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Acaba de cumplirse un año del arrollador triunfo de Cristina Kirchner y del batacazo de Francisco "Paco" Pérez. Doce meses en los que, con la vorágine que caracteriza a la política argentina, las cosas han cambiando bastante. Lo único que no cambió, sino que se perfeccionó, es una enorme voluntad kirchnerista, devenida en convicción, de gobernar sin condicionamientos de ninguna índole. De ahí la necesidad de modificar leyes y de ahí la necesidad de reforma la Constitución.
Cristina nada ha dicho sobre una reforma de la Carta Magna nacional para buscar su segunda reelección, más bien tuvo que negarla cuando debió responder las incómodas preguntas de los imberbes alumnos de las universidades norteamericanas. Pero no da ninguna contra-orden para frenar a sus funcionarios y legisladores que militan la re-reelección, al mismo tiempo que manda a las mismas personas a horadar las gestiones de gobernantes opositores en territorios donde el kirchnerismo necesita hacer una muy buena elección en 2013 -como en Santa Fe- si es que sueña con la posibilidad de controlar dos tercios del Congreso para aprobar una ley que habilite una nueva reforma constitucional.
En cambio Pérez transformó la modificación integral de la Constitución mendocina en el eje de su gobierno. La jugada es entendida hacia el interior del peronismo mendocino como una réplica de la que el kirchnerismo nacional realizó en 2009 con la Ley de Medios. Por eso la "consagración" del Gobernador a la lucha por reformar la Constitución provincial, que se cristalizó en el "voy a dejar la vida" que les juró a los popes peronistas la semana pasada.
Al igual que la mencionada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el proyecto reformista de Pérez conlleva una declaración de guerra y la "invención" de un relato cien por ciento kirchnerista. Quienes se opongan a la modificación de una reforma que "viene a garantizar derechos, igualdad de oportunidades y mayor participación ciudadana" -como pregonan los militantes del PJ más y menos K- pero también la reelección del Gobernador, estarán del lado de las corporaciones. El argumento es que Mendoza necesita de un gobernador más fuerte para poder luchar contra las mismas y por eso es necesario un segundo mandato, como tienen todas las otras provincias (excepto Santa Fe).
Por ahora, las corporaciones no han sido precisadas ni nombradas por el peronismo mendocino. Quizás esto no suceda nunca porque si en el relato kirchnerista éstas son encarnadas por los multimedios críticos, en Mendoza el mayor de todos los conglomerados de medios, el Grupo Uno (que es el que más debe adecuarse a la Ley de Medios y desprenderse de licencias), es un aliado estratégico de los dos últimos gobiernos, es dueño de una empresa de servicios (Edemsa) y es contratista del Estado (maneja una parte del negocio del juego y tiene áreas petroleras).
De manera que difícilmente el peronismo mendocino pueda ir por ahí (nadie quiere recordar que Alejandro Cazabán, el principal funcionario del gobierno de Celso Jaque, acusó hace tres años a Daniel Vila y José Luis Manzano de extorsión en una sesión de la Legislatura que generó un revuelo momentáneo y luego quedó en nada).
Pero el Gobierno provincial sí tiene claro cuál es el enemigo real, más allá de las necesidades del relato: es el radicalismo, y más precisamente el que responde a Alfredo Cornejo-Julio Cobos-Ernesto Sanz. Por eso el propio Pérez y sus funcionarios no sólo han buscado un proyecto de ley que guíe la gestión y amalgame a la militancia peronista, sino que han tomado prestado del Gobierno nacional los métodos para ejercer el poder y ganar voluntades. El oficialismo sabe que no sólo la reforma constitucional provincial como gesta refundacional está en juego el próximo año, sino las elecciones de medio término y todo lo que ellas traen consigo.
Cristina Kirchner necesita al menos dos de los cinco diputados por Mendoza que se renovarán en esos comicios y el Frente para la Victoria-PJ deberá enfrentar a Cobos. El divide y reinarás, que tantos buenos frutos le dio a Néstor Kirchner cuando partió, con la complicidad del cobismo, al radicalismo nacional, es ahora la herramienta que está utilizando el justicialismo mendocino con éxito incipiente.
La ruptura del bloque radical en el Senado provincial y con ella del compromiso "férreo" de 13 senadores opositores para frenar la reforma de la Constitución no es más que la mejor muestra de que el ADN del kirchnerismo, que tanto les costó a los gobernantes mendocinos internalizar, está funcionando a la perfección por primera vez.
El primer gobernador K de Mendoza fue nada menos que Cobos, quien logró quebrar el bloque de senadores del PJ allá por 2006-7 gracias a su romance con la Casa Rosada pero tuvo que convivir con una parte del radicalismo en la oposición. El segundo gobernador K fue Jaque, quien ni siquiera logró unir a todo el peronismo por su eterna enemistad con los hermanos Félix de San Rafael.
Hoy Pérez logró lo que Cobos, dividir al principal bloque opositor. Pero está dando un paso más. Repasemos otra de las noticias de la semana: algunos intendentes radicales identificados con Cornejo-Cobos-Sanz afirman fuera de micrófono que reciben presiones del Gobierno provincial. Un jefe comunal del Este les contó el lunes a sus correligionarios que el propio Pérez puso las cartas sobre la mesa.
"Esto es un guerra", fue la frase que el cacique radical asegura que escuchó de boca del Gobernador en una comunicación telefónica que surgió porque una obra comprometida en su departamento no había sido llamada a licitación en los diarios del domingo pasado, como estaba acordado. Por eso Cobos salió a denunciar extorsiones varias y por eso mismo también los propios intendentes, que necesitan gestionar, guardaron silencio en público.
El método no lo inventó el kirchnerismo, claro está. Es tan viejo como la política. Pero su instauración pública, en una provincia que siempre guardó las formas, demuestra que nadie piensa en otra cosa que no sea en 2015.
La Casa Rosada ya está preparada para reforzar la seducción de los intendentes opositores mendocinos. Julio De Vido coordina la visita de los jefes comunales de todos los partidos que quieran acceder al financiamiento de obras del programa Más Municipio, pero sólo algunos tendrán la suerte de ser seleccionados. En el peronismo mendocino dan por sentado que el "aliado" Víctor Fayad logrará un nuevo contrato de infraestructura para Capital y se preguntan cómo condicionará esto a los caciques radicales de la zona Este. A Cornejo todos lo dan afuera por ser la cara del "enemigo".
La reforma constitucional de Pérez tiene, a diferencia de la que no se anima a blanquear la Presidenta, una hora límite. El 5 de diciembre la Legislatura dará el debate por el sí o por el no. Un mes de agobiantes negociaciones queda por delante. Aun cuando el justicialismo logre perforar la negativa del radicalismo más opositor y del PD, y obtenga la ley de necesidad de reformar la Carta Magna (algo de lo que está aún muy lejos), la última palabra la tendrá la ciudadanía en octubre de 2013 cuando vaya a las urnas.
Este es el test más difícil ya que se necesita que más del 50% del padrón vote por la afirmativa, algo que sólo se consiguió en 2005 cuando la gente opinó sobre la indexación salarial de los jueces que rezaba un artículo que fue reformado.
Como para esta cita decisiva con la opinión de la ciudadanía queda aún un año y en doce meses la Argentina cambia vertiginosamente, todo y nada de esto es probable. Lo que sí es seguro es que el clima nacional de guerra y confrontación llegó a Mendoza para quedarse. Los militantes e intelectuales K, que defienden la conflictividad como motor de la política, sostienen que se está produciendo un sinceramiento de la realidad que es por sí misma conflictiva. La idea es seductora pero quizás no deban interpretarse siempre las ideas en cualquier contexto político-económico de la misma manera. Una cosa es construir poder con una enorme caja de recursos y otra cosa es hacerlo en tiempos de crisis fiscales o financieras.