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Una nueva distribución de recursos entre la Nación y las Provincias es una materia pendiente desde la reforma de 1994. Nunca pudo abordarse por los avatares políticos del país, que hicieron imposible lograr el requisito necesario: el acuerdo de los gobernantes de los 24 distritos y la Casa Rosada.
La cuestión cobró impacto este mes al compás, sin duda, de la búsqueda de recursos, como de posicionamientos político-electorales. Las formas de hacerlo por parte de los gobernadores dependieron de su relación con la Rosada y sus aspiraciones hacia 2015.
Situado definitivamente en la vereda peronista opositora, el precandidato José Manuel De la Sota, por caso, optó por judicializar los reclamos ante el cierre del camino político: la Corte tiene pendientes fallos sobre la supuesta deuda de la Anses con la Caja y la medida cautelar respectiva, al tiempo que el cordobés sofrena el pedido de devolución del 15 por ciento de la coparticipación que cedió cuando se privatizó el sistema jubilatorio y evalúa hacer otro por la presunta inconstitucionalidad de la resolución 13 que el miércoles reglamentó la manera en que los intendentes de todo el país podrán requerir ayuda financiera a la Nación sin pasar por los gobernadores.
Con el caso cordobés guarda parecidos Santa Fe, que desde el anterior gobierno socialista de Hermes Binner, también tiene pendiente un reclamo ante la Corte por presuntas deudas previsionales.
No judicializar, pero sí tratar de sacarle el máximo jugo político, a sabiendas de su inviabilidad en un año electoral parece ser, en cambio, la estrategia de Daniel Scioli (el caso del santacruceño Daniel Peralta se cuece aparte por el enfrentamiento abierto que tiene con el kirchnerismo).
Sus pretensiones de ser el candidato K si no hay chance de un tercer mandato para Cristina, están supeditadas a la ayuda financiera nacional, como volverá a suceder ante el pago del próximo medio aguinaldo. Así, después de ventilar por días en la prensa la reforma de la coparticipación, como del Fondo de Ayuda al conurbano bonaerense, el ex motonauta llevó formalmente la cuestión al titular de Diputados, el bonaerense Julián Domínguez, a través de un pedido de su jefe de Gabinete, Alberto Pérez.
Ni 24 horas tardó la réplica de la Rosada. Similar pedido hizo a Domínguez el ultrakirchnerista Eduardo Fellner, pero los términos que usó el gobernador de una de las provincias más pobres marcó la diferencia con Scioli: su carta fue personal, como personal el compromiso de asistir a una audiencia. Además, y para acentuar el contraste, pidió dejar de lado el "individualismo, egoísmo y mezquindad"; recordó, como no lo hizo Scioli, que Néstor Kirchner intentó promover la reforma en 2004, y ratificó su alineamiento con la política de distribución de recursos que hace la Nación desde 2003, en especial en lo referido a la "corrección de asimetrías".
Detrás, el diputado bonaerense Carlos Kunkel, instó a Scioli a que si necesita recursos cobre mayores impuestos al sector agropecuario provincial mediante un revalúo fiscal de las tierras.
Y tras cartón, el mismo Domínguez le marcó terreno, a él como al ascendente intendente de Tigre, cuando reunió a la mitad de los intendentes bonaerenses con la consigna: "El peronismo deberá jugar con Cristina. No con el oportunismo de Daniel Scioli, ni con la gestión de Sergio Massa".
Si algo acicateó estas reacciones fue la resolución 13. La ayuda financiera directa a los municipios la decretó la Presidenta una semana después de los saqueos de diciembre en Bariloche, Rosario y algunos puntos del Gran Buenos Aires. Cabe preguntarse si la ayuda será para todos los intendentes que la requieran, sin importar su pertenencia política. Y responderse que la duda se impone: el ministro de Planificación, Julio De Vido, hace un autoadmitido manejo político electoral de los incalculables fondos para obras públicas express que otorga también directamente a intendentes.
La resolución 13 trasunta la preocupación presidencial por prevenir la repetición de hechos como los de diciembre en los meses preelectorales. Del mismo modo que su atención también está puesta en prevenir un desborde de la puja precios-salarios. La prueba es que después de que hace dos semanas el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, llamara a la "responsabilidad" de los empresarios formadores de precios, Cristina Fernández convocó a los consumidores a "hacerles el vacío" a los que sean irresponsables con los aumentos; a su estilo, reeditó el llamado al "boicot" que, siendo presidente, hizo en 2005 su antecesor frente al aumento de los combustibles por parte de Shell. En plan de retomar la iniciativa sobre las calientes paritarias por venir, llamó a "acordar" a empresarios y sindicatos.