectores sindicales, los denominados "gordos" dejarán la CGT oficialista debilitando aún más al Gobierno.
"Esto se definirá en marzo, y dependerá de cómo vaya la recaudación y del estado de las finanzas, porque lo que busca la Presidenta es cambiar el aumento del mínimo para pagar impuesto a las Ganancias por un menor incremento salarial en paritarias", aventura el informante.
Allí puede ocurrir entonces el choque de planetas y redefinirse el escenario. Inclusive en ese ámbito se comenta que dentro de una gran negociación, no sería extraño que Julio de Vido, que tenía intenciones de irse del Gobierno, pase a ser jefe de Gabinete. "A Abal Medina no lo quiere ningún dirigente sindical peronista, cualquiera sea el sector adonde esté", se escucha con frecuencia.
Que las circunstancias adversas la obliguen a producir cambios en su equipo, es un bocado difícil de tragar para Cristina. En su concepción de lo que significa el poder, eso sería igual a una dolorosa derrota.
Sin paz
En ese marco de extrema conflictividad, la Presidenta se dispone a enfrentar dentro de dos semanas las consecuencias de lo que sus seguidores más fanatizados, alentados por ella, han construido como valor simbólico del "vamos por todo": el 7D. Es el día en que, según la liturgia oficial, se operará el vencimiento de esa prensa que contradiciendo el relato oficial, les hace creer a los argentinos que existen problemas y que las cosas no van bien.
Para satisfacer la expectativa creada, el Gobierno avanza de manera grosera sobre la Justicia y no duda en poner en riesgo el capital político que acumuló Néstor Kirchner al conformar una Corte Suprema prestigiosa. A la suma de estos conflictos graves debe agregarse el descontento social expresado en las calles el 8 de noviembre, que incluye la inflación, la inseguridad, el cepo cambiario y las intenciones re-reeleccionistas, entre otras cuestiones.
Con lógica política, este clima se traduce en las encuestas con una fuerte caída en la imagen de Cristina. Pero lo más curioso es que todos esos conflictos tuvieron como principal gestor al propio Gobierno y son obra de su exclusiva autoría, respondiendo a un estilo que no admite retrocesos.