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El gobierno provincial consiguió, antes del recambio de legisladores, aprobar en tiempo récord una ley que modifica la Ley de Contabilidad provincial y que le permite manejar con bastante discrecionalidad los fondos públicos, habida cuenta que no cuenta con un Presupuesto aprobado para el año 2014.
La sanción de esta ley le permite al gobierno disponer de un presupuesto similar al aprobado en 2013, con un límite de gastos de 24.000 millones de pesos y con una autorización de endeudamiento de 1.200 millones de pesos. La única diferencia fue que en lugar de recurrir a los dos tercios legislativos, lo consiguieron por mayoría simple.
¿Cómo hará para gobernar Pérez si tiene un presupuesto menor al que había propuesto? Eso no es problema, porque el Presupuesto 2013 preveía la posibilidad de ampliar gastos si hay mayores recursos, algo que seguramente se dará por el efecto inflacionario. El único problema es que la información no se puede conocer con certeza porque desde hace tres meses el sitio del Ministerio de Hacienda no entrega información, figura en reparación y ha desaparecido, incluso, la información histórica.
Según datos de la consultora Economía y Regiones, los ingresos de coparticipación en el primer trimestre, han crecido un 41,8% hasta la primer quincena de abril, comparado con el mismo período de 2013. En esto también se incluye el Fondo de la Soja, que se ha visto incrementado, gracias a mayor producción, mayores precios y devaluación.
Estos datos son lo que le permitieron al jefe de Gabinete afirmar que no tenía sentido que las provincias tuvieran problemas financieros, dado el incremento de las transferencias y las postergaciones de obligaciones que la Nación les ha conferido.
Es que esta semana un grupo de ministros provinciales se reunieron en Buenos Aires llevando la preocupación de varias de ellas acerca de los problemas financieros que les permitirían pagar los aguinaldos a sus empleados, que deben abonarse a fines de junio. Para ello solicitaban que se autoricen emisiones de deuda a fin de sobrellevar las exigencias.
Y realmente cuesta entender estos planteos, al menos desde el punto de vista de Mendoza, porque al crecimiento de los recursos nacionales debería sumarse el de los recursos propios, que hasta ahora son un misterio por el ocultamiento que hace el ministerio que comanda Marcelo Costa.
No obstante, y atento a los importantes incrementos de las bases imponibles en los impuestos patrimoniales más la vigencia de los incrementos en Ingresos Brutos decididos el año anterior, los ingresos locales deberían, por lo menos, igualar a los de origen nacional.
El endeudamiento
La ley sancionada le permite al gobierno repetir la pauta de endeudamiento autorizada en 2013, por 1.200 millones de pesos. No obstante, el año pasado la deuda tomada solo alcanzó a 700 millones y lo que no se sabe si los 500 remanentes serán utilizados como proyección no ejecutada del ejercicio anterior.
Luego de recibir la autorización para endeudarse, la Provincia emitirá bonos. Para la Nación, lo ideal sería que todas las provincias consiguieran dólares, ya que, de paso, le permitiría ingresar dólares, algo que al gobierno nacional le hace mucha falta.
La duda que cabe es qué tasa deberá pagar y a qué plazo podrá conseguirlos. Y son dos interrogantes no menores porque ambas variables combinadas determinarán lo que todos los mendocinos deberán pagar en definitiva.
Llama la atención la laxitud con la que el gobierno nacional autorizaría estas nuevas emisiones de deudas provinciales, pero todo se entiende por una cierta lógica política.
El gobierno nacional sabe que su ciclo se termina y solo quiere llegar con cierta prolijidad pero sin pagar costos excesivos. Y para muchos gobernadores rige la misma lógica. De cualquier modo, con deuda pueden invertir en su imagen política teniendo claro que la cuenta la pagará el próximo gobierno.
El gasto previsto
El gobierno de Pérez se defiende diciendo que un 86% del Presupuesto está asignado entre personal, transferencias a municipios y servicios de deuda. A pesar de los palos tirados a la oposición, desde el radicalismo le proponían que la deuda fuera destinada a financiar el Fondo de Transformación y al Seguro Agrícola.
Si los aumentos salariales rondan el 30% y los ingresos, en promedio, son superiores al 40%, uno puede entender la dureza del gobierno en obstaculizar la sanción del Presupuesto, a fin de tener niveles mayores de discrecionalidad a los que tenía antes.
Con la falta de Presupuesto 2014 y una pauta casi de 10.000 millones menor a la que realmente obtendrá, nada se sabe acerca de un plan concreto de inversiones, obras y otros gastos. Por ahora se han anunciado algunas obras discutibles en cuanto a la oportunidad y no se sabe qué criterios de prioridad tiene el gobernador.
Por eso es la importancia de tener un Presupuesto y, quizás, por eso Pérez no quiere tenerlo para evitar ser controlado.
Tan importante como los recursos es saber en qué se gastará y no se puede seguir perdiendo tiempo con la hojarasca del empleo público, realidad a la que tampoco la “dura” oposición es ajena.
El problema son los ciudadanos contribuyentes que no terminan de entender los objetivos del gobierno, cuando ya falta algo más de un año para el fin del mandato del gobernador.