¿Qué otra cosa es una protesta, en cualquiera de sus modalidades, sean piquetes en rutas, acampes frente a la Casa de Gobierno, cacerolazos o marchas por las avenidas más neurálgicas de una ciudad, que la representación del fracaso del sistema político para atender las demandas de los ciudadanos? Esta pregunta está solapada detrás de los proyectos que se presentaron en el Congreso nacional que buscan regular la protesta social, incentivados por un pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por supuesto que ninguna de las iniciativas legislativas, ni la que presentó el kirchnerismo obedientemente esta semana ni la que un poco antes dio a conocer el Frente Renovador massista, responden este interrogante que interpela a la política, no se hacen cargo de que la política como herramienta de intermediación social deja mucho que desear; más bien sólo buscan hacerle un guiño a la clase media que durante la última década convive con hartazgo con los piquetes y manifestaciones callejeras que le impiden llegar a sus casas y lugares de trabajo y hasta a centros de salud y escuelas.
Pero es perentorio advertir que este guiño a la clase media es engañoso: no olvidemos que en el pasado verano fueron los sectores de la clase media metropolitana los que salieron a cortar avenidas para reclamar por los apagones de electricidad y que estos mismos sectores son los que iniciaron el fenómeno de los "cacerolazos" en 2001, cuando el Estado se quedó con sus ahorros para preservar el derrumbe del sistema financiero. De modo que el sujeto de la legislación en progreso puede ser cualquier sector de la Argentina, aunque especialmente aquellos a los que el Estado no ha podido satisfacer luego de una "década ganada" y crecimiento a tasas chinas, como le gusta decir a la Presidenta.
La falta de trabajo y de agua que padecen los Quom del Chaco y Formosa, los despidos en fábricas autopartistas del conurbano que se han producido recientemente, los pueblos que se levantan contra la megaminería en Catamarca y La Rioja, los barrios acomodados que pasan el verano sin electricidad o las protestas contra la inseguridad son la respuesta social a aquellos problemas que en los últimos años el Estado no pudo resolver directamente, a través de sus políticas, o indirectamente por no controlar las inversiones de empresas de servicios.
Es prioritario entonces poner en contexto este debate que el Congreso empieza a transitar por instrucciones de la Presidenta, quien el 1° de marzo, durante la Asamblea Legislativa, pidió a los legisladores que sean "creativos" para poder redactar un marco regulatorio que permita la convivencia entre los que reclaman por las calles y quienes no forman parte de ese reclamo y quieren seguir con su vida normal.
Recordemos que la jefa de Estado se quejó en esa oportunidad de que su secretario de Seguridad, Sergio Berni, haya sido procesado por un juez por aprehender a un grupo de manifestantes que cortaban la Panamericana y, sin orden judicial, llevarlos a Campo de Mayo, violando así todo el debido proceso, y que Cristina contrapuso este hecho con la sentencia dictada contra un grupo de trabajadores petroleros de Santa Cruz por la muerte de un policía en 2006, condena que ha sido observada por organismos de Derechos Humanos, algo que la Presidenta obvió en su discurso.
Lo cierto es que luego de 11 años en el poder, el kirchnerismo poco hizo por controlar los reclamos callejeros e incluso se puede afirmar que en no pocos casos puntuales abonó la metodología de los piquetes, como sucede con los que lleva adelante la agrupación de la dirigente K Milagros Sala en Jujuy. Lo que cambió ahora es que el oficialismo perdió el control de la calle, producto del deterioro de la economía, en primer lugar, y de un alto nivel de tensión con la izquierda combativa que se ha reorganizado y tomado fuerzas en los últimos años para dejar de ser un fenómeno marginal dentro de las organizaciones de bases y convertirse en una presencia visible en la política argentina (tiene hasta representación parlamentaria). Antes, los piquetes estaban destinados difusamente al Gobierno central y por eso el kirchnerismo decidió no hacer nada con ellos.
Como ahora es la administración nacional la que es blanco de las principales protestas -acaba de sufrir hace una semana un paro general de las centrales obreras opositoras que confluyó con piquetes en todo el país organizados por la izquierda-, el Frente para la Victoria se ve en la obligación de elaborar una regulación de la protesta social para intentar que la efervescencia colectiva en aumento no empañe la continuidad del oficialismo más allá de 2015. Y como justamente otro sector del peronismo, el massismo, pretende ser el dueño del poder en 2015, el Frente Renovador decidió correr por derecha a la Presidenta y presentó primero su proyecto de ley, que establece un control menos laxo que el propuesto por el oficialismo ya que además de proponer espacios públicos para las manifestaciones autorizadas -algo así como "protestómetros"- fija sanciones para los que realicen una protesta no coordinada con las autoridades.
El principal riesgo que entraña este tipo de iniciativas para regular las protestas sociales es que las mismas no se conviertan a posteriori en una herramienta para criminalizar las manifestaciones de algunos sectores, especialmente de los más vulnerables (hay unos 5.000 obreros y dirigentes de base con procesos penales). Ya la modificación de la ley de lavado de activos, impulsada por el oficialismo a fin de 2011 -envalentonado por el 54% de los votos obtenidos en las urnas- dispuso artículos que dejaron a la libre interpretación de un juez que determinadas protestas sociales podrían ser encuadras en acciones de terrorismo. Por ello es que hay que tener mucho cuidado en analizar el contexto social y el andamiaje jurídico en los cuales estos nuevos proyectos de ley se insertan.
En principio, el proyecto K diferencia entre protestas legítimas e ilegítimas; para las segundas permite el avance de la fuerza pública -no sin antes una mediación exigua de 2 horas entre los manifestantes y una persona del Ministerio de Seguridad- para liberar parte de los carriles y permitir la libre circulación de personas y autos. El oficialismo, que siempre levantó la bandera de la no represión de la protesta social para no repetir las tragedias que mancharon las presidencias de Fernando de la Rúa -las muertes en Plaza de Mayo- y de Eduardo Duhalde -el asesinato de Kostecki y Santillán, en Avellaneda-, cuida sus espaldas en su proyecto y delimita el accionar policial cuidadosamente, impidiéndole el uso de armas y reduciéndolo a su mínima expresión, por ejemplo.
Pero obliga a los manifestantes, cualquiera sea su origen social y el motivo del reclamo en marcha, comunicar a la Policía 48 horas antes la acción de fuerza a realizar. Esto es lo que generó una inmediata reacción de los sectores progresistas, incluso los que suelen acompañar al Gobierno, y de toda la izquierda. El CELS, el organismo de Derechos Humanos que conduce Horacio Verbitsky, ya puso el grito en el cielo: "Es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años", consideró. "El proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones", consideró el CELS.
En la izquierda más combativa, el temor que expresan sus dirigentes es que ese aviso a la Policía hecho al menos 48 horas antes le sirva al Gobierno para infiltrarse y desactivar los reclamos sociales y las formas de movilización activa en la que todas las organizaciones de base han construido su rol histórico como sujeto social. "Esta ley busca permitir que la Policía infiltre provocadores en las protestas y habilitar toda maniobra que busque desactivarlas", denunció el diputado mendocino del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Nicolás del Caño. "El Gobierno advirtió que el conflicto social va en aumento porque los trabajadores han decidido resistir el ajuste, por eso sale ahora con esta ley", agregó.
Más allá de que será la Justicia la que diga si estos proyectos, de convertirse en leyes, son constitucionales, la existencia del debate legislativo, impulsado por la Casa Rosada, es otro mensaje de fin de ciclo del kirchnerismo, una forma clara de admitir que luego de 11 años en el poder el Gobierno no pudo satisfacer demandas básicas como la seguridad, un medio ambiente sano o el reclamo de trabajo digno en vastos sectores de la sociedad. Frente a esta impotencia gubernamental, y de la política en general, es que debe interpretarse estos proyectos de regulación de la protesta social.
