La norma incorpora abarca a todas las apps de transporte, fija sanciones y condiciones para conductores y vehículos registrados.
La modificación del régimen sancionatorio y la incorporación de nuevos requisitos busca ordenar la prestación del servicio en aplicaciones de transporte.
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El Gobierno de Alfredo Cornejo promulgó este lunes una modificación integral de distintos artículos de las leyes provinciales 9086 y 7412, que regulan el transporte de pasajeros y el funcionamiento de las Empresas de Redes de Transporte (ERT). La norma fue aprobada el pasado 11 de noviembre.
La nueva normativa apunta a reforzar los requisitos para la prestación del servicio, actualizar el régimen sancionatorio y ampliar las facultades de control del Ente de la Movilidad Provincial (EMoP).
Uno de los principales ajustes introducidos recae sobre los titulares de los vehículos que prestan servicios vinculados a plataformas electrónicas. La norma establece que el permiso de explotación será “precario y revocable” y que solo podrán acceder a él personas humanas que sean propietarias del vehículo.
Además, se mantiene la limitación de un permiso por persona, salvo en los casos de unidades propulsadas por motores eléctricos. La conducción podrá estar a cargo del propio titular o de un autorizado, siempre que cuente con licencia vigente y cumpla con los requisitos reglamentarios.
La ley incorpora dos puntos al artículo 60 de la Ley 9086. A partir de ahora, las ERT deberán abstenerse de asignar viajes a conductores que no cuenten con permiso de explotación o cuyos vehículos no estén registrados y habilitados. También se prohíbe realizar publicidad que promueva o sugiera incumplir la normativa vigente.
El artículo 64 redefine el esquema de sanciones para las empresas de transporte por aplicación. El EMoP podrá imponer suspensiones de hasta dos años o multas económicas, mientras que la Autoridad de Aplicación tendrá la facultad de inhabilitar definitivamente una plataforma cuando corresponda.
Asimismo, se especifica que las infracciones derivadas del funcionamiento del servicio serán sancionadas según lo previsto en la Ley 7412, incluyendo la posibilidad de revocar permisos o concesiones en caso de faltas reiteradas o graves.
La ley también refuerza la validez de las multas impuestas por el EMoP, que quedarán firmes al finalizar la instancia administrativa y deberán ser abonadas antes de habilitar la Acción Procesal Administrativa.
Otro de los cambios relevantes es la ampliación de las capacidades de fiscalización del Ente. El organismo podrá requerir información, revisar documentación contable y contractual, e inspeccionar la actividad económica de los prestadores, a fin de garantizar el cumplimiento de la tasa de inspección y otras obligaciones legales.
Además, queda habilitado a ejecutar por vía de apremio las multas que imponga, a través de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) u otros agentes designados.