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La cadena de pagos se está cortando, la inflación que estamos padeciendo hace que los costos aumenten y que los productos no puedan venderse, porque los compradores no tienen poder adquisitivo para ello, es decir, hay inflación con recesión, la tan temida “estanflación”.
Si bien las más desprotegidas son las pymes, las grandes empresas también están sufriendo las consecuencias, como se puede observar en este momento en nuestra provincia, y ellas a su vez afectarán a las pymes.
Por ello, sin duda, muchas empresas no podrán seguir funcionando normalmente. La caída de cada una de ellas produce una reacción en cadena. Es como si se tratara de cartas o piezas de dominó paradas que, al caer, van haciendo caer a las otras, por eso hay que prevenir que ocurra este fenómeno.
La falta de pago de las obligaciones es contagiosa, porque cuando a un acreedor no se le honra la deuda, éste tampoco podrá hacerlo con sus acreedores y así la falta de cumplimiento de las obligaciones se va expandiendo.
Nuestro derecho concursal desde siempre exigió para la apertura de sus procesos como requisito subjetivo la “cesación de pagos”. ¿Y a qué nos referimos cuando hacemos mención a ella? ¿A que existe un incumplimiento de alguna obligación?
¿Bastará la mora de una sola obligación? No. La doctrina y jurisprudencia concursal están de acuerdo en que se trata de un estado, que debe tener generalidad y permanencia y que no permita con los recursos normales abonar las obligaciones corrientes. En nuestra opinión, para que exista la cesación de pagos también deberá además ocurrir algún incumplimiento del pago de una obligación exigible.
Cuando este fenómeno ocurre es muy tarde para salvar la empresa en crisis, sea ésta pequeña o grande. Las soluciones deben venir antes de que esto acaezca.
En nuestro país, en cambio de prevenir, intentamos soluciones que son tardías e ineficaces, como las empresas recuperadas. ¿Cómo funciona esto? Ante la quiebra de una empresa, que ya no tiene capital de trabajo ni posibilidad de funcionar, inexplicablemente se hace cargo, para su continuidad, una cooperativa de trabajo.
Pero para que puedan funcionar el Estado las debe subsidiar. Se consigue, en primer lugar, una ley que ordene la expropiación temporaria, por la que debe pagar alquileres y después le debe proveer recursos para que se desenvuelvan. Debemos recordar que todos pagamos estas pérdidas que se generan en el Estado.
El mundo está cambiando esta concepción, intentando prevenir la cesación de pagos antes de que ella ocurra; apenas la crisis se manifiesta se comienza, como en cualquier enfermedad bien tratada, a darle los remedios adecuados.
Hoy en día es muy fácil, con los modernos recursos que tiene la ciencia económica, darse cuenta con mucha anticipación de lo que puede sobrevenir. Los indicadores tempranos están al alcance de todas las empresas.
En nuestro país desde hace muchos años la doctrina del derecho ha comenzado a analizar este fenómeno. La primera manifestación formal fueron los clubes de bancos. Los acreedores bancarios, conscientes de que en la quiebra nadie cobra, preferían buscar otras soluciones.
Vieron que es preferible otorgar plazo e incluso refinanciar las deudas y hasta otorgar dinero fresco antes de ser un acreedor quirografario en un proceso falencial, en el que generalmente muy poco o nada se va a cobrar. Estos llamados clubes de bancos no estaban legislados y el peligro consistía en que algún acreedor no participante de ese acuerdo, y por tanto no obligado a respetarlo, siguiera adelante con sus ejecuciones o incluso pidiera la quiebra. En este caso no solo caería el acuerdo, se verían perjudicados los que participaron del mismo. En la década del ’80, una reforma concursal les dio validez a estos acuerdos, pero ello no fue suficiente, puesto que el acreedor no firmante podía seguir con sus acciones libremente.
A partir del año 2002 y después de las graves crisis padecidas, tenemos una herramienta adecuada, pero muy poco usada. El acuerdo preventivo extrajudicial (APE), que no requiere el presupuesto objetivo de la cesación de pagos, bastará con que existan dificultades económicas o financieras generales y permanentes para poder recurrir a este instituto.
El deudor, antes de concurrir al juez, negociará con sus acreedores para obtener un acuerdo; no es necesario ofrecer lo mismo a todos los acreedores, podrá ofrecer un menú distinto a cada uno de ellos; tampoco es necesario que se realice toda la negociación en el mismo momento.
Si obtiene las correspondientes mayorías de capital y personas, acudirá al juez para que homologue el acuerdo, haciéndolo obligatorio de esta manera, una vez homologado, para los que lo suscribieron y para aquellos que no lo hicieron, frenando las acciones judiciales de los acreedores quirografarios en su contra.
Grandes pasivos se han solucionado en nuestro país con la utilización de esta herramienta.
Hemos visto las recientes informaciones periodísticas de que una de las empresas más importantes de nuestra provincia está sufriendo una crisis de pago. Nos informan además las recientes estadísticas de la Federación Económica de Mendoza y de otros organismos que las ventas han disminuido (ver diario Los Andes). Es momento de comenzar a pensar en la utilización de estos buenos remedios que la ley nos da.
La quiebra no es negocio para nadie y mucho menos para el país, que pierde valiosos recursos que pueden ser aprovechados si las empresas continúan su actividad.
No es una solución adecuada que dejemos morir a las empresas y que cuando una empresa está muerta formemos una cooperativa de trabajo que a nadie sirve, pretendiendo recuperarla. Salvemos las empresas mientras están vivas. El mundo nos está demostrando que ese es el camino que se debe seguir, no aumentemos la desocupación y los subsidios para las personas sin empleo, aumentemos la actividad y el empleo.
La legislación existe y está vigente; es necesario que las partes nos pongamos de acuerdo, nos sinceremos y nos apoyemos para poder salir de esta grave crisis económica que está envolviendo a nuestro país.